Oportunista el nombre de “Maratón la Estrella de Puebla”, con el José Manuel Youshimatz Sotomayor, Director del Instituto Poblano del Deporte, “bautizara” -ni que fuese una panadería (La Flor de Puebla)- al que históricamente fuese conocido como “Maratón Internacional de la Ciudad de Puebla”, sin embargo, te comento que la página http://www.maratondepuebla.com/index.php#, dispone, a diferencia de lo que te relatara en una carta anterior, de mayor información, pues aunque limitada -la ventana “historia”, tiene propaganda pero no alude para nada a la misma-, menciona sitios de inscripción, no incluye el formato electrónico, fecha de realización, cupo, premios, rifas, tipos de eventos, categorías, horarios, mapas, políticas de abastecimiento y distribución de paquetes, aunque carece de altimetría, te comentaría de manera adicional, que que bueno que el medallista olímpico, atiende sugerencias y que vincula una competencia que debiese ser de altura, con promoción del turismo de la ciudad capital de la entidad “consagrada” a Ignacio Zaragoza.

Pero, y, aún cuando “funcionarios y políticos” vinculados con la administración de Enrique Peña Nieto, opinan que con  la aprobación de medidas en  “materia de financiamiento educativo” (Ley de Coordinación Fiscal) no son contrarias al federalismo y que con ella se fortaleciera  “la transparencia”, surgen muchos bemoles, incluidos los emanados de la doctrina jurídica, motivo por el que, la iniciativa de reforma a la Ley de Coordinación Fiscal debiese ser leída y analizada, a  fin de encontrar “razones” que motivan los cambios, Gracia. Que “Con lo aprobado también se hace más eficiente la aplicación de recursos del sector educativo #ReformaHacendaria”, (Manlio Fabio Beltrones http://noticieros.televisa.com/mexico/1310/aprueban-diputados-reformas-ley-coordinacion-fiscal/) implicaría reconocer a “contrario sensu”,  que, como cuestiona la Auditoría Superior de la Federación, la aplicación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica (FAEB) es opaca, con cargo a la normatividad aún vigente y a las autoridades locales (gobernadores y secretarios de educación de las entidades federativas), y adicionalmente, poco eficiente por criterios atribuible a distorsiones en la aplicación de la fórmula de reparto de los fondos federales (sector educativo).

Aspiración largamente acariciada por muchos de quienes gobernasen, en su momento, a entidades perdedoras (18), defendida por quienes recibían recursos adicionales que se les transferían de las primeras (5 de 12, entre ellas los estados de México y Puebla), la fórmula mediante la que se asignaban, hasta ahora, los recursos federales para el sostén del sistema educativo de origen federal, se encontró cuestionada de manera permanente y sin embargo tras su sustitución, en trámite, genera por lo menos inquietudes en todas las entidades y aunque sin embargo, Gracia, los motivos esgrimidos, justifiquen, que, “el Ejecutivo Federal propone (proponga) la creación del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE), el cual generará un adecuado control administrativo de la nómina de los maestros transferidos a los estados en el marco del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de mayo de 1992, así como por los convenios que de conformidad con el mismo fueron formalizados con los estados por parte de la Federación”, propuesta validada, consideración Vigésima primera, expuesta por la   Comisión  de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados, (17 de octubre 2013), mediante dictamen, calificada por los autores, como “necesaria”, “adecuada” (considera adecuado que el FONE cubra en su totalidad los recursos para cubrir los gastos en servicios personales correspondientes al personal que ocupa las plazas transferidas a los estados en el marco del Acuerdo a que se refiere el párrafo anterior, las cuales serán registradas por la Secretaría de Educación Pública, previa validación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, dentro del Sistema de Información y Gestión Educativa,) y “acertada” (Vigésima segunda) “La que dictamina considera acertado que la Secretaría de Educación Pública se encargue de establecer un sistema de administración de nómina, donde las autoridades educativas de las entidades federativas registrarán la información correspondiente de la nómina educativa. A través de este sistema, dicha Secretaría solicitará a la Tesorería de la Federación realizar el pago correspondiente directamente a los maestros, por cuenta y orden de las autoridades educativas de las entidades federativas las cuales en todo momento mantienen el carácter de patrón en la relación laboral que tienen con el personal educativo. Tanto la Secretaría de Educación Pública como la Secretaría Hacienda y Crédito Público, deberán emitir las disposiciones y los plazos que deberán observar las entidades federativas para registrar la nómina en dicho sistema.”.

Motivos adicionales del ejecutivo, compartidos por los “dictaminadores, brillan con luz propia, entre ellos destacan: la creación de plazas con cargo al FONE estará alineado con los propósitos de la reforma educativa particularmente en las modificaciones aprobadas en la Ley General de Educación, así como con el objetivo de la recientemente aprobada Ley General del Servicio Profesional Docente.” ,” (ingreso, permanencia, promoción, reconocimiento), y, la negociación única salarial “para los maestros que ocupen las plazas que fueron descentralizadas a los Estados,” acorde al techo presupuestal aprobado en el Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio correspondiente y a “Las metas y objetivos contenidos en la Ley General del Servicio Profesional Docente, así como los resultados alcanzados.”. Tal parece que como en el juego de la pirinola “Todos hacen trampa” y aunque no les guste Gracia, se pondrá fin a los comisionados sin conocimiento de las autoridades, a la creación sindical de plazas y nuevos centros de trabajo, a la disposición de los recursos para fines distintos a los presupuestados y de paso, al federalismo mexicano.