Dos posiciones extremas enmarcan el debate de la reforma energética: la que identifica propiedad estatal con interés público y la que considera que el mercado y la propiedad privada son la  única solución para la producción y el consumo de energía en nuestro país.

La primera, considerar que todo bien público debe ser propiedad estatal y que toda propiedad estatal es un bien público, es bien conocida y al parecer dominante en nuestro país. Lo público es lo que concierne a todos, lo que se refiere al interés de todos (cómo se define, en cada caso “todos” es un asunto ciertamente complejo). La asociación de lo público con el Estado es en cierto sentido evidente, o más bien, se da por definición: el Estado es el conjunto de instituciones en el que se toman las decisiones concernientes a todos, al interés público.

Lo curioso es que no siempre es así. O que con frecuencia no es así: los bienes y las funciones estatales son usados cotidianamente para satisfacer intereses privados. Y no solo es el caso de la corrupción (una de cuyas definiciones es precisamente esa: el uso los bienes públicos, estatales podríamos decir, para beneficios privados), sino aún cuando técnicamente no es posible hablar de corrupción.

Sucede con las empresas de propiedad estatal, también llamadas “públicas” (habría que matizar este adjetivo a partir de lo dicho). Como no compiten en el mercado, bien porque son monopolios o porque tienen un subsidio estatal, pueden darse el lujo de la ineficiencia. Ésta adquiere muchas formas, desde diseños administrativos obsoletos y nocivos, hasta la contratación de personal innecesario y el incremento de prestaciones sin correspondencia con las ganancias de la empresa. Los objetivos de la empresa se transforman: zona ahora la misma empresa y sus integrantes, ya no los bienes públicos que debiera generar.

Era el caso de la extinta Compañía de Luz y Fuerza del Centro. Técnicamente era una empresa “pública”. Pero generó más males que bienes públicos. Requería un subsidio enorme para poder funcionar, y su servicio era excesivamente caro. Generó bienes privados: los líderes sindicales se enriquecieron y los altos funcionarios tenían buenos ingresos.

¿Tiene sentido defender la propiedad estatal de una empresa así? No, desde el punto de vista del interés público. Sí desde intereses particulares. La reforma energética debe considerar cuál es la forma de propiedad de las empresas que producen y distribuyen energía más adecuada para el interés público de la nación. Es un simplismo considerar que propiedad estatal e interés público son sinónimos, o que coinciden, o que no llegan a entrar en abierta contradicción en algunos casos.

En el otro extremo está el riesgo de que la riqueza energética del país sea apropiada por intereses particulares, de empresas nacionales o extranjeros. Una cosa es que haya inversión que genere ganancias legítimas, y otra es que haya formas ilegítimas de apropiación o saqueo. O de que de un monopolio estatal se pase a un semimonopolio privado, como en el caso la telefonía. Lo que también sacrificaría el interés público, al tener empresas ineficientes con ganancias desproporcionadas a los bienes que generan.

La buena solución para PEMEX, para la Comisión Federal de Electricidad y para todo lo que tenga que ver con energía (¿son el viento y el sol patrimonio de la nación, o propiedad particular del dueño de donde caigan?) no es fácil. Sí son fáciles las soluciones equivocadas: monopolios estatales o privados, ineficiencia, incentivos a la corrupción. Esperemos que la polémica de los legisladores vaya más allá de los estereotipos, de los papeles prefijados, de las ideas que han dejado de ser ideas porque han dejado de ser pensadas.

Profesor investigador de la UDLAP