Una investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) reveló que los desarrollos de lujo pertenecientes a Grupo Aura, convertidos en la segunda inversión más grande de Yucatán, fueron financiados por una presunta red de corrupción que operó en la empresa del gobierno federal Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex).

El grupo inmobiliario, cuya razón social es MIG Investment SAPI de CV, fue constituido en febrero de 2019 y en menos de un año se posicionó detrás de Grupo Xcaret respecto a inversión privada en Yucatán. Cuenta con dos desarrollos en Mérida (Aura Smart Luxury Living y Distrito Tres 70), así como dos en las playas del Puerto de Telchac (Aura Coast Telchac y Marena Beach Towers).

Durante la construcción de estos cuatro desarrollos, algunos de sus accionistas recibían ingresos millonarios por varias fuentes: un esquema de corrupción de dos vías en Segalmex; fondos desviados por la SEDATU durante la gestión de Rosario Robles, e incluso combustible, que Pemex acusó de ser huachicoleado, de donaciones realizadas a la Sedena.

La primera vía fue a través de una red de seis empresas operada por un facturero, que recibió contratos por 800 millones de pesos de Segalmex y que incumplió con entregar costales, tarimas, pesticidas y lonas que servirían para almacenar los granos que benefician a millones de productores del campo.

Según Segalmex, la importancia de estos contratos era tan grande que el no adquirir los costales y las tarimas para el almacenaje de granos podía derivar en pérdidas por 18 mil millones de pesos, sin embargo, las empresas incumplieron con la entrega y no fueron sancionadas.

La segunda fue a través de dos convenios por hasta 8 mil millones de pesos firmados con la empresa Grupo Vicente Suárez 73 para procesar y vender leche a Liconsa, que actualmente se encuentran bajo investigación de la Fiscalía General de la República (FGR).

¿Cómo operaban?

Entre 2019 y 2020, los accionistas de Grupo Aura recibieron adjudicaciones directas por 797 millones de pesos de Segalmex a través de una red de seis empresas vinculadas entre sí. Cuatro de ellas se constituyeron entre 2015 y 2019 y anteriormente ninguna había recibido contratos gubernamentales.

Dichos contratos fueron firmados durante la gestión de René Gavira Segreste, entonces director de Administración y Finanzas de la dependencia, quien fue cesado en junio de 2020 por acusaciones de corrupción.

Algunas de estas empresas comparten el mismo domicilio con otras que participaron en La Operación Safiro y en la red de lavado de dinero en la que participaba Isaac Gamboa Lozano, exfuncionario de Hacienda asesinado en Morelos.

En los seis casos el modus operandi fue el mismo: Segalmex pagaba por adelantado el 50 o 100 por ciento del monto estipulado en los contratos, aún cuando la dependencia todavía no recibía los bienes y pese a que las empresas no demostraron contar con la experiencia y capacidad humana para realizar los servicios.

“Accionistas” vivían en colonias populares

La primera vía se realizó a través de Denoter SA de CV, cuyos “accionistas” Alicia Dávila y Aldahir Contreras ganaron un contrato por 13.5 millones de pesos para surtir de cubrebocas al personal de Segalmex con la marca Liquid Clean, la cual registraron el 20 de mayo de 2020.

Aldahir, joven de 24 años y Alicia, de 55 años viven en colonias populares, el primero en una unidad habitacional popular en Iztacalco y la segunda en Cuajimalpa.

De acuerdo con los contratos con Segalmex otras dos empresas que fueron beneficiadas con adjudicaciones por unos 100 millones de pesos tienen su domicilio en un edificio casi abandonado ubicado en Tlalnepantla.

De empresa constructora a comercializadora de leche

La segunda vía se realizó a través de Grupo Vicente Suárez 73 SA de CV que con sólo cinco días de diferencia recibió dos contratos, con vigencia de cinco años, que implican un pago por hasta 8 mil millones de pesos para procesar y vender leche a Liconsa.

La compañía fue fundada por Alejandro Puente Córdoba, empresario de telecomunicaciones ligado a actos de corrupción durante el sexenio de Felipe Calderón. Al momento de la contratación, tanto él como su empresa, carecían de experiencia o antecedentes en dicha actividad.

La empresa se creó 11 de noviembre de 2014 como dedicada a la construcción, sin embargo, el 3 de diciembre de 2018, añadió a su objeto social que también se dedicaría a la producción y comercialización de productos agrícolas y ganaderos.

Un año después, el 12 de diciembre de 2019, firmó un convenio con Liconsa para procesar mínimo 400 mil litros de leche al día en una planta que se construirá en Tabasco. Cinco días después, firmó un segundo convenio idéntico para una planta procesadora que se construirá en Zacatecas.

