Integrantes de la Unión de Ejidos y Comunidades en Defensa de la Tierra, el Agua y la Vida Atcolhua y del Consejo Tiyat Tlali, acudieron al Palacio Nacional y a la Secretaría de Economía en la Ciudad de México, a entregar un documento en el que los pueblos Maseual, Tutunaku y Mestizo de la Sierra Norte de Puebla demandan que el presidente Andrés Manuel López Obrador cumpla la promesa de no entregar más concesiones mineras.

En el marco de la conmemoración del Día de la Resistencia Indígena, representantes del pueblo náhuatl de Ixtacamaxtitlán, ataviados con listones, coronas coloridas, espejos, flores y algunas máscaras, entregaron el resolutivo de la 34 asamblea celebrada en el municipio, en la que pobladores se declaran “en gran riesgo” y apelaron a sus derechos como pueblos indígenas y campesinos, para negar tácitamente la minería a cielo abierto, así como proyectos hidroeléctricos y de extracción de petróleo y gas en la sierra Norte.

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“Durante diez años los pueblos originarios y campesinos que habitamos en la Sierra Norte de Puebla hemos defendido nuestro derecho a la autodeterminación, hemos unidos esfuerzos en la misión común de defender y proteger a nuestra Madre Tierra de proyectos de muerte mineros, hidroeléctricos, de extracción de hidrocarburos, de privatización del agua y de tala del bosque”.

“El día de hoy volvemos a decir no a la minería, desde la comunidad de Santa María Sotoltepec, al pie de la montaña donde la empresa canadiense Almadem Minerals quiere hacer un proyecto de minería a cielo abierto en el municipio de Ixtacamaxtitlán, el cual traería destrucción de la Madre Tierra por la explotación de cerros, contaminación y agotamiento del agua de manantiales y del subsuelo, y daños a nuestra salud y a toda la vida no sólo de este lugar, también para los 70 mil hermanos que habitan a lo largo del río Apulco y necesitan del agua para su vida”, aduce el acta con más de 2 mil firmas.

El documento entregado a autoridades federales refiere la lucha organizada de más de 10 años que incluyó una demanda de amparo interpuesta por la comunidad nahua y ejido de Tecoltemi por violación a los derechos indígenas, y una sentencia dictada por la Suprema Corte de Justicia ordenando a la Secretaría de Economía cancelar las concesiones mineras en 14 mil 200 hectáreas.

Citan el logro de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) cancelara concesiones mineras a la canadiense Almaden Minerals en Ixtacamaxtitlán y a Minera Autlán en Cuetzalan, Yaonáhuac y Tlatlauquitepec.

“Lamentamos que la SCJN en su sentencia del amparo 445/2015 que interpuso la comunidad y ejido de Tecoltemi, Ixtacamaxtitlán, no haya reconocido que la Ley Minera es inconstitucional, y que si bien canceló las concesiones a Almaden Minerals, dejó abierta la posibilidad a se vuelvan a otorgar. Así que nuestras vidas y las de nuestros hijos e hijas siguen en riesgo”.

“Desafortunadamente, esa sentencia deja en manos de la SE la decisión de otorgar, o no, nuevas concesiones después de que analice la factibilidad de estas, lo que pone nuevamente, en riesgo nuestras vidas y nuestro territorio.”

Llaman a evitar confrontaciones

“En sus manos están nuestras vidas y en sus manos también, evitar más agresión, conflictos y violencia en nuestras comunidades nahuas, totonacas y mestizas”, advierte el documento.

Refirieron que las comunidades y organizaciones también expresaron su reprobación a la minera Almaden Minerals, que a pesar de que la Suprema Corte de Justicia le canceló sus concesiones mineras en Ixtacamaxtitlán, “ahora asegura que la ONU le apoya y habla de que la minería puede ser sustentable y que no va a dañarnos, lo que es una gran mentira”.

Se cita también el caso de la empresa Deselec 1-Comexhidro que quiere hacer una hidroeléctrica para Walmart en territorio Totonaco dañando cerros y fuentes de agua o la Comisión Federal de Electricidad que insiste en construir una subestación eléctrica en Cuetzalan. “Insistir en destruir nuestro territorio sólo puede llevar a una confrontación”.

“Tenemos el derecho de defendernos”

El resolutivo de la Asamblea señala que pobladores seguirán ejerciendo su derecho a la libre determinación para defenderse de las empresas que buscan el despojo del agua y la tierra, del territorio que cuidaron y heredaron de sus antepasados.

“Nos negamos rotundamente a ser uno más de los territorios sacrificados por el sistema de muerte capitalista. Exigimos a los gobiernos municipal, estatal y federal a cumplir con sus obligaciones de respetar, proteger y garantizar nuestros derechos por encima de cualquier actividad económica o intereses empresariales privados que sólo buscan la ganancia”.

Las organizaciones de los pueblos originarios se pronunciaron por integrantes de organizaciones hermanas que han entregado la vida defendiendo el territorio o que se encuentran desaparecidos como Antonio Estebean, Manuel Gaspar, Sergio Rivera; los que han sido criminalizados como Miguel López Vega, Rubén Sarabia y a todos aquellos que ahora sufren de justicia y verdad.

“Nuestra solidaridad y exigencia para que se ponga un alto a la agresión a las comunidades zapatistas y sus bases de apoyo.