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Va por México denuncia en FGR ataques de AMLO y Morena
Diputados de la alianza Va por México (PAN, PRI y PRD) presentaron una denuncia penal en la Fiscalía General de la República (FGR) contra el presidente Andrés Manuel López Obrador y Morena por la campaña en su contra por votar contra la reforma eléctrica.
Mariana Gómez del Campo (PAN) informó que los legisladores presentaron una denuncia penal contra el mandatario y la dirigencia de Morena porque están cansados de amenazas, discursos de odio y violencia por la campaña “traidores a la nación”.
A través de un video reiteró que, pese a las amenazas, volverían a votar en contra las veces que fuera necesario, señalando que no los pueden llamar traidores por no coincidir en una reforma la cual calificaron de destructiva y que no iba a generar inversión ni crecimiento.
Asimismo, adelantó que presentarán las denuncias que sean necesarias pues no permitirán que los amedrenten y advirtió que votarán en contra de todas las reformas constitucionales que dañen a México, como la electoral y la Guardia Nacional, las cuales no pasarán.
Diputados del PAN, PRI y del PRD presentamos DENUNCIA PENAL contra el presidente de la República y la dirigencia de morena porque estamos cansad@s de sus AMENAZAS y de su discurso de odio y violencia contra los que no coincidimos con su Reforma Eléctrica. #AltoAlOdio pic.twitter.com/juyku0fASc
— Mariana Gómez del Campo (@marianagc) April 22, 2022
Denuncian ante ONU
El día jueves el mismo grupo entregó una carta a Guillermo Fernández Maldonado Castro, representante en México de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la cual iba dirigida a Michelle Bachelet, la Alta Comisionada de la ONU.
En la carta se acusaron violaciones al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, en el cual se señala la obligación de los Estados a promover sociedades justas, pacíficas, e inclusivas.
Por ello, advirtió que además de la ONU buscarán ser escuchados ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), e incluso el Parlamento Europeo.