Ambos convenios fueron firmados por Alejandro Armenta Peralta, quien desde 2012 ha sido abogado y apoderado legal de múltiples negocios de Puente Córdoba. Los convenios tienen una vigencia de cinco años a partir de su firma y establecen que hasta diciembre de 2021 se iniciarán operaciones.

No obstante, en los convenios hay una cláusula que permite a la empresa vender a Liconsa leche procesada, desde diciembre de 2019, vía la subcontratación con otras compañías ya establecidas que cuenten con la infraestructura necesaria.

De acuerdo con datos oficiales, Liconsa tiene un presupuesto de hasta 806 millones de pesos al año para los servicios de Grupo Vicente Suárez, por lo que de diciembre de 2019 a diciembre de 2024 el desembolso superaría los cuatro mil 30 millones de pesos.

Además, entre abril y diciembre de 2019, Diconsa otorgó otros dos contratos por 485 millones de pesos a la misma empresa para la venta de fruta para su programa de abasto rural.

La red de Grupo Aura

La red está conformada por las compañías Fruverloz, Properloz, Soluservicios Globales NXK, Professional Bright XRW, Gentsai Hoon y Denoter, las cuales recibieron contratos de Segalmex para la compra de costales de polipropileno, tarimas, insecticidas, raticidas, lonas blancas y cubrebocas.

En su último informe de la Cuenta Pública 2020, la ASF detectó que Segalmex pagó por adelantado a Soluservicios Globales NXK 49 millones de pesos. Dos funcionarios juegan un papel central en la red de empresas:

Miguel Carrillo Villarreal, director de Precios de Garantía y Estímulos en Segalmex, encargado de supervisar el cumplimiento de estos contratos, quien pese a los múltiples incumplimientos nunca aplicó las multas económicas ni rescindió los contratos con estas compañías.

Y René Gavira Segreste, quien entre 2012 y 2018 ocupó distintos puestos directivos en la alcaldía Cuajimalpa y como director de Administración y Finanzas en Segalmex, tuvo bajo su control el presupuesto y la adjudicación de contratos, hasta su salida en junio de 2020.

Actualmente Gavira es investigado por la FGR junto a Ricardo José Lambretón López Ostolaza, copropietario de uno de los desarrollos de Grupo Aura y José Luis Pandal de la Peza, ex delegado interino de Cuajimalpa, quien trabajó con Gavira como su coordinador de oficina en Segalmex.

Empresas de Lambretón ligadas a gobierno

Carrillo Villarreal y Gavira Segreste tenían reuniones constantes con Ricardo Lambretón, quien a través de sus empresas Biserca Corporativo y Grupo Especializado en Suministros Integrales, obtuvo múltiples contratos por más de 20 millones de pesos del gobierno de Cuajimalpa.

El empresario lleva casi la mitad de su vida siendo proveedor del gobierno, pues en los últimos diez años sus empresas recibieron contratos desde instancias donde René Gavira tuvo puestos directivos (Cuajimalpa y Segalmex).

Asimismo, una auditoría del Órgano Interno de Control (OIC) de Diconsa muestra que el empresario también está ligado con un contrato otorgado a Gentsai Hoon, empresa que ganó 65 millones de pesos por proveer mil 700 lonas que protegerían de la intemperie a los granos del programa Precios de Garantía, los cuales no entregaron a tiempo.

Si bien Lambretón no aparece como accionista de Grupo Aura, los cuatro terrenos donde se construye Marena Beach Towers fueron comprados en 16 millones de pesos por Evolution Telchac, compañía cuyos socios son otras dos empresas: Portafolio A&G y Negocios Lambretón.

Complejos destruyen vegetación

Dos de los desarrollos de Grupo Aura, Marena Beach Towers y Aura Coast Telchac, se construyen en la línea costera que año tras año es sitio de anidación para las tortugas de carey que llegan a las playas yucatecas.

El 4 diciembre de 2020, el presidente municipal de Telchac cortó el listón de inicio de obras de Marena Beach Towers, un desarrollo vertical con dos torres de ocho niveles, 84 departamentos y varias amenidades cuyos precios de los penthouse pueden llegar hasta los 10 millones de pesos.

Los desarrollos de Grupo Aura, construidos por los beneficiarios contratistas de Segalmex, han comenzado a transformar el paisaje de la costa yucateca y sus planes de expansión son ambiciosos, pues planean edificar cuatro complejos más: Aura Towers, Aura City, Marena Lake View y Marena Plaza.