Un conocido periodista y amigo preguntó al autor de estas líneas ¿Cuánto cuesta la justicia en Puebla?, la interrogante en apariencia es  ambigüa,  pero  común en el dilema del pobre y ello ha tenido claro asentamiento en esta administración de gobierno alejada por demás de la necesidad social y de dos esquemas básicos en cualquier gobierno, es decir Impartición de Justicia y Administración de Justicia, ambos entregados por mandato constitucional a dos poderes diversos Ejecutivo y Judicial, sin embargo cuando un personaje cercano al doctor Rafael Moreno Valle Rosas, me refiere que en cierta ocasión alterado el gobernador gritó en sus oficinas de gobierno “Si en Puebla se cambia un foco del zócalo debo autorizarlo yo”, luego entonces, me queda claro que el ejecutivo es legislativo y judicial.

Establecido lo anterior para fines de esta entrega es evidente que en los diversos órdenes de gobierno encontraremos a “servidores públicos” que asuman actitudes similares y representativas de nuestro gobernador empero, con una marcada diferencia, el servidor público asume desplantes de virrey frente al inerte ciudadano.

Con cercanía a lo que expreso en esta entrega tuve oportunidad de asistir a una audiencia pública que la Comisión de Justicia del Senado de República organizó con apoyo de la CNDH, el 18 de agosto, donde precisamente se recibió a diversas organizaciones no gubernamentales quienes expusieron dos temas centrales: a).-Desaparición de personas y; b).-Detenciones arbitrarias. He de referirme a esta última con motivo de la interrogante que se me planteara, es decir,  cuanto  cuesta  la justicia en Puebla, hermosa ciudad que para muchos se ha convertido en un bastión de la detención arbitraria y sino juzgue usted amigo lector.

Raúl, (nombre ficticio), fue detenido el viernes 21 de agosto aproximadamente a las diez de la mañana a la altura de la 31 y boulevard 5 de mayo por elementos de la policía estatal, incomunicado que fue, se le indicó que el vehículo que conducía tenía reporte telefónico  de robo, por más de tres horas fue paseado por las calles de la ciudad a bordo de una patrulla cuyos tripulantes lo despojaron de mil seiscientos pesos en efectivo que llevaba en el acto de su detención, los  datos de dicha patrulla y de los elementos policiacos se leen en la Averiguación Previa  1941/2015/RVPUE.

Al no existir arreglo económico los gorilas policiacos  con la  amenaza de que con el ministerio público la situación sería más difícil Raúl, fue llevado al denominado edificio Bicentenario y puesto a disposición del Agente del Ministerio Público JORGE PEREZ MELCHOR, ante quien declaró y justificó la legal propiedad de su vehículo y ante quien incluso compareció la vendedora Lizbeth Hernández Mota, recabándose además informes oficiales de plataforma México en el sentido de que el vehículo de Raúl no tenía reporte de robo. Grave resulta que la denuncia del robo de vehículo se tomó en el CERI, por vía telefónica que nunca el denunciante acreditó propiedad o compareció a ratificar aquella situación esta que pugna flagrantemente con el artículo 16 Constitucional, no obstante lo cual el Ministerio Público señaló a los familiares del detenido que debía seguir un “protocolo”, implementado por el Procurador Víctor Carranca Bourguet y que el vehículo debía de ir al corralón , que después solicitara su devolución en mesa de trámite pero que  las trabas serían mayores, que tendría que pagar piso diario del vehículo si no se arreglaba pronto con el licenciado ALFREDO ENCISO MARIN, titular de la mesa de trámite que ahí el moche sería mayor y que por  el momento el  tenía 48 horas para resolver la situación legal del detenido y que como eran las nueve de la noche y no había comido,  los familiares debían llevar cemitas al personal de la agencia si querían agilizar los trámites.

Molestos los familiares cumplieron con el encargo ministerial pero además marcaron telefónicamente a la Visitaduriía general de la  Procuraduría donde una voz femenina que nunca se identificó procedió a disuadirlos a la queja y expresar que ella no podía hacer nada. En resumidas cuentas Raúl salió a la una de la madrugada del día siguiente a su detención sin que se le permitiera firmar anteponiendo el horario y día de su salida.

Con motivo de lo narrado los familiares de Raúl pagaron Seis mil pesos al abogado que lo asistió en su declaración ministerial y gestionó su libertad, trecientos pesos en cemitas y refrescos para el personal de la agencia de Ministerio Público y le  resta por pagar una grúa que no solicitó,  los días por concepto de piso en el encierro donde fue trasladado su vehículo, sin contar la cantidad que le sustrajeron los policías aprehensores, pero por el momento Raúl tendrá que esperar a que el ministerio público ALFREDO ENCISO MARIN, termine las investigaciones científicas, pues según su dicho le falta recabar un avaluó al vehículo (?), una prueba pericial mecánica(?) y hacer comparecer al primer vendedor del auto, ello sin que en su caso se haya procedido a la detención de la vendedora Lizbeth Hernández Mota o de la persona que denunció telefónicamente.

Toca además a Raúl esperar  que su vehículo no sea desvalijado, pues todo este peregrinar es producto de la delincuencia Institucionalizada contra la cual en la propia entidad no se puede hacer nada, respecto a este que fue precisamente considerado en la comisión de justicia del senado y donde las organizaciones civiles concluyeron que este tipo de detenciones arbitrarias deben de ser denunciadas ante un órgano diverso a aquel que controla el ejecutivo de cada estado.

Inteligente lector el caso de Raúl no es un caso aislado y fue generado por una red de corrupción que, reitero es institucionalizada y opera entre policías estatales y agentes del ministerio público de robo de vehículos que obtienen grandes dividendos en una forma por demás organizada, tan organizada como la que operaba en el robo de combustible, sin embargo, grabe resulta que estos delincuentes organizados  permean todos los órdenes de un gobierno al que no le interesa la impartición y administración de Justicia.

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