Son tiempos de cambios, de renovación. No parece haber otra salida. Se avecina la salida de una parte importante del gabinete estatal, precisamente tras la reflexión de los últimos acontecimientos lamentables que llevaron a Puebla a ocupar los encabezados en la prensa nacional y hasta internacional.

El PRI responsabilizó del operativo que se ejecutó el pasado 9 de julio al secretario General de Gobierno, Luis Maldonado Venegas y al de Seguridad Pública, Facundo Rosas Rosas.

¿Quién se irá?

Veamos.

¿Dónde queda Chalchihuapan, cómo es, cómo luce, dónde queda?, si antes no lo ubicábamos claramente en el mapa del estado, hoy ya trascendió las fronteras nacionales, y no precisamente por las buenas noticias. El fallecimiento de un niño es la nota más grave de lo que ya se conoce como ‘el caso Chalchihuapan’, el detonante de una serie de decisiones legislativas, sociales y políticas, cuyos resultados ya todos conocemos.

Pero si tenemos que sumergirnos en el origen, sería la propuesta de la también ya famosa (lastimeramente famosa) ‘Ley Bala’, (ordenamiento que establece el uso de “armas no letales” para dispersar las manifestaciones, incluyendo las balas de goma), junto con la franca confrontación con las juntas auxiliares al quitarles una de las pocas facultades que ejercían entre la población de su región: el registro civil.

La manifestación de este martes en la que más de cien poblanos exigieron ante las puertas del Congreso la derogación de esa ley, así como el retorno de las funciones de registro civil a las Juntas Auxiliares en todo el estado, es apenas una incipiente expresión de un malestar, que no es de una familia, un grupo político, un municipio, un sector, sino de una parte significativa de la población que se siente agredida, angustiada e indefensa.

Sobre todo, a raíz de las reacciones que su gobierno ha tenido, principalmente, de las fuerzas policiacas, ésas, cuyo deber y razón de ser es de protegerla.

Los focos amarillos se apagaron desde hace tiempo para encenderse los rojos.

Y nadie pareció notarlo.

También parece de más decir que el gobierno no reaccionó a tiempo en cuanto se manifestaron los primeros agravios de la gente: nadie quiso escucharlos, ni tomarlos en cuenta.

Quien debió de ser el termómetro para medir el pulso social, no lo hizo.

Y  por el contrario, la tarjeta informativa que se envió a Casa Puebla fue minimizar el sentir de la población.

La avalancha siguió su paso, y, según parece, se actuará para que se detenga, antes de que arrase con todo lo que se encuentre a su paso.

Según los informados en el primer círculo de poder del gobierno estatal, se tomó la decisión para un cambio de estrategia.

Será radical.

Se empezó con abrogar la ‘Ley Bala’, por solicitud misma de quien la promovió: gobernador, para después, reajustar modificaciones esenciales en el gabinete de Rafael Moreno Valle. La exigencia del PRI fue la salida del dos de los más altos funcionarios del estado.

Saldrá uno.

Por lo menos.

La posición de Luis Maldonado es insostenible. Casi siempre lo es para un secretario de Gobierno ante una tragedia.

La gente exige una cabeza, tras el caso Chalchihuapan: y el gobernador se las dará.

Sin lugar a dudas.

Pero más allá de que un funcionario caiga, el punto de origen obedece a que no existen los interlocutores apropiados para escuchar, analizar y solucionar conflictos sociales.

Y eso es lo más preocupante del caso.

Se podrá abrogar la Ley Bala.

Podrá renovarse todo un gabinete estatal.

Pero si no se escucha a la gente, si no se respeta su sentir, si no existen los intermediarios dispuestos a solucionar problemas en vez de sólo hacer cumplir la ley, cuidado, la avalancha seguirá su paso.

Y será letal.

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