Mucho se ha escrito y hablado de los integrantes de la CNTE. Lo mismo de sus derechos que de los abusos y tropelías que cometen desde hace mucho tiempo, por la permisividad de las autoridades, lo mismo en Oaxaca, Guerrero, Chiapas y Michoacán, que en la ciudad de México.

Los medios impresos y electrónicos no han escatimado sus espacios para difundir todo lo que han dicho y hecho. Parafraseando al poeta Javier Sicilia cuando en abril de 2011, en ocasión del secuestro y asesinato de un hijo suyo dijo, que los mexicanos  estamos ¡hasta la madre! por la ola de secuestros y asesinatos que se comenten en México.

Ahora diríamos que estamos hasta la madre de tantos abusos y delitos que comete la CNTE y los centistas. Así estamos, efectivamente, muchos mexicanos en todo lo que concierne a ese grupo radical de profesores vándalos. Pero mientras continúen agrediendo a la sociedad, como lo han hecho desde que se promulgó la Reforma Educativa, habremos de seguir repudiando su conducta delictiva.   

Ante la falta de un apoyo popular que legitime y fortalezca políticamente la actuación de la CNTE, algunos militantes de este organismo de la disidencia magisterial radical, optaron por recurrir, el sábado 4 de julio, al uso de medidas de corte fascista para intimidar a los profesores que no se someten a las directrices de ese organismo magisterial. Actuando igual a como lo hicieron con muchos ciudadanos judíos, los soldados nazis comandados por Adolfo Hitler.

Ese día, en Chiapas, un grupo de militantes de la CNTE detuvieron violentamente a varios profesores para raparlos, a base de tijeretazos, porque cometieron el delito de acudir a presentar su examen evaluatorio, desobedeciendo las instrucciones de la dirigencia de esa agrupación magisterial para que se abstuvieran de hacerlo.

A una joven la vejaron cortándole el pelo y acusándola de traidora. No obstante que en ese lugar había dos patrullas, ninguno de los policías que las ocupaban se atrevió a intervenir para impedir la vejación y menos, aún, para detener a los cobardes agresores.

Los responsables de estos ataques son, por omisión, las autoridades federales, estatales y municipales, que, conociendo la agresividad con que los agremiados de la CNTE se oponen a la Reforma Educativa y a los exámenes evaluatorios, no han sido capaces de procurar seguridad a quienes optan por presentarlos.

La pusilaminidad e indolencia y la falta de decisión y valor de las autoridades, para aplicar la ley a quienes la transgreden, es otra demostración que en el país prevalece la impunidad porque el estado de derecho es inexistente desde hace mucho tiempo.

No es suficiente que el presidente Peña Nieto y el secretario de Educación Pública se desgarren las vestiduras tratando de dar un brillo a la Reforma Educativa que todavía no logra. En la franja del país que va de Michoacán a Chiapas, pasando por Guerrero y Oaxaca, la nueva legislación educativa es objeto de violentos cuestionamientos. Sus detractores obstaculizan su aplicación un día sí y los subsiguientes también. 

Agreden a quien se pone enfrente de ellos y nada ni nadie frena sus ilegales excesos. El estado de derecho y la seguridad pública en esas entidades federativas es simple ficción. Para bien del país y sus habitantes, es necesario que las autoridades locales y federales restablezcan y preserven el orden público y las garantías individuales de quienes no comparten las ideas y propósitos de la CNTE.

Es imprescindible que en el país se restablezca el estado de derecho y se ponga punto final a la impunidad para que se castigue a quienes transgredan la ley, empezando por los vándalos de la CNTE. Ya basta que los centistas cometan delitos a diestra y siniestra y ninguna autoridad se atreva a sancionar los delitos que cometen. Aplicar la ley y encarcelarlos no significa reprimirlos, simplemente es hacer justicia.

Por supuesto que nadie cuestiona el derecho que tienen a oponerse, con razón o sin ella, a la Reforma Educativa, a la evaluación magisterial y a cualquier otra cosa que se les ocurra, por descabellada que sea. Siempre y cuando lo hagan a través de las formas y conductos legales establecidos y no ocasionen molestias y daños a terceros.

A lo que muchos mexicanos nos oponemos, es que bajo el pretexto de ejercer ese derecho, los centistas violen los derechos constitucionales de millares de ciudadanos. Nos oponemos, también, a que bloqueen carreteras; cierren calles y avenidas céntricas; asalten casetas de peaje, tiendas de autoservicio, gasolineras y camiones distribuidores de alimentos; incendien edificios; secuestren personas, como lo han hecho en Oaxaca (hay cuatro detenidos a quienes ellos califican de presos políticos) y golpeen policías.

Sobre todo eso, también estamos en contra de que con el pretexto de oponerse a lo que convenencieramente consideran evaluación punitiva, afecten a millones de alumnos de educación básica, particularmente en las entidades que registran los menores índices de aprendizaje y los mayores de analfabetismo. Como son los casos de Oaxaca, Guerrero, Chiapas y Michoacán, donde domina la CNTE.

Poco antes de las elecciones del 7 de junio, en Oaxaca, un grupo de profesores encabezados por una profesora apodada La Jicayán, humilló al Ejército Mexicano al expulsar  de las instalaciones del INE a un destacamento militar que custodiaba documentación electoral que después fue incendiada.

Los secuaces de esa agrupación gremial, aparte de la infinidad de delitos  cometidos impunemente, han ocasionado pérdidas millonarias al comercio y turismo de Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Michoacán y Distrito Federal. Ninguna autoridad ha hecho nada para evitarlo.

El colmo de la nefasta permisividad sucedió cuando el jefe de Gobierno del D. F., tuvo otra de sus absurdas ocurrencias, ofrecer apoyo financiero a los propietarios de establecimientos comerciales que sufrieron pérdidas por las marchas y plantones de la CNTE, en vez aplicar la ley. Por cierto, este supuesto apoyo financiero jamás se llevó a cabo,  quedó en promesa incumplida.