• Política

Perdonan afiliación ilegal en Puebla a partidos en extinción

  • Mariana Salinas
Como los partidos Encuentro Solidario, Fuerza por México y Redes Sociales Progresistas han perdido su registro, fueron desechadas las denuncias en su contra por afiliaciones ilegales
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El Instituto Nacional Electoral (INE) desechó 63 procesos sancionadores en contra de partidos políticos que violaron el derecho a la libre afiliación, entre ellos RSP y FXM, denunciados por afiliaciones ilegales en Puebla. 

Los partidos denunciados fueron Fuerza Por México (FXM), Partido Encuentro Solidario (PES) y Redes Sociales Progresistas (RSP), aunque ahora están en proceso de extinción tras no obtener en 2021 la votación mínima del 3 por ciento, requerida para conservar el registro.

En sesión del Consejo General, la consejera electoral Adriana Favela, presidenta de la Comisión de Quejas y Denuncias, explicó que los expedientes contra los partidos serán suspendidos porque ya no se puede establecer una sanción a las fuerzas políticas que perdieron su registro.

A nivel federal el año pasado FXM, liderado por el ex diputado local de Puebla, Gerardo Islas Maldonado, solo obtuvo el 2.5 por ciento de la votación, mientras que el PES solo ganó el 2.73 por ciento.

El Consejero José Roberto Ruiz Saldaña lamentó que los partidos políticos siguen sin demostrar el respeto al derecho a la libre afiliación y ponen en riesgo los datos personales de la ciudadanía.

En el caso de Puebla, estaban denunciados FXM y RSP, que para competir en la elección de 2021 requirieron de afiliaciones masivas para obtener el registro como partidos políticos.

En la sesión también se dio cuenta sobre indebidas afiliaciones que realizó en otros estados el Partido de la Revolución Democrática (PRD) a través de firmas electrónicas y de su propia plataforma digital, pero en este caso sí se podrá proceder en su contra.

Aunque el partido FXM logró librar estas denuncias, el INE aún investiga el destino de 33.9 millones de pesos de financiamiento del partido.

El viernes 7 de mayo era la fecha límite para que Islas Maldonado y la secretaria general, Alma Lucía Arzaluz, rindieran cuentas sobre 140 pagos a diversos proveedores por contratos celebrados en menos de un año que iban de 556 pesos hasta 2.6 millones de pesos.

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