Alejandro Méndez, un ex agente del área de Inteligencia de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla (SSP) que estuvo a punto de ser linchado por pobladores de Santa María Tonantzintla, en 2020, presentó su renuncia el pasado 20 de abril debido a que su estado de salud se deterioró desde que adquirió el coronavirus.

Sin embargo, su exjefe, el director de Protección a Funcionarios y Seguridad de Instalaciones, Juan Carlos Campos, se niega a entregarle su baja hasta que pague los daños que ocasionaron las mismas personas que casi lo matan.

Gracias a sus contactos, el ex agente supo que esta no es una orden que se tenga ante el área de Recursos Materiales. Para liberarlo, en realidad sólo necesitan que el Agente del Ministerio Público gire un oficio en el que él y sus cuatro compañeros retenidos sean exonerados de toda responsabilidad porque se encuentran en calidad de víctimas. El problema es que la licenciada que integró la carpeta de investigación ya no labora en la Fiscalía General del Estado (FGE) y la unidad encargada desapareció.

En entrevista con e-consulta y a propósito del reciente linchamiento de un abogado y asesor de la Cámara de Diputados en el municipio de Huauchinango, Alejandro recordó que el linchamiento que él sufrió ocurrió en junio de 2020. Los pobladores no los confundieron con delincuentes, sabían perfectamente que eran agentes activos de la SSP en servicio, pero protegieron a un hombre detenido en flagrancia delictiva.

“Nosotros andábamos haciendo una investigación en la zona de Tlaxcalancingo en ese momento. Teníamos un robo de vehículo, autopartes y fraude porque ya nos habían reportado que en esa zona robaban vehículos con violencia y, posteriormente, ahí mismo o en Clavijero entregaban el vehículo a los dueños, en una especie de extorsión”.

Los cinco agentes se trasladaban en tres vehículos propiedad del gobierno del estado, pero sólo una de las camionetas estaba balizada. Los agentes vestían de civil, pero se encontraban debidamente acreditados.

“Para su mala suerte, le roban el vehículo a un compañero custodio. Nos habla por teléfono y nos pregunta si estamos por la zona. Le dijimos que sí, que hablara al 911 y en ese momento nos trasladamos al lugar donde lo citaron, en la explanada de Tonantzintla.

A la víctima le solicitaron 30 mil pesos para devolverle su auto y, asesorado por sus compañeros, entregó 5 mil pesos (el resto era papel) en el tiempo y forma señalados. Los agentes de la SSP montaron un operativo y fue así como detuvieron en flagrancia delictiva a la pareja (un hombre y una mujer) que se presentó a cobrarlo.

“Llevábamos dos vehículos civiles y una patrulla balizada. Entonces nos acercamos; éramos poquitos, nada más éramos cinco personas (...) a él le estaban pidiendo 30 mil pesos y que el dinero se colocara en la llanta trasera de un vehículo estacionado ahí mismo. Le dijo al extorsionador que ahí estaba su dinero y llegó una pareja agarrada de la mano. Al existir un delito flagrante, dos de mis compañeros se identifican como policías y le indican (al varón) que estaba detenido”.

Por un rumor que defendía al ladrón, casi lo linchan

Cuando lo iban a esposar, la mujer que lo acompañaba corrió hacía el atrio de la iglesia. El delincuente también intentó huir, pero fue capturado. Fue en ese momento cuando una mujer que se identificó como tía del ladrón, salió a defenderlo y azuzó a la población para evitar que se lo llevaran.

“Tres guardias de Santa María Tonantzintla se acercan y preguntan cuál es la situación. Yo me bajo de la camioneta, me identificó y pido apoyo de la unidad balizada para que se dieran cuenta que era una detención. En ese momento sale una señora, no recuerdo su nombre, pero en esos años era la esposa del presidente auxiliar o la presidenta auxiliar y a mí me empieza a gritar que era su sobrino (el detenido). Me cuestiona qué había hecho y luego empezó con ese tema de que éramos ladrones. Empiezan a tocar las campanas y la población se acerca. En cuestión de 10 minutos ya teníamos como a 200 pobladores”. 

A pesar de estar rodeados Alejandro, quien en ese momento estaba al mando, se sintió tranquilo porque los propios guardias de la localidad entendieron que se trataba de una detención. Minutos después arribó personal de la Policía Municipal, Policía Estatal, de Gobernación y hasta del Ejército Mexicano. Pero fue entonces cuando una señora gritó que les rociaran gasolina y prendieran fuego.

“Cuando ya estábamos más parejos en fuerzas ellos empiezan a publicar en redes sociales que éramos ladrones y que nos metimos a robar pinturas y cosas a la iglesia”.

Entre el alboroto, los pobladores rescataron al detenido y lo escondieron con todo y esposas mientras que al custodio que fue víctima del robo lo golpearon; se lo llevaron junto con su papá y pidieron 60 mil pesos para no matarlo.

A pesar de que el delegado de Gobernación les hizo saber que sus identidades ya estaban corroboradas y sí eran agentes de la SSP en funciones, los pobladores amagaron con lincharlos y una de sus compañeras fue severamente golpeada.

