La gimnasia y la magnesia: los temores y las dudas que obstruyen la reforma.

  • Juan Martín López Calva
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Muchas de las reacciones que recibo en las redes sociales a partir de los artículos que he dedicado al tema de la reforma educativa me llevan a pensar que la discusión –que no debate- sobre el tema, se ha ido empantanando porque se está confundiendo, como se dice popularmente, la gimnasia con la magnesia.

“No nos oponemos a la evaluación pero los que la van a realizar no conocen nuestra realidad como maestros rurales…o la diferencia de contextos” etc. es una de las posturas más difundidas por quienes están oponiéndose a los cambios legales que se han aprobado recientemente.

Veamos: resulta que en el mundo actual no hay profesión o actividad que no se someta a evaluación y cuya evaluación no tenga consecuencias. Todos los que trabajamos en la educación privada por ejemplo, tenemos cada período escolar que ser evaluados en la docencia por nuestros estudiantes y por los coordinadores de los programas en que damos clase y quienes desarrollamos actividades de gestión somos periódicamente sometidos a evaluación para fines de retroalimentación, estímulos, mejora o incluso remoción. Los que desarrollamos además actividades de investigación, tenemos que evaluarnos ante comités internos institucionales o ante instancias externas como el Sistema Nacional de Investigadores que nos pide dar cuenta de nuestra producción en libros o artículos, ponencias en congresos, asesoría de tesis, dictaminación de trabajos de investigación o desarrollo de patentes. Todas estas evaluaciones tienen consecuencias.

Quienes trabajan en otro tipo de instituciones o empresas privadas y también crecientemente en las públicas están también sujetos a evaluaciones constantes de su trabajo. Los políticos –a quienes los opositores a la reforma exigen evaluarse- tienen sin duda que someterse a evaluación. Sondeos de opinión, encuestas de imagen y en última instancia las elecciones donde los votos que obtienen son una clara evaluación de parte de la ciudadanía son mecanismos de evaluación donde los políticos obtienen su permanencia, ascenso o ven finalizada su carrera política.

En todos los casos referidos anteriormente, no existe la figura de plaza vitalicia pues aunque en las empresas o instituciones educativas privadas se firmen contratos por tiempo indefinido, estos contratos tienen siempre una posibilidad de rescindirse a partir de los resultados de las evaluaciones que se practican. En el caso de los políticos, los puestos de elección tienen también un período estricto de ejercicio y postularse para otro cargo implica una evaluación del ejercicio anterior.

Cada una de estas actividades se desarrolla en contexto distintos y cada empleado en particular desarrolla su trabajo en condiciones muy diversas y sin embargo se somete a evaluaciones que se basan en criterios más o menos homogéneos pues contemplan las competencias básicas que debe tener cualquier empleado que desarrolle esa actividad, aunque en general toda evaluación bien construida toma en cuenta también las diferencias contextuales y de recursos con las que trabaja cada empleado de acuerdo a su realidad específica.

Esta objeción confunde el establecimiento de un sistema de evaluación para el ingreso, promoción, estímulo o remoción de los docentes con la forma concreta del sistema que aún no está definida y que no tendría por qué no tomar en cuenta estas diferencias de condiciones, aunque también tendrá que valorar las competencias genéricas que todo docente debería tener de acuerdo al perfil de profesor que se defina como deseable.

Apoyemos que se legisle la evaluación y participemos críticamente para que los mecanismos que se establezcan para realizarla tomen en cuenta estas diferencias.

“Está muy bien que haya evaluación, pero ¿Qué garantiza que no se maneje de manera discrecional y corrupta?” es otra de las objeciones que frecuentemente se esgrimen para combatir las nuevas leyes en educación. Cuando se responde que por ello se ha creado el INEE como organismo autónomo, independiente de la SEP, del sindicato y con facultades de decisión que eliminan al máximo la actuación bajo presión o intereses extra-académicos, la respuesta es que existen otros órganos  autónomos como el IFE o el IFAI que han tenido muchos cuestionamientos sobre su independencia y sospechas de corrupción.

Esta segunda objeción mezcla también dos elementos: la pertinencia de la evaluación como un medio para obtener información que sirva para la toma de decisiones de mejora –tanto académicas como laborales, ojalá bien diferenciadas- con la desconfianza y la decepción que se han ido construyendo en la sociedad mexicana a partir por un lado, de las inevitables fallas de las instituciones y por otro de las reacciones y campañas orquestadas por quienes se han visto afectados por las decisiones de estos órganos autónomos y que prefieren socavar el prestigio institucional y los avances democráticos que reconocer sus propios errores y derrotas electorales.

A pesar de esta desconfianza generada y magnificada a veces por intereses particulares, es indudable que México ha avanzado en el fortalecimiento institucional que si bien nunca será perfecto y puro, libre de tensiones y sesgos, puede funcionar y ha funcionado en la mayoría de los casos, en un margen razonable de autonomía y transparencia.

Apoyemos la evaluación y luchemos porque el sistema de evaluación se diseñe de una manera que evite al máximo la corrupción en sus mecanismos.

Un paso fundamental para pasar de la discusión entre posturas cerradas y radicalmente opuestas al debate de argumentos que apunten a la construcción de una reforma educativa real está en la distinción entre lo que está escrito en las leyes aprobadas y sus intenciones originales y los temores, desconfianzas y supuestos sociales al respecto: dejar de confundir la gimnasia con la magnesia.

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Juan Martín López Calva

Doctor en Educación UAT. Tuvo estancias postdoctorales en Lonergan Institute de Boston College. Miembro de SNI, Consejo de Investigación Educativa, Red de Investigadores en Educación y Valores, y ALFE. Profesor-investigador de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP).