La Asamblea Social del Agua (ASA) consideró que la privatización del agua interpuesta por el gobierno de Rafael Moreno Valle hace nueve años ha sido la “peor violación” al derecho humano al agua.

En rueda de prensa, María Eugenia Ochoa García, integrante de la ASA, señaló que a la fecha Concesiones Integrales SA de CV (Agua de Puebla), sigue sin cumplir con la calidad de agua potable, además de que ha decrecido la cantidad entregada en las colonias.

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 “Los miles de Cortes de agua y drenaje impuestos impune y unilateralmente por la empresa, producto de la negativa de la población a pagar tarifas desproporcionadas y sin fundamento, violando con ello flagrantemente, el Derecho Humano al Agua, a pesar de la pandemia del covid-19”, expuso.

Apuntó que continúan sin funcionar eficientemente las Plantas Tratadora de Agua, así como tampoco se ha construido la segunda etapa de las plantas como se había comprometido la empresa para cumplir con las condiciones particulares de descarga que establece la clasificación del río Atoyac.

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Ochoa García denunció que es nula la supervisión a la cual está obligada el Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla (Soapap), para asegurarse que Concesiones Integrales, esté cumpliendo con sus obligaciones de garantizar a la población un servicio del vital líquido, con calidad, cantidad, asequibilidad y accesibilidad, sin rendir informes públicos de la responsabilidad de verificar las condiciones de prestación del servicio.

Recalcó que a nueve años de la privatización del agua, los costos se han incrementado hasta en más de un 500 por ciento, lo que se agravó con el reciente incremento de tarifas impulsado para apoyar a la empresa por SOAPAP y por el gobierno estatal, aprobado por legisladores el pasado 15 de julio.

Dijo que, ante la situación, se tiene que establecer una mesa de trabajo con la participación de las instancias de gobierno estatal, universidades y colegios, para que se concrete a la brevedad la finalización de la concesión del agua a la empresa Concesiones Integrales.

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La activista, también pidió a las y los diputados a que se comprometan a abrogar la actual Ley de Agua en el Estado y se elaboraré una nueva, y con ella prohibir la concesión del líquido a privados.