(Con datos a 2015)

Enrique Cárdenas Sánchez

El legado económico de un gobierno estatal debe analizarse tanto por su presente como por lo que siembra para el futuro. Se requiere revisar cuánto avanzó en el sexenio y sobre qué bases habrá de desarrollarse la siguiente generación. Lo anterior es necesario sopesarlo con lo posible, pues hay muchas variables sobre las cuales un gobierno estatal no tiene control. Ejemplos son la política cambiaria, la inflación, la política comercial, etcétera. Un gobierno estatal actúa en un contexto institucional federal semejante a los demás estados. Ahora bien, desde fines de los noventa sus márgenes de maniobra crecieron significativamente. La descentralización educativa y de los servcicios de salud, el aumento de las participaciones federales y un amplio margen jurídico en lo microeconómico dotan a un gobierno estatal de la capacidad de hacer más, de impactar sectores, regiones o industrias. Un gobierno estatal puede priorizar sus esfuerzos y recursos en regiones específicas, o en objetivos concretos. Por principio, éstos deben guiarse por el bien común, por el bienestar de la sociedad… por el bien público en su sentido más amplio.

Resulta complejo hacer un balance equilibrado de un gobierno en un espacio reducido. Las injusticias y las críticas por no haber logrado tal o cual logro son fáciles de cometer. Por ello, trataré de ser lo más objetivo y conciso posible y atender a los temas esenciales que ningún gobernador, sea cual fuera su sello político o entidad gobernada, puede soslayar. El interés público debe estar siempre en el horizonte, en oposición a los intereses particulares. La sustentabilidad hacendaria y la responsabilidad presupuestal para las generaciones presentes y futuras son fundamentales, dado que se trata de un estado y no de una empresa particular. En otras palabras, se debe revisar lo que esta generación hereda a las que siguen.

Así, una evaluación somera, gruesa, debe tomar en cuenta el desempeño de la política en las variables esenciales, el grado de creación de riqueza y evolución de los activos del estado, tanto públicos como privados. Estos resultados se contrastan con los recursos para llevarlos a cabo y, finalmente, se realiza un balance sobre el legado.

Actividad económica general

La primera gran variable, de naturaleza general que se utiliza para medir avance económico y bienestar es el Producto Interno Bruto (PIB) y su crecimiento per cápita. Debe destacarse, de inicio, que la actividad económica del país en los últimos veinte años ha sido mediocre. De 2004 a la fecha, el PIB real de México sólo ha avanzado 2.6% en promedio, y entre 2011 y 2015(los primeros cinco años del sexenio de Rafael Moreno Valle) 2.8%.[1] Como se puede ver, el crecimiento del PIB real en Puebla fue prácticamente el mismo que a nivel nacional. En otras palabras, estamos frente a un crecimiento mediocre, como el de todo México en su conjunto.

¿Este bajo crecimiento es común para todos los estados de la República? ¿Hay diferencias importantes entre ellos? La respuesta es No. Si bien la Ciudad de México y el Estado de México registraron crecimientos ligeramente inferiores al promedio nacional, 2.7% y 2.4% respectivamente, varios estados del país han registrado tasas de crecimiento por encima del 4% anual en los últimos cinco años y han transformado radicalmente su fisonomía. Tal es el caso de Querétaro (6.3%), Aguascalientes (5.4%), Guanajuato (5.4%), Chihuahua (4.2%), Coahuila (4.1%) y Nuevo León (4%). Por lo tanto, las condiciones nacionales generales que afectan a todo el país no resultan en un desempeño igual en todos lados. Existen varias entidades cuyo desempeño económico destacó sobre el resto del país, la mayoría ligada a la industria automotriz (como Puebla). Una pregunta relevante es por qué Puebla no logró sumarse a la lista de entidades de rápido crecimiento, como el caso de Querétaro que más bien ha desarrollado la industria aeronáutica.

Lo mismo ocurre con el PIB per cápita. De 2011 a 2015 el promedio nacional registró un aumento promedio de 1.1%, mientras que el de Puebla fue de casi 1.4%. El promedio del crecimiento per cápita de los seis estados mencionados fue más del doble de lo observado en Puebla. ¿Por qué?

Pobreza y desigualdad

El crecimiento económico tiene un efecto directo sobre los niveles de pobreza y de pobreza extrema. Si todo lo demás se mantiene constante, a mayor crecimiento económico, habrá una reducción más fuerte de la pobreza. En parte por el bajo crecimiento económico, los niveles de pobreza en México se han estancado en los últimos años. De acuerdo con Coneval y en 2014, [2] el número de personas en pobreza  alcanzó la cifra de  55.3 millones, de los que 11.4 millones están en pobreza extrema. [3] Entre 2010 y 2014, el número absoluto de gente en condición de pobreza aumentó en 2.5 millones de personas, pero aquéllas en condición de pobreza extrema disminuyeron en 1 millón 523 mil personas.