“Se robaron cartuchos, cargadores, voltearon una camioneta (de la Policía Estatal) y le prendieron fuego, también, a los chalecos balísticos. Incluso las llamas alcanzaron a otro auto de los propios pobladores que estaba ahí, estacionado”.

Al final los agentes lograron refugiarse en la presidencia auxiliar y salieron por la parte de atrás mientras que sus compañeros dispersaron a los rijosos: “hubo disparos”, recuerda.

Con evidencia, presenta denuncia, pero pierden carpeta de investigación

Alejandro rindió un informe a la SSP, a la Fiscalía de Puebla y al entonces asesor en materia de seguridad del gobernador, Ardelio Vargas Fosado. Con material suficiente como videos y fotografías en los que se logra identificar a los incitadores, él y su compañera presentaron la denuncia correspondiente.

Fue así como la Agente del Ministerio Público Martha Morales Valencia abrió la carpeta de investigación 2016/2020 en la Unidad de Orientación, Análisis y Resolución Inmediata de la Fiscalía de Investigación Metropolitana por los delitos de lesiones dolosas, amenazas, daño en propiedad ajena por incendio, robo con violencia y lo que resulte en contra de quien o quienes resulten responsable.

Ese mismo año, Alejandro enfermó de covid y las secuelas le dejaron graves daños en los pulmones, por lo que en noviembre de 2021 le notificó a su superior su renuncia.

“Tenían que designar a agentes investigadores. Tendría que haber detenidos para que se hicieran responsables de los daños (...) Se dan cambios en la SSP y ya no le dan seguimiento. Me dio covid y me la llevé con secuelas todo el año y es estarme incapacitando a cada rato, pero cuando le dije (a su director) que ya no podía seguir, me dice que no puedo renunciar porque hay una carpeta de investigación en mi contra”.

Juan Carlos Campos llegó a esta dirección sin tener conocimiento del intento de linchamiento que sufrieron los agentes. Tras este comentario, Alejandro constató que no hay ninguna investigación en su contra.

“Le dije: te platicaron mal, no hay ninguna investigación en mi contra. Yo levanté una y no puedo hacerme cargo de la investigación porque uno, ya estoy en otra área y dos, le corresponde a la Fiscalía. Yo ya entregué videos, fotos, narré los hechos…ya entregué todo, no puedo hacer más”.

Ante la insistencia de verificar el estatus de su proceso, Alejandro acudió a la Fiscalía en noviembre pasado y le informaron que la Unidad de Orientación, Análisis y Resolución Inmediata ya no existe y que Martha Morales Valencia ya no trabaja ahí.

“Yo tengo copias de todo, pero les dije que no quiero hacer problema, solo saber cómo va mi investigación (...) ubico que mi caso está en Casa de Justicia de San Andrés Cholula. Hablo con el abogado al que le turnaron el caso y resulta que no le dejaron papeles, no tiene documentos. No me quiso dar su número telefónico. Yo le mandé copias de la carpeta de investigación por correo electrónico, pero tampoco he obtenido respuesta”.

Alejandro ya no radica en Puebla; estudia un doctorado para seguirse especializando en materia de Seguridad Pública, pero no puede laborar en otro lugar si la SSP no le otorga su baja. En enero pasado solicitó, por segunda ocasión, su renuncia y Juan Carlos Campos le pidió firmar un pagaré por la patrulla incendiada, los chalecos y los radios, para dejarlo ir.

“El 20 de abril yo entregué un oficio a Oficialía de Partes y me lo sellaron; con eso yo puedo decir que ya recibieron mi renuncia, pero revisé en la plataforma y estoy como abandono de servicio, cuando tengo 14 años en servicio. En el evento de 2020 estuvieron cinco compañeros, corrieron a tres, la compañera y yo denunciamos”.

Ante la negativa del director, Alejandro contactó a personal del área de Recursos Materiales de la SSP que le hizo saber que no debe responder por los daños. Su baja será liberada cuando el Agente del Ministerio Público ―a quien ya no logra contactar― genere un oficio que lo exonere de toda responsabilidad.

Su exdirector lo quiere hacer pagar porque, cuando recibió el acta de entrega-recepción y en su afán de tomar posesión inmediata, firmó sin percatarse que no estaba una de las camionetas que el documento especificaba. Esa patrulla es la misma que los pobladores incendiaron y de no hacer que Alejandro pague por ella, deberá hacerlo él.

“Si yo no la pagó, se la cobrarían a él. Independientemente de eso las cosas están sencillitas, lo único que necesito es que Fiscalía me entregue el oficio donde yo no tuve nada que ver, ni mis compañeros. Yo lo entrego a la aseguradora y la aseguradora está obligada a pagar, o sea, tampoco va a pagar el director, pero yo me imagino que no conoce los procesos, a pesar de que es director, la experiencia no la tiene y se le hace más fácil: págame y ya, pero en Fiscalía todos se echan la bolita, ya no puedo recurrir a nadie más”.