Mientras en nueve de los diez países de Latinoamérica donde se descubrió que la empresa brasileña Odebrecht repartió sobornos por 788 millones de dólares (15 mil 760 millones de pesos mexicanos, a un tipo de cambio de 20 pesos por dólar) con la finalidad de obtener contratos de obra pública, se ha avanzado en las investigaciones del caso, e incluso ya se conocen los nombres de quienes resultaron beneficiados financieramente con las corruptelas promovidas por esa corporación extranjera, en México, décimo país involucrado en este escandaloso acto de corrupción que presumiblemente, benefició a servidores públicos de alto nivel de Pemex, la Procuraduría General de la República declaró reservada, durante 5 años, la información pública sobre ese caso que debería ser del conocimiento de todos los mexicanos.

Odebrecht repartió en territorio nacional, entre los años 2010 y 2014, sobornos por 10 millones 500 mil dólares (210 millones de pesos mexicanos). De los cuales, la empresa brasileña reconoció que durante la administración gubernamental de Felipe Calderón pagó 4 millones 500 mil dólares y en los 2 primeros años del gobierno del presidente Peña Nieto, desembolsó los 6 millones de dólares restantes.

No se descarta la posibilidad que esa ilegal operación de corrupción, de ser cierta, por la elevada cantidad de dinero que implicó, se haya efectuado con el conocimiento, consentimiento y hasta participación del director de Pemex y del propio presidente de la república. 

Por eso es imprescindible que antes de concluir el mandato de Enrique Peña Nieto, el 30 de noviembre de 2018, deje perfectamente aclarado y, en su caso, resuelto, en forma satisfactoria para la nación, la sospecha que servidores públicos de su gobierno, o él mismo, se beneficiaron con los sobornos que, a cambio de millonarios contratos de obra pública gubernamental, repartió la empresa brasileña Odebrecht en México.

El 1 de octubre de 2013, el presidente de la república, Enrique Peña Nieto, recibió en la residencia de Los Pinos, al empresario brasileño Marcelo Odebrecht, propietario del consorcio que lleva el apellido de ese ahora cuestionado y enjuiciado penalmente personaje.

Mediante un boletín de prensa, la presidencia de la república dio a conocer que Marcelo Odebrecht expresó su interés de invertir en México en los sectores de petroquímica, saneamiento y energía hidráulica renovable, así como en la producción de etanol, azúcar y energía renovable de biomasa y en concesiones carreteras. 

Pemex, a su vez, en su página Web www.pemex.com, da a conocer lacónicamente, de manera oficial, el objeto y fecha únicamente de cuatro de los contratos firmados con Odebrecht, mediante los cuales se otorgó la ejecución de igual número de obras públicas a esa empresa. Ocultando, premeditadamente, si hubo licitaciones o si fueron adjudicados en forma directa, así como el costo de cada uno de ellos y los nombres y cargos de las personas que los suscribieron. Tres de esos contratos se adjudicaron a esa empresa brasileña en febrero 15 y en noviembre 6 y 12 de 2014, respectivamente. Es decir, se otorgaron durante los dos primeros años de la administración gubernamental del presidente Peña.

Esta forma de proceder de Pemex fortalece la sospecha de que el entonces director general de Pemex, Emilio Lozoya, es uno de los servidores públicos que resultaron beneficiados con los sobornos pagados por Odebrecht a cambio de multimillonarios contratos de obra pública.

Sea o no del agrado de los millones de mexicanos que, fundamentadamente desconfiamos de la actuación y honradez de los gobernantes, de las instancias federal, estatal y municipal, se debe aceptar que corresponde a la Procuraduría General de la República la responsabilidad de investigar, con eficiencia, pulcritud, imparcialidad y rapidez, este escandaloso caso de corrupción gubernamental y consignar ante un juez a quienes se hayan beneficiado con su ejecución.

Dejar pasar el tiempo sin fincar responsabilidades de carácter penal, esperando que la desmemoria popular envíe al cajón del olvido esta corruptela y el tema de los sobornos a miembros de la alta burocracia gubernamental, quede sin castigo, equivale a continuar fomentando la corrupción e impunidad que corroe las entrañas de la nación.

Los mexicanos debemos exigir el pronto esclarecimiento del contubernio Pemex-Odebrecht y que se castigue, conforme a la ley, a quienes recibieron los sobornos pagados por esa empresa extranjera y vigilar que este caso no se repita, ni que vuelva a acontecer lo que sucedió con la adquisición de la lujosa residencia de la familia del presidente Enrique Peña Nieto, donde ninguna autoridad vio el conflicto de interés y el presunto soborno que envolvió la transferencia de la Casa Blanca de las Lomas de Chapultepec.

Otra arteria de la corrupción gubernamental

Un reportaje efectuado por la revista ¡Hola! a la esposa del presidente Peña Nieto, a escasos cuatro meses que éste asumiera la presidencia de la república, permitió a los lectores de ese semanario conocer las dispendiosas áreas interiores de la lujosa y enorme residencia, ubicada en una de las zonas más exclusivas de la capital del país.

Una investigación especial realizada por los periodistas Daniel Lizárraga, Rafael Cabrera, Irving Huerta y Sebastián Barragán, permitió descubrir que esa mansión, conocida más tarde por la opinión pública como la Casa Blanca de las Lomas de Chapultepec, se encuentra asentada en un predio con superficie de mil 413 m²  y fue valuada en 86 millones de pesos hace tres años.

El inmueble en cuestión fue edificado por una de las empresas constructoras, propiedad del señor José Armando Hinojosa Cantú (integrantes del Grupo Higa) y cedido a la familia presidencial mediante una operación de compra-venta que generó suspicacia porque el empresario de la construcción es amigo personal del presidente Peña Nieto y beneficiario de numerosos contratos de obra pública que éste le otorgó desde el tiempo que fue gobernador del Estado de México.  

Conociendo la forma selectiva como las autoridades gubernamentales adjudican esos contratos, es entendible la presunción que la referida Casa Blanca fue cedida como muestra de agradecimiento de Hinojosa Cantú a Peña Nieto.

Este acontecimiento marcó, con el sello de la corrupción, al presidente de la república tres semanas antes de cumplir los dos primeros años de su gobierno. Nunca antes un mandatario había sido calificado de corrupto en tan corto tiempo, como Enrique Peña Nieto.