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Reinstalan a burócratas despedidos con RMV, pero no les pagan

  • Maribel Velázquez
Servidores públicos de Puebla que fueron despedidos y luego reinstalados tras juicios laborales, ahora llevan hasta 11 meses sin que les paguen un salario, mientras que a otros les adeudan el laudo que ganaron
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La reinstalación de burócratas despedidos con Rafael Moreno Valle Rosas no se ha concretado totalmente, ya que regresaron a sus cargos en la administración estatal, pero ahora varios llevan casi un año sin recibir su salario o el pago de sus sueldos caídos, y otros siguen en proceso de integrarse tras la promesa de ser reinstalados en el gobierno de Luis Miguel Barbosa Huerta.

En la gestión de Moreno Valle fueron despedidos 15 mil trabajadores de honorarios, confianza y de base; estos últimos no debían ser separados de su cargo al contar con su basificación, pero aun así fueron echados y en campaña Barbosa Huerta les prometió que les devolvería su empleo.

De mil 300 que eran sindicalizados, varios se cansaron y dejaron de luchar, pero otros continuaron y muy pocos fueron reinstalados.

Sin embargo, de este pequeño grupo no todos reciben un salario, pues hay quienes llevan hasta 11 meses sin retribuciones, de acuerdo con testimonios ofrecidos a este medio bajo el anonimato por temor a represalias.

Uno de los afectados dijo que algunos trabajadores ya recibieron el pago del laudo, pero ahora no reciben un salario, mientras que otros que sí tienen un sueldo no recibieron sus salarios caídos.

Otro agraviado indicó que tiene al menos 12 conocidos burócratas que están en esta situación.

Explicó que, en promedio, un servidor público tiene un salario mensual de 15 mil pesos, así que, si un trabajador no recibió su salario por 11 meses, el gobierno le debería alrededor de 165 mil pesos, pero hay otros que les deben seis meses o menos.

De quienes no han recibido el pago del laudo que ganaron, en promedio les adeudan un millón pesos por persona, pero que en realidad ese dinero no llega íntegro al trabajador, ya que el 35 por ciento es el pago de impuestos; el 13 por ciento es para la seguridad social; el 2 por ciento para el sindicato y, en algunos casos, el 30 por ciento se le queda al abogado que haya llevado el caso.

Agregó que el argumento de las autoridades estatales para no pagar es que no hay dinero, e incluso hay una investigación por parte de un despacho externo, ya que al parecer se habrían hecho pagos de laudos que no correspondían y todo se complicó aún más con la salida de Ricardo Velázquez Cruz de la Consejería Jurídico.

El trabajador lamentó esta situación, especialmente porque en su momento respaldaron a Barbosa Huerta cuando fue candidato a gobernador, y sentenció que la petición de regresar a trabajar no es un asunto de caridad, sino de justicia social a la que tienen derecho todas las personas despedidas.

Pleito sindical afecta a trabajadores

Por separado, Jhovani Oliver Gallo, dirigente electo del Sindicato de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla y Organismos Descentralizados (Stspepyod), aunque con su nombramiento impugnado, confirmó que hay empleados que llevan cuatro, nueve y 11 meses sin recibir sus pagos y sobreviven gracias al apoyo económico de sus familiares.

Reconoció que este es uno de los temas que continúan sin solución, pero aseguró que en cuanto se resuelva la impugnación de la elección de la dirigencia sindical este sería, junto con el incremento al salario, uno de los primeros temas a tratar con el gobierno estatal.

Adelantó que este viernes podría darse por fin el fallo de los tribunales, para ver si reconocen o no la elección que le dio el triunfo en diciembre del año pasado.

La elección fue impugnada por Martha Rodríguez Salinas, del grupo disidente Movimiento por la Democracia, tras acusar irregularidades en el proceso, desde la conformación del comité electoral hasta la jornada de votación.

Ante los señalamientos de los trabajadores, este medio buscó una postura del área de comunicación del gobierno del Estado, pero no hubo una respuesta.

Sobreviven con ayuda de su familia

Un trabajador de la Secretaría de Movilidad y Transportes (SMT) del gobierno estatal manifestó que después de pelear por su reintegración regresó a laborar el 20 de mayo del año pasado, pero desde entonces no recibe un sueldo.

En entrevista afirmó que nadie dice nada porque tienen miedo de ser despedidos o que “los traigan entre ojos”, y advirtió ahora es más complicado enfrentar este problema porque no hay una dirigencia sindical.

En su caso, narró que ha logrado sobrevivir con el negocio que formó tras ser despedido, además de que recibe apoyo de su familia, como esposa e hijos.

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