La Secretaría de Derechos Humanos de Morena a nivel nacional, reprochó que el gobierno de Puebla encabezado por Luis Miguel Barbosa Huerta fue omiso ante el conflicto político y social en el municipio de Coyomeapan, así que exigió justicia por las tres personas muertas y las que fueron heridas en el enfrentamiento con policías estatales la tarde del lunes.

En un comunicado, la secretaría a cargo de Carlos Figueroa Ibarra enfatizó que la tragedia pudo evitarse si se hubieran atendido a tiempo los llamados al diálogo que hizo la población, el presidente Andrés Manuel López Obrador y hasta la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

 “Infortunadamente el gobierno de Puebla ha desatendido esos llamados y las recomendaciones de la CNDH y hoy lamentamos una tragedia que pudo haberse evitado”, sentencia el posicionamiento.

Contrario a la versión que esta mañana dio el gobierno estatal, la secretaría de Morena relató que la tarde del lunes 15 pobladores viajaban en una camioneta luego de ir a Ixtaxochitla para organizar una fiesta patronal.

Sin embargo, señaló que a la altura de la comunidad de Cobascol fueron interceptados por un contingente de seis camionetas con elementos de la Policía Estatal de Puebla, que sin razón dispararon contra los pobladores, provocando la muerte de Marcelo Carrera Bolaños (45 años), Teófilo Barrera Herrera y Omar Herrera Raymundo (15 años).

“Desde junio de 2021 el municipio indígena de Coyomeapan ha vivido un intenso conflicto político, producto del descontento de la población con respecto a los resultados electorales en la elección de la presidencia municipal”, dice el comunicado que recrimina el triunfo de Rodolfo García López, integrante de la familia Celestino Rosas, que ha gobernado el municipio desde 2011.

Aseguró además que la familia Celestino Rosas mantiene el dominio del municipio pese a la inconformidad de la ciudadanía, y desde 2021 empezó una persecución política con acusaciones falsas en contra de 40 pobladores, y cuatro de ellos ya fueron detenidos y enviados a prisión.

Por todo lo anterior se exigió al gobierno de Barbosa Huerta esclarecer los hechos y dar justicia a las familias de las personas asesinadas pues, sigue en aumento la violencia y no se han atendido sus demandas ni problemáticas.