Aunque tardía e insuficiente y propiciadora de escepticismo, debe ser bienvenida la decisión del presidente de la república por poner en la agenda de su gobierno el tema de la corrupción. Tardía, porque lo hizo dos años, dos meses y un día después de tomar posesión del cargo. Insuficiente, porque pone la corrupción en manos de un miembro de su gabinete, Virgilio Andrade.

El martes 3 de febrero Andrade fue nombrado Secretario de la Función Pública, que hasta entonces no había tenido titular. La ausencia del mismo habla del poco interés del ejecutivo actual por las funciones de esa dependencia, entre ellas la prevención y sanción de la corrupción.

Pero además de tardía es sin duda insuficiente. Otro asunto sería si se hubiera echado a andar la Fiscalía General de la República como un organismo constitucional autónomo, y dentro de ella alguna dirección o dependencia encargada de prevenir y sancionar la corrupción gubernamental. Se trataría de un diseño novedoso, sin antecedentes en nuestro país, que daría mucho más confianza a la sociedad de que se está actuando en serio y no simplemente simulando.

El tema de la corrupción ha estado siempre en la agenda de la sociedad mexicana. Ha entrado en la agenda de algunos gobiernos, sin mucho éxito. De la Madrid (1982 y 1988) la puso en el centro de sus propuestas desde su campaña electoral. Su lema fue “por la renovación moral de la sociedad”, o algo así. Pero no tuvo logros concretos.

El gran reclamo que debe hacerse a los dos sexenios panistas es que no avanzaron en el combate a la corrupción. Un combate que estaba inscrito en los orígenes y la historia del panismo, en su ADN. En su peculiar lenguaje, Vicente Fox (2000-2006) habló de acabar con “tepocatas, víboras prietas” y otras alimañas que con sus prácticas corruptas desangraban al Estado mexicano y lo desviaban de sus funciones. No acabó con nada de eso. Tampoco Calderón (2006-2012).

El problema sigue estando en la agenda de la sociedad, y esta semana entró en la agenda de gobierno. El detonante, obvio, fue la publicación sobre casas propiedad del presidente, su esposa y su secretario de Hacienda que, por su valor y por estar relacionadas con constructoras que han tenido importantes contratos en el gobierno de Peña, despiertan sospechas fundadas.

Y hay sospechas fundadas por todos lados. Son más visibles quizá en los gobiernos de los estados, que cuentan ahora con mucho más recursos y mucho mayor autonomía que en el siglo pasado, pero que no han recibido la fiscalización correspondiente a esos incrementos. Hay datos escandalosos y chuscos, como el de un gobernador en Coahuila que endeudó en forma extraordinaria y fraudulenta a su estado, sin dar lugar más que a un escándalo mediático. O un exgobernador de Veracruz que declaró haber ganado la lotería dos veces.

Hay policías estatales que tienen entre sus funciones primordiales extorsionar ciudadanos. La ordeña de ductos de PEMEX, el robo de combustible de las tuberías de esta empresa, se ha vuelto al parecer una práctica habitual, de manera de que solo se explica si hay una red amplia de complicidades en torno a esa práctica. Y la lista puede agrandarse.

Ahora que el gobierno federal puso esta cuestión en su agenda hay que tomarlo en serio y tratar de que se vaya a fondo. Que no sea solo una simulación, un intento de tapar el sol con un dedo, para tratar de diluir el escándalo de las casas, la blanca y las otras. Que se vayan eliminando las formas más dañinas de la corrupción, no solo en el gobierno federal, sino en los estatales y municipales. Ya lo pasado, pasado es. El gobierno de Peña Nieto tiene el reto y la posibilidad de disminuir la corrupción de una manera eficaz, tal como no lo hicieron ni de la Madrid, ni Fox, ni Calderón. Si no lo hace, si da la razón a los escépticos que ven en su anuncio de esta semana una mera simulación, tendrá que pagar altos costos en su legitimidad.