El pasado miércoles, durante el 187 periodo de sesiones de la CIDH, organizaciones y periodistas de países de Latinoamérica anunciaron la conformación de un grupo regional contra el acoso litigioso o AntiSLAPPs, mismo que realizará un monitoreo de la situación en la región y solicitaron a la RELE y personas Comisionadas se incorporen a este con el fin de diseñar una estrategia integrada y coordinada en beneficio de la libertad de expresión.

La audiencia temática sobre judicialización fue solicitada por las organizaciones: ARTICLE 19, Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP (Colombia), Foro de Periodismo Argentino, FOPEA (Argentina), Asociación Brasileña de Periodismo Investigativo, Abraji (Brasil), El Veinte (Colombia), Instituto DEMOS (Guatemala), Columbia Global Freedom of Expression (GFoE) y el Instituto de Prensa y Sociedad, IPYS (Perú).

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Durante la audiencia, Rodolfo Ruiz, periodista mexicano y director de e-consulta, habló sobre los procesos de judicialización de los que ha sido objeto por cubrir temas de interés público, que en su conjunto suman 22 demandas civiles de funcionarios y ascienden a más de 2 millones de dólares. El caso de Rodolfo preocupa particularmente las tendencias regionales de censura a quienes buscan cubrir o publicar temas de corrupción, pues constantemente son objeto de procesos de judicialización largos y costosos que muchas veces van de la mano de amenazas y campañas de desprestigio.

Catalina Ruiz Navarro, periodista colombiana y directora de la revista feminista Volcánicas, expuso la experiencia de haber sido sujeta de judicialización, luego de que ella y otra compañera periodista, Matilde de los Milagros Londoño, publicaron en la revista una investigación periodística sobre denuncias de acoso y abuso sexual contra el director de cine Ciro Guerra, quien decidió perseguirlas judicialmente por todas las vías, tanto civiles, como constitucionales y hasta penales.

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Por su parte, en 2020, luego de publicar un tuit que aludía a los vínculo entre el gobierno de Bolsonaro y la Iglesia Universal, el periodista y escritor brasileño João Paulo Cuenca contó la experiencia de haber sido despedido y luego sujeto a procesos penales en su contra en diversas ciudades de Brasil, para una vez que los fiscales federales negaron las indagatorias, la Iglesia Universal presentó 144 demandas civiles en su contra por injuria y difamación en una acción orquestada a través de sus pastores, solicitando una indemnización de aproximadamente R$ 2,5 millones. Hasta la fecha, Cuenca no ha podido conseguir un trabajo en la prensa.

Juan Luis Font, periodista guatemalteco, se encuentra en el exilio desde 2022 a consecuencia de los procesos de judicialización que el gobierno ha iniciado en su contra, incluso han querido imputarle procesos penales por presunto lavado de dinero. El caso de Juan Luis refleja cómo se utiliza el poder judicial como un mecanismo de censura.

Paola Ugaz, periodista peruana directora de Nativa Tv y corresponsal en Perú para ABC, lleva 5 años siendo objeto de judicialización. Se le imputan cargos penales en materia de delitos contra el honor por su investigación sobre el Sodalicio de Vida Cristiana, una organización religiosa que cometió abusos sexuales y de otro tipo contra jóvenes. La periodista descubrió los abusos junto a su colega Pedro Salinas en el libro “Mitad monjes mitad soldados”. 

Ugaz tiene cinco juicios y ahora se le acusa también de lavado de dinero y contrabando de mercurio. Los cinco testimonios expuestos durante la audiencia muestran como lo dijo Paulina Gutiérrez de ARTICLE 19, que las demandas SLAPPs van en aumento y que configuran una grave amenaza para la libertad de expresión en la región, pues existe un desbalance de poder entre las partes, donde el poder político y económico es utilizado contra periodistas, personas defensoras de derechos humanos y ciudadanas comunes que opinan sobre temas de interés público.

Empresarios, firmas de abogados que representan personalidades políticas o figuras públicas, así como funcionarios e instituciones privadas aprovechan el desbalance de poder y abusan del derecho a recurrir a las cortes con el fin de intimidar y silenciar a través de procesos legales largos y costosos. Las víctimas de estos procesos tienen pocas o nulas capacidades para defenderse. Cuando las cortes conocen el fondo del caso, la decisión llega muy tarde. Los efectos de intimidación y silenciamiento han tenido resultado.

Ana Bejarano, directora de El Veinte, enfatizó sobre los riesgos de los SLAPSs, pues en América Latina integrantes de la profesión jurídica han habilitado mecanismos de silenciamiento y presión contra la libre circulación de información de interés público. Los mismos jueces, como la Corte Constitucional en Colombia, han llamado la atención sobre el apelativo “acoso judicial”, con el cual hemos traducido este fenómeno bautizado en los Estado Unidos. No es realmente el juez quien incurre en acoso, sino los litigantes que avalan y promueven las prácticas desleales.

Paula Moreno, presidenta de FOPEA, destacó que el acoso judicial o SLAPPs es una forma abusiva de uso del poder judicial, que a menudo escapa al control de los tribunales nacionales. Ya sea porque no hay una legislación que explique, prevenga o sancione estas prácticas, o porque los jueces no están sensibilizados al respecto. De ahí la importancia de una perspectiva regional que la CIDH pueda señalar a la atención de las autoridades locales. Por ello y debido a la gravedad de los SLAPPSS, las organizaciones y periodistas solicitaron a la CIDH y a la Relatoría Especial de Libertad de Expresión:

Reconocer el peligro de las SLAPPs en la región y acordar medidas para hacer frente a este problema, ambas instancias tienen el deber de responder a este asunto y proporcionar orientación clara sobre las medidas, legales y no legales, necesarias para proteger el ejercicio de la libertad de expresión.

A la RELE elaborar un informe temático que dé cuenta de la dimensión e impacto del fenómeno a la luz de la Convención Americana y del contexto legal y político en la región. Esto permitiría evaluar qué tipo de medidas serían adecuadas en el marco legal existente en los países de la región y compatible con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, en particular desde una perspectiva de debido proceso, protección judicial y la protección de la libertad de expresión.

A CIDH y la RELE crear un grupo de personas expertas que informen el desarrollo de estándares regionales propuestos desde un análisis jurídico, práctico y de impacto en la denuncia y debate sobre asuntos de interés público. Este grupo habrá de contar con la participación de jueces, juezas, personas afectadas por el acoso litigioso, las organizaciones de la sociedad civil -aquí presentes-, la comunidad jurídica practicante, entre ellos, expertos en derecho civil, penal, procesal y administrativo.