Un grupo de periodistas marchó al Palacio de Gobierno, en Morelia, en exigencia de justicia por el asesinato del director del portal Monitor Michoacán, Armando Linares López, perpetrado el martes en el municipio de Zitácuaro.

Con pancartas con mensajes como “No más asesinatos de periodistas”, los manifestantes se detuvieron frente al Congreso de Michoacán para que los 40 diputados que en ese momento sesionaban escucharan sus reclamos.

Tras gritos y consignas, se permitió el paso a decenas de comunicadores, quienes tomaron la tribuna para condenar el asesinato de Armando Linares y exigir castigo a los responsables del crimen.

También demandaron al Congreso intervenir  y legislar para proteger al gremio. Demandaron que la Fiscalía General de la República atraiga la investigación del caso.

Periodistas e integrantes de los colectivos Ni Uno Más y Periodismo en Riesgo, solicitaron a las administraciones federal y estatal apoyar a los familiares de los reporteros asesinados o desaparecidos, y resguardar a quienes han sido amenazados.

El gobierno de Michoacán convocó a comunicadores a instalar una mesa de trabajo para definir una agenda que permita atender sus demandas en materia de seguridad y derecho a la libre expresión, además de revisar el marco jurídico y operativo de los mecanismos de protección al gremio.

El 31 de enero, cuando fue ultimado Roberto Toledo, en la entrada del inmueble donde se ubican las oficinas de Monitor Michoacán, Armando Linares dijo que había recibido amenazas de funcionarios del ayuntamiento y de la Fiscalía Regional de Zitácuaro. En esa ocasión señaló que había nombres y sabía quién estaba detrás “de todo esto”. El martes lo mataron en su domicilio.

En las dos últimas décadas, al menos 20 informadores han sido asesinados en Michoacán. De acuerdo con familiares e integrantes del gremio en la entidad, se presume que en la mayoría de los crímenes y desapariciones estuvo involucrada la delincuencia organizada.

La Comisión Estatal de Derechos Humanos llamó a las autoridades a respetar y garantizar los derechos de los periodistas y de quienes ejercen la libertad de expresión, según información del diario La Jornada.