Un par de días después de la publicación del artículo de la semana anterior en el que manifestábamos la urgencia de continuar con el proceso de reforma educativa, el presidente Peña Nieto envió al congreso las iniciativas de leyes secundarias de la reforma educativa. Esta es una buena noticia para quienes pensamos que la educación requiere una transformación profunda que apunte en la línea de ofrecer a nuestros niños y adolescentes una formación de calidad que promueva la equidad entre todos los mexicanos.

En cuanto se dio a conocer esta noticia, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE inició movilizaciones y bloqueos para protestar, con la demanda no solamente de que no se aprueben las leyes secundarias sino de revertir las reformas a los artículos constitucionales recientemente aprobadas.

La justificación para estas protestas se envuelve en el eslogan: “En defensa de la educación” y esgrime una supuesta embestida del gobierno y los empresarios para privatizar la educación pública.

Si analizamos con seriedad los enormes problemas que tiene nuestro sistema educativo resulta insostenible pensar que la forma adecuada de defender la educación consiste en oponerse a la reforma educativa planteada.

Si de verdad estamos a favor de defender la educación, no podemos admitir que el sistema siga teniendo los pésimos resultados que muestran todas las evaluaciones nacionales e internacionales del aprendizaje. Si es auténtica nuestra postura de defensa de la educación, no podemos seguir negándonos a saber cuántos docentes están incluidos en la nómina de la SEP, en qué instituciones trabajan y a qué tipo de labores se dedican.

En cuanto a la oposición a la privatización educativa, si somos congruentes con este discurso deberíamos oponernos a que las plazas de los profesores, pagadas con dinero público, sigan siendo consideradas propiedad privada de los profesores que las ostentan de manera vitalicia sin ningún tipo de evaluación y que pueden –ellos o el sindicato- rentarlas, venderlas o heredarlas a sus familiares tengan o no vocación y capacidad.

De manera que una defensa seria de la educación tiene que manifestarse en una enérgica y crítica posición de impulso a una verdadera reforma educativa. Desde mi punto de vista, esta reforma auténtica de nuestra educación debe contemplar algunos puntos cruciales como los siguientes:

-El establecimiento de un sistema profesional de carrera docente tal como lo plantean las reformas constitucionales. Un sistema profesional en el que las plazas del sistema educativo sean otorgadas y mantenidas a partir de concursos de oposición o exámenes rigurosos de competencias docentes y todas las promociones y estímulos a los educadores y directivos se otorguen a partir de su desempeño y no de prebendas políticas o sindicales.

-Un sistema de evaluación integral, que contemple tanto mecanismos, instrumentos y procesos de evaluación formativa, destinados exclusivamente a conocer las fortalezas y debilidades de las prácticas educativas y directivas con fines de mejora continua como mecanismos, instrumentos y procesos de evaluación con fines de toma de decisiones sobre el ingreso, promoción y permanencia de los docentes en sus posiciones. Estos dos tipos de evaluación deben estar claramente diferenciados y no mezclarse si no se quiere pervertir el proceso. Por otra parte, los mecanismos de evaluación deberán contemplar tanto pruebas estandarizadas como otro tipo de instrumentos y mecanismos de carácter cualitativo e incluir la autoevaluación y la evaluación de los estudiantes, padres de familia, directores y todos los actores que tengan relación con las prácticas a evaluar.

-Un sistema complejo, abierto, eficiente y riguroso de formación permanente de los educadores y directivos del sistema escolar, que se diseñe y opere desde instituciones académicas serias y especializadas como las universidades y las normales de calidad y no desde la misma secretaría.

-Una reforma profunda del sistema de formación de futuros docentes y directores, que transforme de fondo a las escuelas normales poniéndolas a la vanguardia en infraestructura, currículo, equipamiento y profesorado e investigación y que permita que las universidades a través de sus licenciaturas en Educación, Pedagogía, Psicopedagogía y otras afines, puedan formar a los docentes que se incorporen al sistema educativo público y privado rompiendo con el monopolio existente.

-El otorgamiento de autonomía real y efectiva a las escuelas en la toma de decisiones y en el ejercicio de recursos para mejorar la calidad, apuntando hacia la construcción de un sistema educativo descentralizado y de alta complejidad.

-La reforma y fortalecimiento de los mecanismos de participación social en la escuela, que permitan una verdadera participación de los padres de familia y de la comunidad en las decisiones escolares que sean de su competencia.

-El establecimiento de un sistema de profesionalización de los funcionarios de las distintas áreas y niveles de trabajo en la secretaría de educación pública, que garantice que quienes trabajan en el ámbito de las políticas públicas en educación, empezando por el secretario federal o los estatales, sean personas que conozcan a fondo el sistema educativo y estén comprometidos con él.

El planteamiento, desde el respeto a al autonomía sindical, de condiciones para una reforma sindical que democratice al SNTE y refuerce su papel como garante de los derechos de los trabajadores, evitando su uso corporativo y político partidista y el manejo discrecional y opaco de los recursos de las cuotas sindicales y los recursos públicos que se les asignan para programas específicos.

Luchar por estos y otros puntos esenciales para la mejora de la educación, vigilar críticamente que las leyes secundarias que se aprueben tengan un carácter de mejora de la calidad y no de mero control burocrático o de maquillaje con fines políticos sería realmente asumir una postura de defensa de la educación y no de resistencia al cambio para conservar privilegios inaceptables.