En Puebla, el número de pobres aumentó del 61.5% al 64.5% de la población; a saber, de 3 millones 616 mil personas en 2010 a 3 millones 959 mil en 2014 (343 mil personas), equivalente a un aumento del 9.5%. La pobreza extrema apenas disminuyó de 17.0% al 16.2% de la población a en ese periodo, equivalente a 10 mil cuatrocientas personas, de un millón 2 mil a 991 mil personas. La pobreza extrema disminuyó, en cuatro años, solamente 1%. En esta entidad, el combate a la pobreza fue menos efectivo que en el promedio del país. En otros estados, la lucha contra la pobreza fue mucho más efectiva. En Querétaro la pobreza disminuyó 11.9% y la pobreza extrema a casi la mitad (menos 44.7%). En Chihuahua la población en pobreza disminuyó 7.7% y la pobreza extrema se redujo 13.6%. En este tema, lo importante es erradicar la pobreza de todos. No basta decir que la pobreza “está disminuyendo” porque el porcentaje de la población en esa condición baja, cuando el número de personas en pobreza va en aumento. Además, la brecha de la desigualdad se hizo más profunda. En 2010 el coeficiente de Gini pasó de 0.453 a 0.526 en 2014, los primeros cuatro años de Moreno Valle.

 ¿Por qué en Puebla no disminuyó la pobreza y aumentó la desigualdad? ¿La implementación de programas sociales fue más efectiva en esos estados que en Puebla?, ¿Será que la actividad económica de Puebla creció mucho menos que en esas otras entidades? El caso de la Ciudad de México puede ser sugerente: el PIB creció un poco menos que en Puebla, pero hubo una reducción de la población en pobreza de 1.4%, y la pobreza extrema bajó 21.8%. Al parecer, el problema en Puebla fue que el gobierno del estado no priorizó el abatimiento de la pobreza y la ejecución de los programas sociales. Así, no sorprende que Puebla se haya quedado en el lugar 28 a nivel nacional respecto de sus niveles de pobreza. Chiapas, Guerrero y Oaxaca son los estados con más personas en condición de pobreza.

Logros en educación, salud e inversión

Los temas de educación y salud salen mejor librados. Los números superan al promedio nacional: en algunos rubros, Puebla de hecho se sitúa en los primeros lugares del país. Tal es el caso del logro educativo en los niños que concluyen la primaria y la secundaria. Para el área de español,  lenguaje y comunicación, los alumnos han avanzado en los últimos cinco años. Quienes cursaban sexto de primaria en Puebla con conocimiento “insuficiente” se encontraban en 2009 al nivel de promedio del país, que no era muy destacable. Para 2015, los resultados mejoraron significativamente y se colocaron en los primeros cinco lugares del país.[4] Algo semejante ocurrió con matemáticas: su resultado avanzó mucho más que el promedio nacional.

En cuanto al acceso a los servicios de salud, el gobierno de Moreno Valle siguió fielmente los lineamientos del gobierno federal para reducir ese rezago. Éste se define como el número de personas afiliadas a algún sistema de salud y que haya lugar para atenderla, específicamente el Seguro Popular. Durante este gobierno se construyó una amplia infraestructura hospitalaria, que en 2011 aumentó el número de camas censables de 3,614 camas a 3,997 en 2014.[5] Algo semejante ocurrió con el número de quirófanos y otros indicadores importantes. Este número aumentó en 2015 y su tasa de crecimiento supera en casi cuatro veces a la media nacional. Ello significa un fuerte avance en la construcción de infraestructura hospitalaria, aunque por razones naturales, su funcionamiento aún es irregular. Tomará tiempo y muchos recursos lograr que toda la población en Puebla tenga acceso efectivo a los servicios de salud, que implican suficientes médicos, enfermeras, equipo y medicamentos. Por ello, es importante prever que en el futuro haya suficientes ingresos corrientes para cubrir los crecientes gastos que el servicio médico implicará para atender adecuadamente a la población. Construir intalaciones es una parte, pero no basta.

Otro tema por demás destacable es la atracción de la planta de la compañía automotriz AUDI a Puebla mediante un subsidio público que equivale a pagar 60 millones de pesos mensuales durante 15 años. Esto significa una gran inversión y creación de empleos bien remunerados para miles de personas en forma directa e indirecta. Quizá, éste sea uno de los logros más significativos de Moreno Valle en el ámbito económico. 

En este mismo sentido, debe mencionarse el monto de la inversión productiva en infraestructura básica como carreteras, puentes y obras hidráulicas. No obstante, su monto ha sido menor que el del quinquenio anterior. De acuerdo con datos del INEGI, la inversión acumulada del gobierno de Mario Marín en el quinquenio 2006 y 2010 fue de 40,445 millones de pesos, mientras que en el periodo 2011-2015 sólo llegó a 29,839 millones de pesos en términos nominales.[6] Seguramente el bajo crecimiento se debe a la escasa inversión productiva. La tendencia parece seguir en la próxima administración. La inversión pública que presenta el propio gobierno estatal en su presupuesto para 2017 es de 3,709 millones de pesos.[7] Las prioridades de inversión parecen enfocarse en infraestructura para la zona metropolitana, con la excepción de los centros de salud y hospitales generales.

Finanzas públicas y endeudamiento

En cuanto a las finanzas públicas, año con año, el gobierno de Moreno Valle aumentó su gasto de 54,196 millones de pesos en 2010 a 83,559 en 2015, lo que significó un crecimiento de 9% anualmente (en términos nominales). Sus ingresos totales, que incluyen tanto los estatales como las aportaciones, transferencias y participaciones federales, aumentaron también 9%: de 54,491 millones en 2010 a 84,172 millones en 2015 en términos nominales.[8] En términos reales, el aumento fue de al menos 5% anual. El gasto aumentó al menos 3.5% anualmente en términos per cápita (términos reales). Hubo muchos más recursos para atender a la población de los que había habido en los años anteriores.

 

La forma de contabilizar la deuda dificulta conocer lo que realmente ocurrió. Para el gobierno estatal, hay muchos pasivos que oficialmente no son deuda, aunque, en mi opinión, esto contradice el artículo 117 fracción VIII de la Constitución. Por eso ahora hablo de pasivos en general.

 

Tenemos información suficiente para afirmar que el gobierno estatal incurrió en al menos 40 mil millones de pesos de pasivos, no importa si se los llama deuda o no. Por información de la cuenta pública dada a conocer por la Auditoría Superior de la Federación, sabemos que los pasivos llegaron a 24,655 millones de pesos. [9] No conozco las características ni la naturaleza de esos pasivos, tampoco sus condiciones de contratación ni el plazo del compromiso. Dentro de esa cantidad se encuentra la deuda reportada por el gobierno del estado a la Secretaría de Hacienda, que apenas era de 8,609 millones de pesos. En otras palabras, hasta 2015 el gobierno tenía 16,046 millones de pasivos adicionales a los oficialmente reportados por el gobernador a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Lo anterior sin considerar los montos muy superiores a éste que se empiezan a manejar en medios de información nacional.[10]

 

Por otra parte se encuentran los pasivos correspondientes a la construcción y operación del Centro Integral de Servicios (CIS), el Museo Internacional del Barroco (MIB) y el apoyo para la construcción de la planta AUDI que están dentro del Fideicomiso F/0144 que es, presuntamente, inconstitucional. Entre esos tres proyectos—que ignoramos si existen algunos más—los pasivos aumentaron en otros 22,476 millones de pesos, pagaderos a 25, 23 y 15 años respectivamente: 4,500 millones de pesos del CIS, 7,176 millones para el MIB, y 10,800 millones para la planta AUDI. Para el pago de estos pasivos que constituyen los proyectos del CIS, del MIB y el apoyo a AUDI, se comprometieron 1,212 millones de pesos anualmente, mismos que provienen de  la recaudación del impuesto a la nómina. El compromiso hipoteca casi la mitad de esos ingresos previstos para 2017, que es la principal fuente de ingreso estatal propio. Con este compromiso, se dejará de disponer de esa cantidad de ingreso corriente por toda una generación.

 

A la obtención de recursos por endeudamiento se deben aumentar los ingresos obtenidos en el corto plazo por la concesión del SOAPAP y de 142.5 kilómetros de carreteras de cuota propiedad del Estado. Esta última le rindió a las finanzas estatales 2,494 millones de pesos en el corto plazo, pero le impide obtener ingresos por los siguientes 32 años[11]. Es decir, el gobierno de Rafael Moreno Valle recibió 17.5 millones de pesos por kilómetro ya construido de carretera,  o 17 500 pesos por metro lineal (compare esta cifra con el costo de la ciclopista en la Vía Atlixcáyotl que se menciona en el siguiente párrafo). Así, el gobierno estatal “hipotecó” los ingresos que recibiría de las carreteras (menos su gasto de mantenimiento) para gastarlos en su administración. La implicación es que el gasto corriente del gobierno de los próximos 32 años ya no podrá cubrirse con esos ingresos, tendrán que hacerlo con otros impuestos que recaude el estado. De no aumentar los impuestos, dejará de contar con ingreso corriente año con año, para contribuir al pago de servicios públicos indispensables, como es la salud y la educación.

