España inicia el segundo semestre del año 2015 con una pérdida cuantiosa: se suma a la criminalización de la protesta social, en lugar de revertir los efectos económicos, sociales y políticos que han favorecido la corrupción y el enriquecimiento, lícito e ilícito, de unos cuantos. Los derechos de libre expresión y de manifestación quedaron restringidos por la Ley de Seguridad Ciudadana mejor conocida como Ley mordaza y las modificaciones al Código Penal, las cuales prohíben: a) manifestarse junto al congreso y el Senado; b) fotografiar a policías; c) obstruir a cualquier autoridad en detenciones a migrantes o “parar un desahucio”; d) escalar monumentos o edificios para protestar; e) la resistencia pacífica y las sentadas, es decir, lo que en México conocemos como plantones y; f) consultar frecuentemente sitios web sobre terrorismo, entre otros.

Asimismo, medidas regresivas como considerar terrorismo “[…] la comisión de cualquier delito grave contra la vida o la integridad física, la libertad, la integridad moral, la libertad e indemnidad sexuales, el patrimonio, los recursos naturales o el medio ambiente, la salud pública, de riesgo catastrófico, incendio, contra la Corona” (art.573), hacen pensar más en un orden político ultraconservador y no tanto republicano, moderno, al que se dirige la sociedad de esa nación. Además, las restricciones hacia la vida privada no podían faltar, ya que asuntos personales como la difusión de videos íntimos quedan sujetos a esta ley. Las sanciones irán de los 100 a 600 euros, para las faltas consideradas leves; 601 a 30 000 euros, las graves; y las muy graves, de 30 001 a 600 000 euros.

Mariano Rajoy y su Partido Popular aprobaron una medida desesperada ante su incapacidad por solventar las múltiples necesidades económicas, políticas, sociales y culturales del pueblo español. Esta ley, además de privativa de la dignidad y los derechos humanos, se convierte en un retroceso histórico para la nación ibérica, ya que regresa a los años de la dictadura de Francisco Franco, que se extendió de 1939 a 1975, y en la cual se cometieron infinidad de atrocidades contra los republicanos comunistas, la diversidad cultural y lingüística, además de violentar derechos individuales y colectivos.

Organizaciones de la sociedad civil y transnacionales, como Greenpeace y el partido político Podemos han denunciado que estas medidas jurídicas castigan la pobreza, la solidaridad y la protesta, con lo que es una norma propia de sistema dictatoriales, fascistas. Francisco Franco revive en esta nueva ley y con él el resurgimiento oficial del falangismo y el fascismo español.

En México sabemos de estas medidas de criminalización de la protesta social, solo falta recordar la denominada Ley para Proteger los Derechos Humanos y Regular el Uso Legítimo de la Fuerza Pública, Ley Bala, aprobada el 7 de mayo de 2014 en el Estado de Puebla, y que, tras las protestas y la muerte del niño José Luis Tehuatlie, obligaron al gobierno de Rafael Moreno Valle, tres meses después, a derogar dicha ley.

De igual forma aconteció en la Ciudad de México, donde el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, implementó en 2013, el Protocolo de Actuación Policial de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal para la Detención de Infractores y Probables Responsables, en el cual se permitía la detención arbitraria por parte de policías infiltrados en las manifestaciones como civiles, se encapsulaba a los manifestantes y se facultaba a los cuerpos policiacos para reprimir las manifestaciones con balas de goma y, de ser necesario, con disparos de arma de fuego.

La avanzada de la ideología de ultraderecha y derecha en el mundo es una constante, ya sea con partidos políticos y gobiernos conservadores, obviamente, pero también denominados progresistas. Los gobiernos prefieren limitar las libertades y los derechos fundamentales más que resolver los problemas que enfrentan sus sociedades, motivos de las protestas y actos de resistencia ante el poder.

La Ley mordaza es un reflejo tangible de esta avanzada fascista y dictatorial que no es un fantasma, sino un espectro que está latente en cada uno de los gobiernos capitalistas del mundo y, lamentablemente, en muchos de los ciudadanos que, solicitan medidas prohibitivas o sanciones en detrimento de la dignidad humana y de la búsqueda del bien común. Un espectro vive entre nosotros, el del fascismo.

Picaporte

Será que el gobierno federal mexicano apuesta al olvido de los mexicanos que aún Nos faltas 43 y, muchos y muchas más.