Comenzamos el año y ya se empiezan a resentir los efectos antipopulares de las reformas enviadas al Congreso de la Unión por el ejecutivo federal el año pasado. Comentábamos que la administración de Peña Nieto necesitaba sacar adelante todas sus iniciativas en paquete, para que el  tiempo desgaste fuera menor y la percepción ciudadana se dispersara a lo largo del sexenio. El presidente abrió todos los frentes y los fue combatiendo uno a uno hasta lograr en diciembre pasado, aprobar la reforma energética, el nuevo régimen priísta mostró su fortaleza y las oposiciones de derecha e izquierda que fueron cooptadas  presumieron sus míseras victorias y evidenciaron sus debilidades.

El primero de enero en todos los establecimientos comerciales y en especial en la zona fronteriza con Estados Unidos se actualizaron los precios de acuerdo a la reforma hacendaría la cual establecía nuevos impuestos o alzas de los mismos, por si fuera poco el precio de las gasolinas sigue en constante aumento. El impacto que tiene la reforma en el bolsillo de los trabajadores es directo, ya que al tiempo en que se presupuesta una alza en los impuestos, el salario mínimo incrementó solo $2.39, lo cual no es suficiente para cubrir los aumentos de la carga impositiva aprobada por diputados y senadores. Como ejemplo, el incremento al salario mínimo apenas si alcanza para cubrir la alza al boleto del metro en la Ciudad de México.

A pesar de que el gobierno federal anunciara que con la reforma energética los precios de las gasolinas y la electricidad bajarían lo cierto es que este 1 de enero, la CFE aplicó un incremento en sus tarifas de un 1.2%  que se acumulará cada uno de los bimestres del año lo mismo sucederá con el incremento del gas LP de 17 centavos el cual es consumido en la mayoría de los hogares mexicanos a lo que se sumarán los “gasolinazos” mensuales.

Otro efecto que veremos este año será la puesta en marcha de la reforma educativa y el actuar del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE). La publicación de plazas, aplicaciones de exámenes, la centralización de las nóminas a través del gobierno federal, la poca participación de los sindicatos tanto nacionales como estatales en el proceso educativo ponen en riesgo la estabilidad laboral del magisterio y aún falta por definir los acuerdos si es que los habrá a los que puedan llegar Gobernación y  la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación.

En cuanto a la reforma política, la cual Acción Nacional utilizó como moneda de cambio para aprobar la energética, tiene cambios significativos que empezaremos a ver en este año como la creación del Instituto Nacional de Elecciones (INE) que fue cuestionado por la consejera presidenta del IFE, el cual entrará en funciones para las elecciones intermedias del 2015, y que tiene como ingrediente adicional el satisfacer el apetito político de legisladores y alcaldes que busquen la reelección. Sin embargo, se dejaron fuera temas trascendentales para la vida democrática del país como son  segunda vuelta en la elección presidencial, referendum y revocación de mandato. Se encuentra en discusión la Ley de Consulta Ciudadana la cual puede ser enviada a la “congeladora” en el Senado por las consecuencias que traería su aprobación al ser cuestionada la falta de legitimidad democrática de las reformas estructurales principalmente la energética.

Esto es apenas el comienzo de lo que será un  sexenio que apuesta su legitimidad a los resultados derivados de dichas reformas y que ahora se enfocará a administrarlas de manera eficiente como lo prometió en su campana el presidente Enrique Peña Nieto. Lo cierto es que los mexicanos seguimos pagando el precio de tener un régimen político en el que el presidente propone y el Congreso aprueba sin un debate de fondo y no sabemos hasta donde llegarán los costos sociales  de estas decisiones en los próximos años.