 

Para otro espacio queda la revisión de la rentabilidad social de esos proyectos y, sobre todo, del costo de construcción. Con base en la información pública disponible, todo parece indicar que se pagaron sobrecostos en muchas de las obras realizadas, independientemente de su utilidad y productividad social. Para ejemplo basta un botón: el costo de la ciclopista del Boulevard Atlixcáyotl en su primera etapa fue de 60 millones de pesos, con una longitud de tres kilómetros. Costó 20 mil pesos por metro lineal, según datos mostrados en las lonas de la obra in situ. Resulta increíble que mientras el gobierno “vende” el uso de sus tramos de carretera en 17 500 pesos el metro lineal, le cueste por otro lado 20 mil pesos el metro lineal de ciclopista. ¿Cómo es eso posible?

 

El legado económico

Entonces, ¿cuál es el legado económico del gobernador Rafael Moreno Valle? Ya está claro que su gobierno no logró impulsar la actividad económica significativamente, pues apenas fue similar al ritmo mediocre de la economía del país, y que no se enfocó a resolver los problemas de los grupos más vulnerables de la sociedad. Los rezagos sociales más importantes se mantuvieron o empeoraron, como lo son la pobreza y la desigualdad. Con esto, se debe reflexionar sobre los activos y pasivos que dejó para las generaciones futuras.

 

En primer lugar, es indudable que la planta AUDI es una gran adición a los activos del estado. Su potencial apenas empieza a reflejarse en la actividad económica y seguramente repercutirá en la creación de muchos empleos, si la situación internacional lo permite.[12] Los activos impulsados por el gobierno del estado, en el caso de AUDI, multiplicaron la inversión pública. También es importante aquilatar la infraestructura física de carreteras y caminos, así como la creación de capacidad hospitalaria y mejoramiento del logro educativo en la entidad. Una población más saludable y mejor educada impulsa de hecho el desarrollo del estado.

 

Por el lado de los pasivos, el saldo es más bien negativo. El potencial de crecimiento económico para el futuro es incierto. La inversión total en el estado fue menor a la registrada en el sexenio anterior, lo que sin duda contrasta negativamente con lo generado en otras entidades. Su priorización en términos de productividad también es limitada, por las inversiones en proyectos poco rentables—aunque visibles, como la ciclopista. El costo de la construcción parece haber sido también muy elevado, lo que reduce su productividad y genera otro tipo de dudas. Todo ello reduce la efectividad de la inversión. Costó mucho y rinde poco. ¿A dónde se fue ese dinero excedente? ¿Quiénes y cómo se beneficiaron?

 

Si tomamos en cuenta que los pasivos financieros del estado aumentaron más de cuatro veces, de  9,068 millones de pesos en 2010 a por lo menos 47,131 millones en 2015, [13] y que el estado se desprendió de algunos de sus activos como las carreteras de cuota que le generaban ingresos corrientes que excedían su costo de operación, queda de manifiesto que el balance del legado de Rafael Moreno Valle es más bien desfavorable.

 

Para concluir, parece excesivo el costo para el estado de los logros principales obtenidos: los empleos generados por AUDI, por los puentes y caminos, por las 383 camas adicionales de hospital generadas hasta 2015, por el mejoramiento marginal en el desempeño escolar y otros logros menos emblemáticos. Se logró algo, pero costó mucho. Desafortunadamente, el gobierno se deshizo de activos productivos para obtener recursos inmediatos y se endeudó severamente, comprometiendo ingresos estatales de por sí escasos para la provisión de bienes públicos esenciales por los próximos dos decenios. Lo logrado en el sexenio es muy poco en comparación con lo que se pudo haber obtenido y, por desgracia, deja deudas que dificultarán que la población en el futuro vea un bienestar. El desempeño y legado económico del gobernador Rafael Moreno Valle es, a lo más, de media tabla.

 

 

[El autor es director del Centro de Estudios Espinosa Yglesias

ecardenas@ceey.org.mx

@ecardenasCEEY]

 

 

 

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