En los regímenes democráticos, la participación ciudadana significa que los ciudadanos pueden participar para influir en las decisiones públicas, pero para ello, es necesaria la existencia de canales institucionales con diseños que faciliten la distribución de poder entre los diferentes actores políticos y no la concentración de éste en las autoridades gubernamentales.

Los gobiernos tienen la obligación de instaurar procedimientos institucionales para que los ciudadanos por la vía formal, participen en las acciones de gobierno.

No obstante, la inclusión de los ciudadanos en la toma de decisiones públicas de gobierno a través de mecanismos institucionales de participación ciudadana se torna complejo,  debido a las heterogeneidades y desigualdades existentes, pues gran parte de los ciudadanos  no tienen los recursos económicos, niveles de preparación, información, así como las estrategias políticas,  para participar y ser tomados en cuenta por los gobiernos.

El marco jurídico para el reconocimiento de la participación ciudadana en México y particularmente en el ámbito municipal, a través del artículo 115 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, confiere a los ayuntamientos la facultad para aprobar leyes que aseguren la participación ciudadana y vecinal. Los mecanismos que contemplan las leyes de participación ciudadana emanadas de la Carta magna son: Consejos de participación o comités de participación ciudadana y/o de obras, el plebiscito y referéndum.

En términos generales el rasgo distintivo de estas figuras jurídicas, es que mediante estos mecanismos, se puede involucrar a los ciudadanos en las gestiones administrativas con derecho a voz pero sin voto y sin poder de decisión.

En el municipio de Puebla, la normatividad municipal que regula la creación y funcionamiento de los mecanismos de participación ciudadana, son la ley orgánica municipal y el código reglamentario municipal, en estos ordenamientos, se incluyen mecanismos participativos con atribuciones consultivas, donde las decisiones son tomadas fundamentalmente por las autoridades del ayuntamiento, dejando sin capacidad decisoria a las juntas auxiliares, a pesar de ser instancias complementarias del ayuntamiento y que por su cercanía con la población y su facultad de gestión, pudieran ser un canal valioso para la deliberación de los problemas de interés de los ciudadanos.

Por lo tanto, los mecanismos institucionales del ayuntamiento, no están diseñados para permitir la vinculación de los ciudadanos en los procesos de decisión, y es que si bien es cierto, no es viable la participación de todos en  todos los procesos decisorios como uno de los ideales de la democracia directa, es inexcusable que la autoridad municipal en ejercicio de sus atribuciones, considere como una política municipal, otorgar facultades a los ciudadanos para desarrollar  capacidades para la participación y la deliberación que les permitan influir  en  las decisiones de interés público, no sólo opinando, sino orientando las acciones del gobierno municipal, en beneficio de las necesidades económico-sociales de  los ciudadanos.

Y es que a través de los mecanismos de participación ciudadana vigentes en el municipio de Puebla en el mejor de los casos, se emiten opiniones respecto a las preferencias o niveles de satisfacción de los programas o políticas que ejecuta el gobierno municipal, pero son mecanismos burdos de justificación y legitimidad del quehacer de la autoridad municipal.

A lo anterior se suma el hecho que si bien en el municipio de la ciudad capital se han presentado escenarios de alternancia partidista; y con ello,  la apertura gradual  de los espacios de transparencia para el acceso a la información de la gestión administrativa mediante portales en internet, este medio de comunicación sigue siendo insuficiente  para  ampliar  la cobertura de acceso a la información que permita a la mayor parte de la población, enterarse de los mecanismos de los que dispone el gobierno municipal para poder participar en las decisiones de servicios públicos y políticas públicas.

Esta realidad  dificulta  la inclusión de los ciudadanos mediante formas directas de consulta y participación, y evidencia las debilidades de las instituciones de representación local, que no estimulan la participación organizada de la sociedad, de ahí que ésta sea dispersa y desarticulada para alterar el funcionamiento de las estructuras de poder.

En términos razonables, no todas las demandas de la población son viables, la  tarea de analizar la factibilidad y prioridad por la disponibilidad de recursos que el gobierno municipal tiene, le corresponde a las autoridades, pero éstos deben  justificar ante los ciudadanos, qué demandas serán atendidas,  cuáles corresponden a otras instancias de gobierno o no son viables de realizar;  de manera que, haciendo uso de la deliberación, dirección y coordinación,  autoridades y ciudadanos,  adopten decisiones públicas óptimas.

Sin duda alguna,  la participación de los ciudadanos requiere tiempo, interés, recursos, capacidades, pero mucho depende de la voluntad que tengan para participar, pero sobre todo de la confianza y facilidades que les den sus representantes y autoridades.

La democracia se percibe como un sistema de gobierno en el cual además de definir procesos administrativos que involucren a los ciudadanos en la gestión administrativa de gobierno, es pertinente implementar mecanismos y procedimientos participativos que estimulen de manera permanente, la interacción entre ciudadanos y gobernantes en la búsqueda de soluciones.

En ese sentido, se trata de potenciar derechos para que los ciudadanos puedan deliberar e incidir en la acción de gobierno y tener administraciones más democráticas que influyan en el control  y evaluación de las decisiones tomadas por los gobernantes.

En el municipio de Puebla, existen mecanismos poco flexibles de participación, para conducir  el proceso de transformación  de  demandas, por lo que habría que reestructurar el diseño institucional para establecer condiciones legales y administrativas para la democracia participativa, y no reproducir prácticas clientelares, corporativas, utilizando los mecanismos de participación, como instrumentos para  legitimar a las élites que detentan el poder.

Un reclamo cada vez más creciente es hacer posible  una verdadera consulta para la aprobación de una Ley de Participación Ciudadana de competencia estatal y municipal en Puebla.

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