El gobierno federal contra el pueblo

  • Oscar Barrera Sánchez
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Desde siempre, el gobierno mexicano ha utilizado la fuerza como un instrumento de represión, dicen ellos “legítima”, contra toda aquella persona o grupo que atente, no contra la nación, sino frente a los intereses de gobernantes y negocios de empresarios, lícitos e ilícitos. El gobierno federal, encabezado por Enrique Peña Nieto, no ha sido la excepción. Esta administración ha criminalizado y reprimido. Sin embargo, el combate contra toda persona, grupo o población que se organiza ante la falta de seguridad de sus vidas, sus trabajos, sus propiedades, de su dignidad y en la exigencia de sus derechos, se ha convertido no sólo en el estandarte peñanietista, sino también en la bandera para actuar por parte de todos los niveles y órganos de gobierno. Acallar, reprimir y abatir (esta palabra entendida como asesinar, como lo ha dicho el gobierno y la ha usado el ejército) se están convirtiendo en una política de Estado en el país.

Todavía no se esclarecen graves violaciones a los derechos humanos en el país, como la presunta desaparición forzada y asesinato de estudiantes normalistas en Iguala, Guerrero, el fusilamiento de civiles en Tlatlaya, Estado de México, la tortura institucionalizada (según los informes de organizaciones de derechos humanos, principalmente Amnistía Internacional), el espionaje constante por parte de la Secretaría de Gobernación y algunos gobiernos estatales, la represión contra profesores, entre otras, y el gobierno volvió a las andadas. El domingo 19 de julio fuerzas federales agredieron a comuneros de Ostula en la comunidad de Ixtapilla, municipio de Aquila, lo que dejó a dos niños y un adulto muertos y a otras cuatro personas lesionadas. El tiroteo ocurrió horas después de que militares detuvieron al líder de autodefensas de las regiones Costa-Sierra, Semeí Verdía Zepeda, a quien aprendieron sin ningún tipo de orden judicial, por exigir que se cumplieran los acuerdos establecidos por las autodefensas y el gobierno.

Aun cuando se suman una serie de irregularidades con las detenciones por parte del gobierno federal, las que se han llevado a cabo contra los grupos de autodefensa han sido emblemáticas de un gobierno autoritario. Los acuerdos establecidos entre los grupos de autodefensa y los gobiernos estatales y federal no ha sido respetado por estos últimos y no sólo ha habido detenciones arbitrarias como la de Nestora Salgado (en Guerrero) y José Manuel Mireles (en Michoacán) y, ahora, las fuerzas armadas nacionales no sólo detienen de manera ilegal, sino que cuentan con el permiso para disparar contra la sociedad civil y asesinar a la población.

Lo ocurrido este 19 de julio en Ostula, es una muestra de las acciones decadentes de un Estado represor y autoritario que, incapaz de ejercer actos políticos que den legitimidad a sus acciones, buscan romper con el principio de soberanía popular, violentando los derechos humanos y actuando de manera ominosa contra el pueblo (en este caso michoacano), bajo el precepto del Estado de derecho, al puro estilo dictatorial. En México no hay un Estado de derecho, sino un Estado de derecha y la represión ejercida por los diferentes niveles de gobierno, de todos los partidos políticos, son muestra de ello.

El pueblo mexicano se ha convertido en el enemigo, desde la visión del gobierno. Las acciones en favor de la seguridad pública gubernamental no se dirigen a la delincuencia organizada, sino contra los colectivos civiles organizados y contra grupos que han tenido la necesidad de armarse ante la incompetencia o complicidad de los gobiernos con la delincuencia organizada. La militarización es la respuesta de gobiernos que son incapaces de hacer política y de buscar el bien común de la población. ¿Cuál es el sentido de inseguridad que representan individuos y grupos que buscan protegerse a sí mismos ante la ineptitud gubernamental? ¿Hay un clima de ingobernabilidad en el país, por lo que el gobierno se tenga que apegar al artículo 89, fracción VI, para proteger “la seguridad interior”? ¿Los civiles generan inseguridad al interior del país? Bien decía Antonio Gramsci, que cuando no hay legitimidad y convencimiento, el Estado emplea la represión y hace uso de la fuerza pública contra el pueblo.

Con todos estos casos, y ahora el ataque a pobladores de Ostula, en Aquila, Michoacán, quedan dos cuestiones claras en este momento: 1) las policías y el ejército no están para proteger a la población, sino para espiarla, vigilarla y violar sus derechos fundamentales, y 2) el gobierno mexicano vive una crisis política profunda que ha llevado a la ingobernabilidad al país.

El pacto social se ha roto y las instituciones en México han sido rebasadas. Ejemplos sobran, sólo hay que abrir los ojos, pero el gobierno federal, los gobiernos estatales y municipales pretenden cerrarlos a la población, bajo amenaza clara para quien los abra demasiado.

Picaporte

Ser pobre en Latinoamérica es todo un negocio, asegura el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Vivir en la miseria, sin algo que llevarse a la boca, ni a la de los hijos; no poder acceder, permanecer y egresar de la educación; contar con servicios de salud dignos; tener trabajo, descanso y esparcimiento, equivale a obtener 759 mil millones de dólares. El cinismo capitalista neoliberal en su máxima expresión, ahora pretende hacer más pobres a los pobres exprimiéndoles hasta lo que no tienen.

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Oscar Barrera Sánchez

Doctor en Ciencias Sociales y Políticas por la UIA. Comunicador y filósofo por la UNAM y teólogo por la UCLG.