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SCJN ordena a Congreso de Puebla informar sobre consulta indígena

  • Berenice Martínez
El Poder Legislativo del estado también tiene que rendir cuentas sobre el cumplimiento de una consulta a personas con discapacidad
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La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) solicitó al Congreso de Puebla que informe sobre el cumplimiento de dos sentencias en las cuales se le ordenó realizar dos consultas, a una comunidad indígena y otra a personas con discapacidad.

El 1 de agosto requirió al Poder Legislativo del estado de Puebla que en un plazo de 10 días hábiles informe sobre las acciones tendentes al cumplimiento del fallo constitucional decretado en la acción de inconstitucionalidad con la clave 111/2020, que promovió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) contra la reforma que creó el Instituto Poblano de los Pueblos Indígenas.

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Esto después de que el 6 de junio la Corte invalidó la reforma a la Ley de Derechos, Cultura y Desarrollo de las Comunidades Indígenas del Estado y ordenó al Congreso realizar la consulta indígena y afromexicana, debido a que no tomó en cuenta la opinión de este sector de la población para modificar la legislación.

El máximo tribunal de justicia en el país advirtió que si el Poder Legislativo no desahoga el requerimiento (entrega el informe) se le impondrá una multa.

Asimismo, la Suprema Corte requirió al Congreso de Puebla que informe sobre el cumplimiento de la consulta a las personas con discapacidad que está obligado a realizar, tras resolver la acción de inconstitucionalidad con la clave 168/2021, que también promovió la CNDH contra la Ley de Salud Mental del estado.

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Dicha ley permitía internar involuntariamente a las personas que padecen trastornos mentales, por lo cual los diputados locales deben legislar para reconocer los derechos a la igualdad y no discriminación, la capacidad jurídica de las personas con discapacidad, la libertad e integridad personal, la salud y consentimiento informado en atención médica, así como la dignidad humana.

En ambos casos, la Corte otorgó un plazo de 12 meses para cumplir con los resolutivos, sin embargo, el legislativo tendrá que informar sobre los avances.

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