El sábado 11 de julio, alrededor de las 21 horas, el narcotraficante Joaquín Chapo Guzmán Loera escapó de la prisión de alta seguridad de Almoloya de Juárez, donde se encontraba recluido desde el 22 de febrero de 2014. Su escapatoria coincidió con el viaje de Estado a Francia que inició horas antes el presidente Enrique Peña Nieto.

La escapatoria del Chapo se produjo cuando el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong y los secretarios de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda y de la Marina, Vidal Francisco Soberón Sanz, se encontraban ausentes de sus  cargos por acompañar al Presidente de la República a realizar un viaje a un país donde poco o nada tenían que hacer ellos. Al incluirlos en su comitiva, Peña Nieto actuó irresponsablemente porque dejó desprotegida la seguridad nacional.

Guzmán Loera huyó de la prisión de alta seguridad a través de un pasadizo subterráneo que fue construido ex profeso para esa ocasión y conecta la celda que ocupaba el narcotraficante con la bodega de una casa, cuya construcción, también deliberada, se inició recién fue recluido en ese lugar el narcotraficante.

Las instalaciones de la cárcel y la casa que sirvió de punto departida para el túnel están asentadas en un área despejada, que permite su visibilidad a una distancia razonable. La edificación de la casa debió despertar la sospecha de los lugareños y de los soldados que integran un destacamento militar situado en esa zona, debido a que se trata de una porción de tierras de labranza donde es inusual construir viviendas. El levantamiento de la casa en cuestión también debió llamar la atención de los tripulantes de un helicóptero militar que sobrevuela esa zona periódicamente.

Se calcula que para construir el túnel se extrajeron 3 mil 250 toneladas de tierra que no pudieron desaparecer u ocultarse fácilmente, ni pasar inadvertidas. Las autoridades judiciales tendrán que emplearse a fondo para investigar el caso, porque podrían estar inmiscuidos en la fuga servidores públicos de alto rango.

Para la secretaría de Gobernación y su órgano desconcentrado, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), no debió pasar inadvertido todo lo que ocurría en ese lugar, a sabiendas que en el penal de Almoloya se encontraba confinado el narcotraficante más peligroso de México.

Las secretarías de la Defensa Nacional y de la Marina tampoco debieron pasar por alto los movimientos efectuados en ese lugar, a lo largo de 3 o 4 meses, relativos a la construcción de la casa-túnel que sirvió para consumar la escapatoria del Chapo.

Antes de huir, el Chapo se desprendió fácilmente del brazalete de seguridad, supuestamente indesprendible, que tenía instalado en un brazo para mantener su ubicación  bajo control permanentemente. Nadie, aparente y sospechosamente, se dio cuenta de ese desprendimiento. La última vez que se le vio en la pantalla de control del penal fue a las 20 horas 52 minutos 15 segundos de sábado 11 de julio.

El reglamento interno del reclusorio, según evidencias, no era aplicable para el Chapo. Indica que los reos deben permanecer rapados durante su estancia en el penal. En el video grabado poco antes de  fugarse, Guzmán Loera aparece con pelo. Sin embargo, durante la conferencia de prensa que dio la noche del 13 de julio Miguel Ángel Osorio Chong, la procuradora General de la República, Arely Gómez, exhibió una fotografía a modo donde el reo se ve rapado.   

Al concluir su inesperado viaje de regreso a México, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, ofreció una conferencia de prensa. Resaltó que el centro de reclusión de Almoloya cuenta con una red de 750 cámaras. Sin embargo, de poco o nada sirvieron para evitar la escapatoria del reo más popular y peligroso.

Para que los representantes de los medios informativos no tuvieran la menor duda sobre los altos parámetros de seguridad que existen en la prisión de Almoloya,  Osorio informó que el centro de reclusión es  “certificado cada cuatro años por la Asociación de Correccionales de América (ACA).

Al día siguiente, la periodista y corresponsal de Noticias MVS en Washington, Dolia Estévez, entrevistó telefónicamente a un funcionario de American Correctional Association, quien puntualizó que esa empresa no certifica. Sino que cada 3 años, acredita “si la prisión cumple con los estándares penitenciarios internacionales relacionados con la integridad física de los presos, salud, seguridad, alimentación e higiene.”      

Es pertinente precisar que el término seguridad a que se refirió la periodista Dolia Estévez aplica a la seguridad personal de los reos, no al sistema de seguridad de la prisión como afirmó el secretario de Gobernación en la referida conferencia de prensa.

Habrá que investigar si Osorio Chong cambió involuntaria o deliberadamente el  término acreditar por la palabra certificar. En caso que ese cambio lo hubiera efectuado a propósito habría incurrido en una falsedad que necesariamente tendría que ser castigada severamente.

Cuando una reportera preguntó a Osorio Chong si tenía contemplado renunciar a   su cargo a consecuencia del escándalo que ocasionó dentro y fuera de México la fuga de Guzmán Loera, el secretario de Gobernación se apresuró a defender su lugar en la nómina de esa dependencia al señalar que “los momentos de crisis no son para renunciar, sino para enfrentarlos.”

La  fuga del Chapo Guzmán confirma la percepción que existe en amplios sectores sociales, en el sentido que  el Estado Mexicano se encuentra inmerso en una crisis de funcionabilidad que se agrava cada día, debido a que varias  instituciones del poder Ejecutivo Federal son cada vez más frágiles e ineficientes.

Las pruebas abundan. La secretaría de Educación Pública desde hace mucho tiempo ha demostrado su inutilidad. No sabe la cantidad real de escuelas que existen en el país, ni cuántos profesores cumplen con su obligación de impartir clases. Tampoco sabe cuántos docentes cobran sueldo sin trabajar. Menos, aún, conoce el estado físico en que encuentran los planteles educativos.

La Procuraduría General de Justicia de la República cada día tiene menos credibilidad. Se encuentra hundida en una notoria oleada de ineficiencia. No ha sido capaz de resolver problemas jurídicos grandes ni pequeños. El caso más paradigmático  es el de los 43 jóvenes de Ayotzinapa desaparecidos. En el transcurso de 10 meses no ha logrado esclarecer el presunto secuestro y asesinato de esos jóvenes. Tampoco ha logrado tipificar los presuntos delitos cometidos por el presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca y su esposa. El caso de la propietaria y lideresa vitalicia del SNTE, Elba Esther Gordillo, está prendido de alfileres.

Las únicas secretarías de Estado que tenían respetabilidad en la sociedad eran las secretarías de la Defensa Nacional y la de Marina. Al ser utilizadas para realizar tareas policíacas para combatir el narcotráfico y los abusos que cometió el Ejército en la masacre de Tlatlaya, han mermado esa  respetabilidad.

La presencia de la secretaría de Gobernación en los asuntos que tienen relación con la gobernabilidad del país es nula. El estado de Derecho prácticamente es inexistente. Cualquier grupo de personas, por pequeño que sea,  puede violar los derechos de otros ciudadanos, sin que ninguna autoridad se atreva a imponer el orden público.  Impunemente se pueden bloquear calles y avenidas, tomar plazas públicas, incendiar edificios públicos y de partidos políticos.

Todo esto ocurre ante la permisibilidad y tolerancia de las autoridades federales.