Ciertamente que no hay tarea más ingrata (ni más indispensable al mismo tiempo) para cualquier gobierno del mundo, que la imposición y la recaudación de las contribuciones que cada ciudadano, cualquiera que sea su condición económica, tiene que pagar a la hacienda pública para el sostén del mismo aparato de gobierno y para hacer frente a los gastos e inversiones que no corresponden, no pueden o no deben efectuar los particulares. La esencia de la dificultad estriba en dos cuestiones básicas: 1.- Cómo lograr  que el ciudadano comprenda y acepte de buena gana como necesidad ineludible el pago de impuestos para financiar los gastos gubernamentales; y 2.- Cómo debe diseñarse el sistema impositivo para que todo mundo lo perciba equilibrado y justo, es decir, para que nadie sienta que se le trata con más dureza que a su vecino, que eventualmente goce de mejor situación económica.

            En relación con la primera cuestión, la experiencia de varios siglos de política fiscal ha demostrado que no basta, ni con mucho, una explicación amplia, clara, educativa y convincente, para que el ciudadano acepte plenamente, y cumpla con gusto (o cuando menos con buena voluntad) su obligación tributaria; que es necesario, además, que el contribuyente perciba con toda claridad el beneficio real y concreto que, en reciprocidad, se deriva del desempeño eficiente del gobierno. Es indispensable que el hombre de la calle reciba puntualmente la parte proporcional de los frutos contantes y sonantes que a sus esfuerzos corresponde, tales como obra material; más y mejores oportunidades de desarrollo social y humano para todos, en particular para los que menos tienen; y servicios básicos de calidad como educación, salud, vivienda, agua potable y un ambiente sano para la población. Y no basta con eso. El ciudadano medio no se conforma ya con el puro bienestar material; exige, además, libertad individual plena; derechos políticos, sociales y legales efectivos y garantizados; trato respetuoso y atención verdadera a sus reclamos, demandas y necesidades básicos por parte de los funcionarios que, en teoría, están a sus servicio, y, en los hechos dependen de sus impuestos para vivir y desempeñar su cargo. Ya el barón de Montesquieu, con su estilo conciso y preciso, lo dijo así: “…¿cómo pagar tributos considerables a un gobierno que cobra y no corresponde con beneficio alguno?”

            Vistas así las cosas, parece obvio que no son sólo los ciudadanos quienes necesitan de una comprensión clara y profunda de qué son y para qué deben servir los impuestos recaudados por el Estado; quizá la necesiten más todavía los funcionarios que, amparados tras el “poder del escritorio” (burocracia) y olvidándose de la verdadera relación entre ellos y el contribuyente, no sólo niegan a los menesterosos sus demandas más sentidas y elementales poniendo por encima de ellos sus propios “planes de inversión y desarrollo”, sus intereses personales o de grupo y hasta sus simples caprichos, si no que, todavía más, los maltratan, ofenden y amenazan, directamente y a través de la prensa a su servicio, pasando brutalmente por encima de sus derechos tutelados por la legislación vigente. A este tipo de “político” es a quién creo que le haga falta (o al menos no le perjudica) conocer el punto de vista del barón de Montesquieu al respecto:

            “Las rentas del Estado –dice– son una parte que da cada ciudadano de lo que posee para tener asegurada la otra, o para disfrutarla como le parezca. Para fijar éstas rentas se han de tener en cuenta las necesidades del Estado y las de los ciudadanos. Es preciso no exigirle al pueblo que sacrifique sus necesidades reales para necesidades imaginarias del Estado”. Y añade en seguida: “Son necesidades imaginarias las que crean las pasiones y debilidades de los que gobiernan, por afán de lucirse, por el encanto que tiene para ellos cualquier proyecto extraordinario, por su malsano deseo de vanagloria, por cierta impotencia de la voluntad contra la fantasía. A menudo se ve que los espíritus inquietos, gobernando, han creído necesidades del Estado las que eran necesidades de sus almas pequeñas”. (Montesquieu, “Del espíritu de las leyes”; los subrayados son míos, ACM). Cabe la pregunta: ¿A cuántos de nuestros funcionarios les viene el saco?

            Sobre el crear un sistema impositivo equilibrado y justo, no hay que olvidar que ésta es, precisamente, una de las exigencias del ciudadano para cumplir cabalmente con su obligación fiscal, y uno de los mejores recursos para reducir la evasión. Al respecto, dice Montesquieu: “No hay nada que los gobernantes deban calcular con más prudencia y más sabiduría que las contribuciones, esto es, la parte de sus bienes exigible a cada ciudadano y la que debe dejársele a cada uno. Las rentas públicas no deben medirse por lo que el pueblo podría dar, si no por lo que debe dar…”. Mostrando lo “modernos” que son los que pregonan el impuesto indirecto (IVA) como el último grito de la moda, Montesquieu desenmascara, al mismo tiempo, el mecanismo sicológico profundo que subyace a las “bondades” que se le atribuyen: “Los derechos impuestos a las mercaderías son los que el pueblo siente menos, porque no se le piden de manera formal. Es un tributo indirecto, y puede hacerse de modo que el pueblo ignore que lo paga. Para eso, es conveniente que sea el vendedor de cada mercancía quien pague el derecho impuesto a cada uno. El vendedor sabe muy bien que no paga por sí; y el comprador, que en definitiva es el que paga, confunde el recargo con el precio de la mercancía”. Pero Montesquieu previene contra el abuso: para que impuesto y precio se confundan en la mente del comprador, “es preciso que haya cierta relación entre la mercancía y el impuesto, sin que se grave un género de poco precio con un derecho extremado… En este caso, el príncipe les quita la ilusión a los contribuyentes haciéndoles ver que se les trata sin consideración…”. El impuesto indirecto excesivo, dice Montesquieu, induce la evasión haciendo que el comprador compre en otra parte (caso de las gasolinas en México) o bien se abstenga de consumir. Esto obliga a “recurrir a penas extravagantes” y provoca que “a hombres que no es posible considerar malvados, se les castigue como si lo fueran…”.

            En resumen pues, para lograr un sistema impositivo justo, eficaz y barato en la recaudación, es necesario que el Estado no sólo explique, sino que compense a los contribuyentes con un beneficio proporcional al cobro; que la carga se distribuya equitativamente entre todos; que se atiendan y resuelvan, oportunamente y con respeto a sus derechos, las demandas de los insatisfechos; que si se recurre al impuesto indirecto, no se abuse de él rompiendo toda proporción entre el gravamen y el precio de la mercancía; y que se evite castigar la evasión con penas desproporcionadas (terrorismo fiscal), porque ello sólo produce un incremento de la irritación social. Viene una “reforma hacendaria” y es hora de hacer votos sinceros para que sus diseñadores tengan en cuenta algunos de los sabios consejos de Montesquieu.