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Lamenta gobernador desinterés federal por sanear el Atoyac

  • Maribel Velázquez
Se planteó colaboración con la federación y con Tlaxcala, pero no hay interés en el gobierno central, dijo el gobernador Barbosa
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El gobierno federal no tiene interés definido en el saneamiento del río Atoyac, pues aunque la administración estatal planteó colaboración para esta acción no hay respuesta, acusó el gobernador de PueblaLuis Miguel Barbosa Huerta.

El río Atoyac es uno de los cuerpos de agua más contaminados en el país y la problemática se concentra en Puebla así como Tlaxcala.

“No existe una posición de definición clara de la federación sobre el saneamiento del Atoyac” expresó el gobernador en su conferencia matutina.

Resaltó que Puebla no recibe una partida especial de la federación para poder intervenir el Atoyac y la inversión necesaria es tal que la administración estatal no podría sola.

Sin intervención federal, contaminación no se frena

Barbosa Huerta manifestó que al inicio de su gestión consideraban una inversión de 7 mil millones de pesos, pero ese monto sólo lo podría destinar el gobierno federal. También se buscó una colaboración con el gobierno de Tlaxcala, pero tampoco hubo una respuesta.

Añadió que el saneamiento del Atoyac debería comenzar por la clausura de las fuentes de contaminación por parte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y las autoridades federales.

El mandatario estatal aseguró que el gobierno estatal destina año con año recursos para el saneamiento del río, sin embargo, no se podrá hacer un cambio si es que no hay la intervención de más autoridades.

En enero de este año, la secretaria de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial, Beatriz Manrique Guevara, aceptó que en 2021 por segundo año consecutivo el Atoyac se mantuvo como la segunda cuenca de agua más contaminada de México.

Durante su comparecencia ante los diputados locales, la secretaria dijo que para combatir el daño ambiental se hizo un convenio con una organización de Reino Unido para actualizar la Ley Estatal del Cambio Climático y se hizo un convenio instruido por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para generar un marco institucional con el gobierno federal y el gobierno de Tlaxcala.

 

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