¡No se vale, señor gobernador!

  • Enrique Cárdenas Sánchez
Con RMV aumentó la pobreza en Puebla y ésta apenas creció a la mitad de su potencial. El MIB.

El pasado domingo, en su último informe de gobierno ­­­­­–y en los spots televisivos desde entonces- Rafael Moreno Valle “reiteró” que no contrató un peso de deuda para las obras de su sexenio. Dijo que la redujo 742 millones de pesos, con datos de la SHCP, para terminar en poco más de 8 mil millones.

Lo que sus spots pasan por alto son los otros pasivos presentados por la Auditoría Superior de la Federación, que llegan a 24 mil 655 millones de pesos al final de 2015 (goo.gl/v093co), más otros 22 mil 476 millones de pesos de obligaciones comprometidas en el Fideicomiso F/0144 garantizadas con la recaudación del impuesto a la nómina. La diferencia es de casi 40 mil millones de pasivos, cifra cercana a la de Veracruz.

Esta deuda no tuvo el correspondiente impacto. El PIB estatal creció por debajo de otros estados. Nos endeudó mucho y mejoramos poco por el destino del gasto, el sobreprecio de construcción, y el pago excesivo de los servicios contratados.

Veamos un ejemplo concreto: El Museo Internacional del Barroco (MIB). Coincidimos que un Museo de esa calidad atrae turismo a la ciudad, pero ¿el monto está justificado? El gobierno de Puebla autorizó su construcción como Proyecto de Prestación de Servicios (PPS) y lo manejó al interior del Fideicomiso F/0144 (cuyo fiduciario es Evercore). El costo del museo fue de mil 742 millones de pesos a través del Fonadin. Así, al estado “sólo” le costó mil 242 millones. Según Roberto Moya Clemente, el jefe de la oficina del gobernador, quien firmó el Proyecto como secretario de Finanzas en su momento, por la construcción y operación del MIB se deberán cubrir 26 millones de pesos mensuales por 23 años y 3 meses, presuntamente sin posibilidad de revocarlo.

Al concluir el pago, el estado tendrá la propiedad del MIB y se encargará de su operación (goo.gl/zU82XI). ¿Es deuda pública? ¿Es razonable esa cantidad?

El costo de construcción parece excesivo. Imagine usted una casa de 20 millones de pesos (sin terreno)… el MIB costó lo que 87 casas de ese precio. El Museo, según datos de la página web de su arquitecto Toyo Ito, está construido en una superficie de 9 mil 855 metros, y tiene un total de 18 mil 149 metros cuadrados (incluidos exteriores y estacionamiento). El costo de construcción fue, descontando 100 millones de pesos por el proyecto (sin tener el dato exacto) 90 mil pesos por metro cuadrado. ¿Qué le parece?

Además del sobre-costo de construcción, el contrato del PPS también es oneroso. De los 26 millones de pesos mensuales que pagamos por los servicios del museo, entre 7.6 y 10.7 millones se pagan como abono mensual por la construcción (el rango depende de la tasa de interés contratada, de 5 a 9%). Si se pagan 11 millones por la construcción, los otros 15 se pagan por la “operación” del museo: administración, luz, limpieza, exposiciones, etcétera. Es decir, al menos 180 millones de pesos al año.

Para dar una idea de lo oneroso de este arreglo, comparémoslo con el Museo Nacional de Antropología en la Ciudad de México (MNA). Aun cuando el Museo Nacional es tres veces más grande y mucho más complejo que el MIB, su gasto anual fue de 61 millones 729 mil pesos, apenas una tercera parte de lo que se le paga a las compañías que operan el MIB (información oficial del MNA). Es decir, se están pagando al menos 10 millones de pesos mensuales de más, ¡por los próximos 23 años! ¿Por qué? ¿A quién? ¿Quién hizo este arreglo? ¿A cambio de qué?

Algunas de las respuestas están en los documentos del fideicomiso F/0144, los cuales han sido muy difíciles de conseguir. Falta información crítica, como la que acaba de negar la Secretaría de Finanzas a Rodrigo Díez Gargari. A Rodrigo le debemos conocer hoy el texto del Fideicomiso. Al pedir los estados  de cuenta a la Secretaría de Finanzas de la cuenta 65.505308944 de Banco Santander a nombre de la propia secretaría, le contestaron que era información reservada con base en el artículo 123, fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla, que a la letra dice: “Para los efectos de esta ley, se considera información reservada… (IV) la que pueda poner en riesgo la vida, la seguridad o la salud de una persona física”. ¿Quién es esa persona física? No parece haber más de dos posibilidades: o quien pide la información, o quien la entrega. Considero que es una amenaza grave que debe denunciarse.

Concluyo. Si las inversiones realizadas por el gobierno de Moreno Valle tienen las mismas características que el MIB, entonces tenemos que es posible la explicación de por qué en Puebla aumentó la pobreza y apenas creció a la mitad de su potencial.

[El autor dirige el Centro de Estudios Espinosa Yglesias, A. C. en la Ciudad de México; es investigador nacional del SNI nivel III, fue rector de la UDLAP y por 20 años profesor de historia económica de esa casa de estudios y es miembro de la Junta de Gobierno de El Colegio de México. Este artículo se publicó en El Universal. El gran diario de México el 20 de enero de 2017. Se reproduce con permiso del autor y del editor]

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Enrique Cárdenas Sánchez

Economista, exrector de la UDLAP. ExDirector del Centro de Estudios Espinosa Yglesias. En 2019 fue candidato a Gobernador de Puebla en las elecciones extraordinarias. Director de Puebla contra Corrupción e Impunidad