La Auditoría Superior del Estado (ASE) de Puebla desconoció como su titular a Francisco Romero Serrano y formalizó el arribo de Rubén de la Fuente Vélez como auditor interino.

Cuatro días después de que el auditor fue suspendido del cargo por el proceso penal que enfrenta por violencia familiar, el órgano de fiscalización borró su nombre de su directorio en internet.

Ahora, con el título de “Suplente del Auditor” aparece el nombre de Rubén de la Fuente Vélez, en tanto que se desconoce el paradero del auditor, ya que desde diciembre dejó de acudir a la ASE.

​

En medio del periodo vacacional se emitió una orden de aprehensión en contra de Romero Serrano y le fue negado un amparo.

El 15 de enero el aún auditor anunció su contagio de covid-19, así que esto también le impidió presentarse a la sede del organismo en la 5 Sur 1105 en el Centro Histórico, además de que luego reportó secuelas, así que se extendió su incapacidad.

Ahora su regreso y su permanencia en el cargo están en vilo, pues el Congreso del estado se aprobó nuevas facultades para poder destituir al titular de la ASE, y una de las causales de remoción, es ausentarse por más de un mes sin la autorización del poder Legislativo.

La destitución por ausencia

Una de las nuevas disposiciones fue la creación de una Comisión de Control y Vigilancia de la ASE que entró en funciones el 11 de febrero para remplazar a la Comisión Inspectora, presidida durante dos legislaturas consecutivas por la diputada local de Morena, Olga Lucía Romero Garci Crespo.

La nueva legislación fue resultado de iniciativas impulsadas por el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta para reformar la Constitución Política del Estado y leyes secundarias, que permiten a la nueva comisión remover del cargo al titular de la ASE. 

En el artículo 113 constitucional se estableció como una causal de remoción del auditor, la ausencia de sus labores por más de un mes sin que medie autorización del Congreso; así como una mala evaluación de desempeño a juicio del Congreso; la comisión causas graves o cualquier situación “que afecte a la fiscalización de cuentas y el combate a la corrupción”.

La suspensión de Romero Serrano se dio a conocer el pasado 14 de febrero, cuando en el Congreso local se informó que un juez de control de San Andrés Cholula dictó como medida cautelar, suspenderlo de sus funciones por enfrentar una demanda por violencia familiar.

El boicot desde el gobierno

La suspensión le fue impuesta luego de que el pasado 2 de febrero Romero Serrano denunció que, desde la Consejería Jurídica y la Secretaría de la Función Pública del gobierno del estado, se ha evitado que ayuntamientos y universidades presenten información para el proceso de fiscalización. 

De forma sistemática, los sujetos obligados presentaron un escrito para evitar la entrega de los documentos sobre el uso de los recursos estatales y federales, por lo que desde la ASE se inició una investigación, sin embargo, con la suspensión de Romero Serrano se desconoce el avance de este proceso judicial que aseguró que promovería ante la Fiscalía General de la República (FGR).