De todas las reformas “estructurales” emprendidas en el gobierno de Enrique Peña Nieto, hay dos que pueden ser consideradas las madres. La reforma energética se convirtió en la madre de las reformas privatizadoras del país y sus recursos energéticos. Sin embargo, también hubo una madre ideológica, además de violatoria de los derechos laborales de docentes y entreguista a la capacitación de estudiantes como mano de obra calificada y barata: la llamada “reforma educativa”.

Desde antes de la llegada de Enrique Peña Nieto a la presidencia de la república, él había comprometido una serie de reformas denominadas “estructurales” a merced de los intereses económicos internacionales. Con ellas, la política neoliberal del Estado mexicano buscó sólo el beneficio de las grandes corporaciones económicas nacionales y extranjeras, con menoscabo de las necesidades prioritarias de la sociedad en su conjunto.

Dentro de este paquete de reformas, la educativa ha mostrado, además de gran incredulidad y legitimidad social y académica, un tinte político y económico más fuertes que la preocupación del gobierno federal por la educación en el país. Es decir, la reforma educativa, lo que menos tiene es ser educativa. Lo que comenzó con la intención del gobierno federal por recuperar el poder magisterial, usado de manera facciosa por su líder sindical vitalicia, Elba Esther Gordillo, y que se estaba convirtiendo en una piedra muy incómoda para el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Las reformas constitucionales de febrero de 2013, que incorporaron el concepto de educación de calidad a la Carta Magna, así como la autonomía y funciones del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), comenzaron con un proyecto de privatización fáctica en los planos político-económico e ideológico de la educación.

El concepto de calidad educativa, premisa que serviría para evaluar a los docentes mexicanos, no tiene un referente educativo en el contexto mexicano. Su fundamento se ubica en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018, específicamente ligado al capital humano, la productividad y el crecimiento empresarial impulsados por la economía de mercado y los organismos financieros internacionales, como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Lo que en realidad se busca es una segmentación social más pronunciada y creciente entre la población más pobre y la de mayores recursos económicos. La primera será mano de obra barata, útil, calificada para el sector privado. La segunda, sería la futura burocracia, intelectual y dirigente del país, pero sólo serán unos cuantos y estos egresados de instituciones educativas de difícil acceso, permanencia y egreso profesional, como lo es la escasez de lugares en las universidades públicas y la inaccesible entrada a las privadas.

La evaluación, necesaria para la rendición de cuentas por parte del Estado e insumo sustancial para la exigibilidad y justiciabilidad del derecho a la educación (como lo iba mostrando el INEE), ha quedado a expensas de la presión de grupos empresariales y de consorcios televisivos, que bajo el nombre de fundaciones, fuerzan para realizar evaluaciones que además de no beneficiar la educación integral de los estudiantes (como lo fue la Evaluación Nacional del logro Académico en Centros Escolares –ENLACE-), buscan continuar con la privatización escolar y la violación de los derechos laborales de los docentes.

Cabe mencionar que ya van dos años de reforma y aún no se cuentan con planes y programas de estudios para la educación preescolar, primaria y secundaria acordes con dicha reforma, lo cual deja ver la verdadera importancia que el gobierno federal le tiene a la educación en esta reforma.

Bajo los preceptos de calidad y evaluación, la ofensiva gubernamental se dirigió contra el magisterio y, específicamente, contra los docentes organizados en contra de las intentonas de políticas privatizadoras desde hace décadas. Su objetivo es sacar de las aulas a los profesores de las entidades más pobres, pero organizados: los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la educación (CNTE). En ese sentido, el binomio calidad y evaluación se convirtieron en la estocada a la defensa de la educación pública y gratuita y, el Estado aceptaría su incumplimiento en la calidad (si así fuera) antes de la reforma.

Se habla de una salida del secretario de educación, Emilio Chuayffet, y con ello la posible muerte de la “reforma educativa”, pero, ¿qué no esta reforma estaba muerta desde antes? Desmadrados a favor. Esperemos también quedarnos huérfanos de la otra madre.

Picaporte

Esperemos que la dignidad de la niñez sí sea un bien tutelado del Estado y la lista de protectores de pederastia no quede en la biblioteca vaticana.