Líderes de 50 organizaciones defensoras de los derechos humanos reprobaron los sucesos acontecidos el pasado 9 de mayo en el municipio de Santa María Coyomeapan, por lo que se manifestaron a las afueras del Palacio Nacional, en la Ciudad de México, para exigir el esclarecimiento de las muertes de tres personas a manos de la Policía Estatal de Puebla.

Integrantes de las organizaciones encabezadas por la Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA), intentaron entregarle una carta abierta al presidente Andrés Manuel López Obrador, en la cual piden la inmediata intervención de las autoridades federales y organismos internacionales.

En dicha carta, como responsables firmaron Wilfrido Hernández Jarquín, líder de la CNPA además de la Red Solidaria Década Contra la Impunidad A.C. (Rsdciac), la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México (Afadem), la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (Limeddh), el Centro de Derechos Humanos Esteban (Puebla), el Frente Mexicano Pro Derechos Humanos (Fremexdehu), el Colectivo Nacional Alerta Temprana de Periodistas y Defensores de Derechos Humanos, entre otras.

El documento fue entregado a la Dirección General de la Secretaría de Gobernación.

Nueve policías estatales detenidos; los acusan de tres delitos

Sobre el conflicto, la mañana de este miércoles, el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta confirmó la detención no de seis, sino de nueve uniformados que ya se encuentran a disposición de un Juez de Control, responsabilizados por los hechos del pasado 9 de mayo en el municipio de Zoquitlán, en los que murieron tres personas vecinas de Coyomeapan.

Si bien, el titular de la SSP, Daniel Iván Cruz Luna dijo, en su momento, que los policías se retiraron del lugar para ponerse a salvo y tenían conocimiento solo de personas heridas, no fallecidas, en la videoconferencia de prensa de este miércoles, el ejecutivo estatal mencionó que a los uniformados se les encontró responsabilidad en por lo menos tres delitos, mismos que no detalló.

El gobernador “lamentó” lo sucedido y exigió a la Fiscalía General del Estado (FGE) el esclarecimiento total de los hechos “de manera plena, sin encubrimientos, sin protección”, lo que contradice la versión oficial de que los pobladores agredieron primero a los policías y estos solo se defendieron.

“La Fiscalía encontró responsabilidad de policías estatales y claro que seguridad pública tiene que prestar mayor capacitación a sus policías, revisión de sus comportamientos, todo un asunto muy complejo”.

Ayer los propios compañeros de los detenidos cuestionaron la versión de la SSP, pues dijeron que los policías, en aquella ocasión, “actuaron bajo órdenes”.