- Seguridad
Acusan que injustamente ligan a joven con levantón de Sandra
Una mujer de origen colombiano acusó abusos, hostigamiento y amenazas, ya que el pasado 2 de junio policías estatales detuvieron por segunda vez a su hijo, quien en 2020 obtuvo su libertad después de comprobar su inocencia, ya que en 2018 lo encarcelaron junto con su esposa, acusados de llevar droga y un arma de fuego.
Ersia Pinto es médica, y hace 15 años llegó a vivir de forma legal en la ciudad de Puebla con sus dos hijos varones, quienes, aseguró, trabajan repartiendo el material quirúrgico que ella vende.
Sin embargo, acusó, que ser o decir que son colombianos les ha causado muchos problemas, pues los ven como delincuentes, al grado de que el 2 de octubre de 2018 su hijo, César Augusto Ardila Pinto, de entonces 26 años, fue detenido por policías municipales con su esposa Lucero (mexicana), cuando iban a bordo de un automóvil BMW.
Los dos fueron acusados y vinculados a proceso por los delitos de portación ilegal de arma de fuego, delitos contra la salud y cohecho, e incluso se les llegó a relacionar con el atraco y homicidio de Arturo Castagné afuera del Hotel Camino Real el 5 de agosto de ese mismo año, pero luego se descartó que estuvieran implicados con estos hechos.
Por segunda ocasión un joven de origen colombiano fue detenido, ahora por policías estatales que lo señalan de llevar un arma de fuego emplayada; la madre del joven acusa que sería una venganza por policías que torturaron a su hijo y ahora están encarcelados. pic.twitter.com/tvCRPjXrJd
— Periódico e-consulta (@e_consulta) July 4, 2022
Mientras estaba en prisión Lucero sufrió un aborto y, después, mediante procedimiento abreviado, obtuvo su libertad.
El 13 de febrero de 2020, en el Centro de Justicia Penal de Puebla, la defensa de César Augusto exhibió un video que exponía la ilegal detención de su cliente, y se evidenciaron inconsistencias en las declaraciones de la supuesta víctima de asalto que lo acusó de robarle un reloj.
Fue así como se declaró su inocencia y obtuvo su libertad, sin embargo, él y su madre empezaron a sufrir amenazas y hostigamiento de policías, patrullas y carros sin placas de circulación que rondaban su casa, por lo que la señora Ersia decidió interponer diversas denuncias por amenazas, y se comprobó que el joven colombiano fue torturado por policías municipales que lo detuvieron la primera ocasión en la ciudad de Puebla.
Fue así que dos de seis policías que participaron fueron detenidos y enviados a prisión, mientras que a un agente del Ministerio Público y al fiscal general del estado les llegó una recomendación, al igual que a la entonces presidenta del municipio Claudia Rivera Vivanco, en la cual se les instruía a ofrecer una disculpa pública que nunca realizó.
Acusa venganza
Ahora, indicó Ersia, por venganza ante la encarcelación de los policías municipales, un policía estatal que es familiar de uno de los asegurados, con el apoyo de sus compañeros, el 2 de junio nuevamente detuvieron a César Augusto, quien ya está vinculado a proceso a pesar de las inconsistencias en la detención.
“Tenemos los testigos, lamentablemente no hay cámaras, pero ahí en La Guadalupana mi hijo pasó a arreglar una ventana en mi casa, con un joven que se dedica a la herrería, se van y dice mi vecino que se le cerró un coche blanco y otro coche iba atrás; lo suben con armamento y se lo llevan en un coche blanco y trasladan a C5 a las 8 de la noche y la policía dice que lo detuvo a las 11:30 de la noche en Los Héroes de Puebla, que porque hubo una llamada anónima y que le dijeron que ese coche llevaba droga y armamento y nuevamente; está vinculado a proceso, cuando se ha dedicado a limpiar su nombre; ahora le dicen en el Ministerio Público que buscan a un colombiano líder de secuestro”, acusó Ersia.
En este sentido la madre del detenido indicó que incluso ahora parece que lo quieren relacionar con el secuestro de Sandra Elizabeth Pérez Portillo, la joven que fue levantada en Amozoc, luego asesinada y arrojada a una cisterna en el mismo municipio.
Por ello pidió al gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta y el fiscal General Gilberto Higuera Bernal que revisen su caso y su hijo sea puesto en libertad, además de que solicitó la intervención de la embajada colombiana en México.
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