Los números son verdaderamente apabullantes: este domingo 7 de julio desde las primeras horas de la mañana serán instaladas en el estado de Puebla 6 mil 919 casillas que comprenderán las generales de 4 millones 066 mil 805 ciudadanos y 8 millones 236 mil boletas electorales. Un verdadero ejército de poco más de 50 mil funcionarios de casilla, seguros votantes capacitados y doblemente insaculados adscritos a todas las tendencias políticas imaginables, vigilará y registrará el conteo de los sufragios hasta las horas aciagas de la jornada electoral, probablemente acompañados por la visita escrupulosa de 544 observadores debidamente registrados que irán y vendrán de una sección a otra. En una palabra los datos muestran un incremento atípico del 9.23 por ciento con respecto del proceso electoral de 2010, una curva creciente patrocinada por un crecimiento demográfico preocupante y, en segunda instancia, por la aparente “seguridad” que ofrece Puebla frente a las migraciones forzadas motivadas por el clima de emergencia que desde hace más de un sexenio padece el sur-sureste del país.     

Frente a ese tsunami de cifras, encubierto tras la pulcritud institucional de un diseño electoral francamente derrotado, sobre todo frente al uso electoral de la función pública o la compra y coacción del sufragio, se esconden otros millones no tan publicitados como los anteriores: el Instituto Electoral del Estado (IEE) aprobó por concepto de financiamiento público para el ejercicio de actividades ordinarias permanentes, así como actividades tendientes a la obtención del voto, correspondientes al Proceso Estatal Ordinario 2012-2013, la escandalosa suma de 102 millones 492 mil 924.12 pesos distribuidos con apego a los criterio del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado entre nueve fuerzas políticas en su inmensa mayoría coaligadas.

¿Y para qué tantos millones? Tal vez para que en la ciudad de Puebla los espectaculares se enorgullezcan del uso y abuso de una pésima ortografía, o recurran al cliché más soso posible sintetizado en la expresión de “más y mejor obra pública”; o por el contrario, para que en todo el estado ese dinero termine cosificados en cientos de miles de pancartas, volantes, microperforados y souvenirs de ocasión --completamente inútiles todos-- que además de contaminar el espacio público bajo el prejuicio de que “candidato que no es visto no es votado”, saturen la ciudad con rostros silenciosos que atestiguan con despilfarro e indiferencia --eso ya casi es una premonición-- todos los desperfectos que poco nos falta para convertirlos en “patrimonio cultural”: luminarias apagadas, cables caídos, semáforos no sincronizados, parques descuidados, fugas de agua sistemáticas y eternas, baches --algunos casi cráteres-- soberbios y crecientes, alcantarillas desaparecidas, franeleros y ambulantes adueñándose de la vía pública pero con el permiso que les otorga su derecho de piso, cruceros peligrosos carentes de puentes y semáforos peatonales, bandas de autopartes comerciando tras el cobijo de las autoridades, escasas patrullas y elementos policiacos haciendo uso de una corrupción y un despotismo escandaloso. En fin, la lista es interminable.   

¿Y todo esto desde cuándo? Desde que tenemos memoria en Puebla capital y en el estado. El reformismo electoral, el aumento de la competitividad al interior de los partidos políticos y las coaliciones de intereses, los mayores índices de participación y preocupación ciudadana sobre las cosas públicas; todo eso aún no se han podido traducir en un gestión gubernamental eficiente, austera y decorosa, capaz de responder a las demandas inmediatas no solo del mayor número, sino de los grupos más vulnerables. Y a propósito: un total de 968 mil 238 personas sobreviven en la entidad en situación de pobreza extrema --datos avalados por CONEVLA en 2010-- y curiosamente ni uno sólo de más de un millar de candidatos en campaña se atrevió a plantearles alternativas concretas y viables para mejorar su situación de vida; y paradójicamente, a mí no me cabe la menor sospecha, más uno de ellos --en una indigna respuesta frente la precariedad su situación-- intentará comprarles su sufragio.

Durante este proceso electoral la banalización de las campañas no tuvo precedentes. Ya veremos si en las próximas horas estos comicios actuarán o no como un plebiscito positivo, o negativo, a la función pública del Ejecutivo del estado; si la autonomía universitaria es tan sólo una mera expresión retórica o está llena de contenidos sustanciales y activos; si las calumnias, verdades y bajezas de las campañas negativas incentivaron o inhibieron la votación total emitida; ya veremos si las encuestas midieron con pulcritud metodológica las tendencias y preferencias de los ciudadanos o simplemente fueron una extensión más de la propaganda partidistas; y tal vez lo más importante, ya veremos si los votos se cuentan con pulcritud y respeto o si los comicios terminan sepultados bajo una montaña de impugnaciones y sujetos a la jurisdicción de los tribunales. Por lo pronto dejemos que la virtud y la fortuna actúen sobre la diversidad de la materia y saquen sus propios resultados.