En 2015 se reabrió el debate acerca de la anulación del voto. Algunos analistas políticos consideran que esa medida es contraria a la democracia. Otros aducen que al anular el voto se premia al partido más poderoso y se castiga a los más débiles. Anular el voto es una decisión correcta cuando el electorado no  cuenta con candidatos idóneos que garanticen eficiencia y honestidad en los cargos públicos que pretenden ocupar.

En esta circunstancia el voto nulo tendría el carácter de voto de protesta. Protesta contra el establishment político, que, desde luego, es correcta, legítima y valida. Votar en blanco o abstenerse no es recomendable en ninguna circunstancia.

Para hacer una valoración adecuada de la anulación del voto, es necesario distinguir la diferencia que existe entre anularlo consciente y responsablemente (cruzando la boleta electoral con una cruz) y anularlo involuntariamente por una marcación errónea.

Por una legislación electoral ineficaz, los votos que se anulan en señal de inconformidad social y política, se contabilizan junto con votos mal emitidos. Enmendar esta deficiencia de la ley electoral es difícil, porque ningún partido político está dispuesto a suicidarse financieramente al legislar para que el voto anulado sea considerado como voto válido y con ello disminuyan sus prebendas financieras.

El voto es un derecho constitucional que tienen los ciudadanos mexicanos para elegir  a sus gobernantes y a sus legisladores. En la constitución de 1917, el movimiento revolucionario que enarboló la demanda de sufragio efectivo, no reelección refrendo ese importante derecho político al hacerlo extensivo a las personas que no sabían leer ni escribir. Sin embargo, fue hasta las elecciones intermedias de 1977, es decir, 80 años más tarde, cuando el voto adquirió efectividad. Efectividad que se mantiene vigente desde el momento que el gobierno se vio obligado a sacar las manos de los procesos electorales.

Se entiende que el sufragio es una especie de filtro que permite seleccionar al electorado a sus gobernantes y a sus legisladores. No es para ninguna otra cosa. No fue creado para premiar o castigar a los partidos políticos, aumentando o restándoles fuerza electoral.

El filósofo italiano Norberto Bobbio advirtió que todas las personas que alcanzan la categoría de ciudadanos deben ser libres de votar según su propia opinión. Misma que se manifiesta a partir del momento que los electores efectúan una libre selección de candidatos. Sin embargo, los electores no siempre pueden elegir a los mejores candidatos porque no los hay o escasean.

Las campañas electorales, por regla general, son insustanciales, muy pocas veces difunden los programas de trabajo de los partidos y de sus candidatos. Tampoco aportan información para conocer los antecedentes, aptitudes,  situación fiscal y patrimonial de éstos. Ante esta falta de información, la mayor parte del electorado emite su voto sin saber realmente por quien está votando.

El movimiento que postula la anulación razonada del voto, en la medida que crezca y se fortalezca, puede convertirse en un instrumento de presión popular que obligue a los partidos políticos a mejorar su actuación en la vida política del país, empezando por seleccionar candidatos a puestos de elección popular de mejor calidad. Es un movimiento que debe crecer, toda vez que anular el voto no equivale a desperdiciarlo.

Es obvio que todos los partidos políticos, sin exceptuar a ninguno de ellos, han contribuido a crear a la ahora incipiente corriente anulacionista, con su distanciamiento de la sociedad, su indiferencia por los reclamos populares y por su conducta absolutista.

La empresa de investigación estratégica de opinión y análisis Parametría pronosticó que uno de cada 10 electores anularía su voto en 2015.

En las elecciones del domingo inmediato anterior, hubo 1 millón 788 mil 393 votos nulos (cifras de las 23:15 horas del lunes 8 de junio). Por la forma como se manejan estos votos, no se sabe cuántos se anularon razonadamente y cuántos por un manejo erróneo. En las elecciones semejantes anteriores, es decir, las del 1de julio de 2012, se registraron 1 millón 867 729 votos nulos. Arrojando una diferencia de menos 79 mil 336 votos en 2015.

En la clasificación  nacional de los votos nulos en 2015, Puebla ocupa el cuarto lugar con 95,958. Después el estado de México con 219, 659; el Distrito Federal con 217 mil 087 y Veracruz con 95,113.

A Puebla le siguen, en orden descendente, 28 entidades federativas. Entre ellas, Chiapas con 84 mil 244 votos nulos; Jalisco con 80 mil 632 y Michoacán con 78 mil 426.

Si el movimiento anulacionista fuera partido político, el domingo 7 de junio,  habría clasificado arriba del Partido  del Trabajo, Nueva Alianza, Partido Humanista y Partido Encuentro Social. Y después del PRI, PAN, PRD, PVEM, Movimiento Ciudadano y Morena.

El movimiento anulacionista debe pugnar porque el voto nulo sea contabilizado como voto válido, porque, finalmente es un voto que se emite de forma razonada.

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