Este domingo 17 de abril se discutirá en la Cámara de Diputados la polémica reforma constitucional en materia de regulación para la energía eléctrica, impulsada por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. 

Las modificaciones que plantea el mandatario emanado de Morena han confrontado a legisladores que lo respaldan con la oposición, formada por la alianza PAN, PRI y PRD, así como Movimiento Ciudadano (MC); ha sido rechazada por el sector privado nacional y extranjero; motivo de análisis en múltiples foros, a favor y en contra, y además ha tensado las relaciones con otros países, especialmente Estados Unidos y España.

Tras varias semanas de análisis en la Comisión de Energía, congresistas de Morena reconocieron deficiencias en el dictamen inicial, señaladas por la oposición. Por ello, también con el objetivo de obtener votos a favor, aceptaron cambiar nueve puntos planteados por “Va por México”, pero aún así legisladores de esta alianza han anunciado que votarán en contra. 

La propuesta inicial tenía como objetivo modificar los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Federal, para permitir que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) sea responsable del Sistema Eléctrico Nacional y genere, al menos, 54 por ciento de la energía eléctrica que requiera el país, dejando el 46 por ciento al sector privado. 

También plantea cancelar los certificados de energías limpias de autoabasto que se orotgaban empresas, y eliminar la autonomía del Centro Nacional de Control de Energía, por lo que la CFE ya no estaría sujeta a comprar energía a través de este órgano. 

La reforma de López Obrador ha sido criticada por la oposición que la considera un retroceso en el uso de energías renovables que permitan combatir el daño ambiental.

Legisladores morenistas y de partidos aliados, así como analistas afines, argumentan que es necesario privilegiar los ingresos de la CFE en lugar de los del sector privado extranjero.

Morena cuenta con hasta 278 votos a favor, de sus legisladores y partidos aliados como PT y PVEM, pero para aprobar la reforma se necesita mayoría calificada, es decir, dos terceras partes de la cámara, por lo que necesita conseguir 55 votos más. 

En la negociación ha habido señalamientos de presiones, campañas en redes sociales y amagos de protestas y plantones para impedir que legisladores de oposición lleguen a la sesión el domingo.

Como muestra de disposición, el grupo mayoritario aprobó en comisiones nueve propuestas del PRI, entre ellas, agregar al artículo 4 constitucional: “que toda persona podrá acceder al uso y suministro de energía eléctrica suficiente y asequible como condición previa para el goce de los derechos humanos que establece la Constitución”.

A pesar de eso, legisladores de oposición votaron en contra, pues en los cambios no se aceptó mantener los permisos para las empresas que generan energía limpia de autoabasto y tampoco mecanismos para generar energías limpias que no dañen el medio ambiente. 

La discusión en el pleno del Congreso sería el martes 12 de abril, pero al no tener los votos de la oposición, la Junta de Coordinación Política cambió la sesión para el domingo de Resurrección, mientras se realizan los últimos intentos de negociación para la aprobación de la reforma.