La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) validó el acuerdo presidencial que autoriza el despliegue de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública hasta el 27 de marzo de 2024, mientras la Guardia Nacional desarrolla su estructura.

Con 9 votos a favor y 2 en contra, el Máximo Tribunal del país desechó las impugnaciones constitucionales 85, 87 y 91/2020, promovidas por Colima, Michoacán y el ayuntamiento de Pabellón de Arteaga, Aguascalientes, en contra del acuerdo promulgado el 11 de mayo de 2020 por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

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Es válido el acuerdo que dispone la intervención temporal de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública mientras se consolida la Guardia Nacional, entre otras razones porque no invade las competencias de municipios y Estado actores: #LaCorte

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— Suprema Corte (@SCJN) May 25, 2023

“Es válido el acuerdo que dispone la intervención temporal de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública mientras se consolida la Guardia Nacional, entre otras razones porque no invade las competencias de municipios y Estado actores”, señala la Corte en el comunicado.

El argumento para dar continuidad hasta el 27 de marzo de 2024 al acuerdo del Jefe del Ejecutivo es debido a que no vulnera el principio de división de Poderes, en relación con el principio de reserva de ley, además de que se encuentra debidamente fundado y motivado.

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Es así como de manera temporal el Ejército desarrollará tareas de seguridad pública con un carácter extraordinario, regulado, fiscalizado, subordinado y complementario, pues el Pleno de la Corte señala que esta disposición no invade las atribuciones de los gobierno estatales ni municipales.

La ministra Ana Margarita Ríos Farjat, quien fue la ponente del proyecto, señaló que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) tiene un papel trascendental en el proceso de maduración y profesionalización de la Guardia Nacional como un cuerpo de seguridad pública.

En este tenor agregó que, al resolver las controversias, la Corte propone de nuevo reconocer la constitucionalidad de la coordinación que debe haber entre las secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana con las de la Defensa Nacional y de Marina.