La privatización de la salud en México está en marcha, pero no es nada nueva, sólo se reafirma, se confirma. El gobierno de Enrique Peña Nieto, con su propuesta de “universalización” de la salud, continua con un proceso que se ha ido gestando desde la década pasada, cuando el gobierno modificó en 2002 la Ley General de Salud y dos años después puso en funcionamiento la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, mejor conocido como Seguro Popular. Sin embargo, su antecedente se ubica desde la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

Desde la firma del TLCAN, entre Estados Unidos, Canadá y México, se establecía la obligación de “revisar” los esquemas de financiamiento del sector salud, es decir, permitir la inversión privada en este sector. Evidentemente, esta revisión se convertía en la plataforma para comenzar un proceso en el que el Estado se desatendería de las clínicas, hospitales, así como del desabasto de medicamentos, además de la supuesta problemática de los fondos de pensiones. Sin embargo, al igual que como lo hicieron con Luz y Fuerza del Centro o con la educación del país, el Estado necesitaría producir un discurso  ideológico sobre la calidad y el derecho universal a la salud.

El hartazgo de la población con servicios ineficientes en los centros médicos (producto del abandono gubernamental), principalmente del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se convertiría en el efecto emanado por la privatización ideológica construida desde los centros de poder económico, nacionales e internacionales, el gobierno federal y los medios de comunicación.

La falta de empleo, el crecimiento del subempleo y el trabajo informal, así como un crecimiento exponencial de enfermedades ligadas a la pobreza, como la diabetes y la hipertensión arterial y el crecimiento de la población adulta mayor (anunciada por el Consejo Nacional de Población desde hace años y que se incrementará en la siguiente década) fueron el pretexto para comenzar con el proyecto de una supuesta universalización de la salud. El gobierno panista de Vicente Fox puso en marcha una reforma a la Ley General de Salud que posibilitaba ideológicamente el acceso de toda la población a los centros de salud. Medida demagógica y contradictoria, pero eficaz para las pretensiones privatizadoras, ya que creció la demanda de servicios, pero no el presupuesto del gasto social destinado a la posibilidad de la población a ejercer este derecho, los cuadros de medicamentos, ni la infraestructura hospitalaria.

Obviamente, el trabajo mediático fue mayúsculo ante la puesta en funcionamiento del órgano desconcentrado de la Secretaría de Salud, denominado Comisión Nacional de Protección Social en Salud pero que fue difundido como Seguro Popular. Con esta iniciativa no sólo no se logró la cobertura universal como derecho fundamental de las personas y las poblaciones, sino que se convirtió en un verdadero acto terrorista, al crear una bomba de tiempo. El objetivo era muy claro, crear un discurso sobre la imposibilidad de atención digna en clínicas y hospitales públicos del país y ligarlos a una serie de vicios evidentes de un modelo estatal corrupto, que no sólo toleró, sino permitió y promovió sindicatos “charros” y, consecuentemente, una cultura de menor esfuerzo, falta de compromiso, burocratización y mal trato en las instituciones de salud.

No obstante, el Estado no sólo dejo de invertir en el sector salud, permitió el crecimiento de farmacias de venta de productos genéricos, propios de los cuadros de medicamentos que no podían surtir las clínicas, así como consultorios de fácil acceso económico a las poblaciones más vulnerables (empleando a médicos con sueldos míseros). Por otro lado, la clase media comenzó con la compra de pólizas de seguros de gastos médicos, mismos que eran asignados en los centros laborales a los trabajadores.

Asimismo, el IMSS, por ejemplo, estableció convenios de subrogación con el Grupo Empresarial Ángeles, para análisis clínicos. Los médicos del ISSSTE, a su vez, solicitaban, comúnmente, que algunos medicamentos fueran surtidos en farmacias privadas y, no se debe olvidar la propuesta del Partido Verde Ecologista de México de dar vales cuando las clínicas no den las medicinas a sus derechohabientes.

Los grupos mexicanos que han usufructuado con la salud esperan ansiosos esta privatización, así como los grupos ingleses, españoles y estadounidenses que se chupan los bigotes con este proceso y esta última estocada que da el gobierno federal a la cada vez más inaccesible salud a las y los mexicanos. Este gobierno ya entregó los combustibles, la educación y ahora la salud. Pero seguro, no querrá manifestaciones ni marchas de médicos y enfermeros, del pueblo. Esta privatización comenzó hace mucho tiempo, como todas las medidas entreguistas de este gobierno, llamadas por ellos “reformas estructurales”.

Picaporte

No solo hace falta que renuncie el gabinete de seguridad, se les haría un favor, se les debe enjuiciar. No vaya a ser que con la renuncia de estos personajes, del gabinete, se pretenda limpiar una imagen represora, como lo desea hacer el jefe de gobierno de la Ciudad de México.