Mejorar la Calidad de la Educación

  • Juan Pablo Piña
Sin duda, uno de los más grandes pendientes en México es la educación pública.

Si bien existen maestros profesionales, entregados a la noble tarea de la educación, también es cierto que un número no menor de docentes han encontrado en algunos sindicatos gremiales un modus vivendi cuya finalidad no es la educación, sino obtener beneficios personales y gremiales.

Muchas veces he escuchado la pregunta “¿qué podemos esperar de los niños mexicanos cuando sus maestros son los primeros en darles un pésimo ejemplo?”

¿Cómo no hacer esa pregunta cuando vemos las principales ciudades del país en caos por las manifestaciones (muchas veces agresivas) de los maestros, en lugar de estar educando en las aulas por no estar de acuerdo en ser evaluados? Por ejemplo.

A propósito, este lunes, Bárbara Ischinger, Directora de Educación y Capacitación de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) entregó al Gobernador del Estado de Puebla el estudio “Mejorar el Sistema Educativo en México. Una perspectiva estatal desde Puebla”.

El estudio concluye con 14 recomendaciones para cuatro áreas prioritarias: 1) Fortalecer el apoyo a escuelas y estudiantes; 2) Mejorar la calidad de los maestros y directores de escuela; 3) Ampliar el acceso a la educación media superior e incrementar la calidad, y; 4) Mejorar la planeación, el financiamiento y el uso de infraestructura escolar.

El estudio, elaborado en conjunto por un grupo de especialistas y autoridades estatales, se sirve de indicadores y comparativos para señalar las áreas en las que aún se puede mejorar en materia educativa en Puebla.

Una parte importante del estudio señala que las mejoras al sistema educativo estatal pueden impulsarse desde el gobierno local, pero que sin duda existe un estrecha relación y dependencia de las medidas que se tomen desde el ámbito federal.

Aquí es donde toma vigencia la reforma educativa del Presidente Enrique Peña Nieto, recientemente aprobada por el Congreso de la Unión y por los Congresos de los Estados.

Pero ¿en qué consiste esta reforma?

En primer lugar se eleva a rango consituticional la función docente, se crea un régimen jurídico específico con disposiciones laborales que regulan el ingreso, promoción, reconocimiento y permanencia de los maestros de las escuelas públicas, que aunque puede mejorarse, es un primer esfuerzo para sacar de la nómina a aquellos maestros que no cumplan con los conocimientos y aptitudes necesarios para ser educadores.

En segundo lugar se crea el Sistema Nacional de Evaluación Educativa que dependerá de un organismo constitucionalmente autónomo (Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación), cuyo principal objetivo es garantizar la calidad de la educación impartida en las instituciones públicas.

Por lo que hace a padres de familia, este nuevo régimen prohíbe de manera expresa las cuotas “voluntarias” como condición para poder inscribir a los alumnos, el acceso a los salones de clase, la aplicación de exámenes y la entrega de todos los documentos oficiales como boletas de calificaciones, constancias académicas, etc.

Igualmente, uno de los propósitos es mejorar las instalaciones educativas, se centra la atención en las zonas de mayor pobreza en el país y se prevé que las escuelas tengan horarios de 6 a 8 horas y con alimentos nutritivos para los estudiantes en las comunidades más marginadas.

Creo que el esfuerzo es muy digno, perfectible sin duda, pero es el primer paso en el camino correcto para que el Estado Mexicano reivindique su papel como ente rector de la educación en el país.

En conjunto, la Ley Nacional de Evaluación Educativa, Ley General de Servicio Profesional Docente y las reformas a la Ley General de Educación, deben sentar las bases y marcar el rumbo de la educación en México.

Ojalá el esfuerzo no termine ahí y pronto veamos mejoras sustanciales en nuestras escuelas públicas y se genere un circulo virtuoso con los graduados de las mismas, quienes en un futuro serán los maestros de las generaciones por venir.

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Juan Pablo Piña

Juan Pablo Piña Kurczyn es poblano de nacimiento, licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana, Maestro en Derecho por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona y por la Universidad de París 2 (Panthéon-Assas).

Actualmente es Secretario General de la Fundación Colosio a nivel nacional.

Fue Visitador General de la CNDH, Secretario de Servicios Legales y Defensoría Pública en el Gobierno del Estado de Puebla y Consejero Jurídico para México y América Latina de Nokia.

Ha colaborado con diversos medios de comunicación como articulista y comentarista.