El Congreso de Puebla aprobó crear una comisión para vigilar a la Auditoría Superior del Estado (ASE) con facultades para destituir a su titular, actualmente Francisco romero Serrano, sin embargo, la medida no puede aplicarse porque deriva de reformas constitucionales que no se han promulgado, ya que aún no tienen el aval de la mitad más uno de los 217 ayuntamientos. 

Con 38 votos a favor y tres abstenciones de la bancada de Acción Nacional (PAN), se aprobó este viernes un paquete de reformas a varias leyes y ordenamientos impulsado por la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo) del Congreso.

Esta es la legislación secundaria de las reformas constitucionales avaladas en noviembre pasado, que fueron propuestas por el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta, cuando ya era evidente su confrontación con Romero Serrano.

Esta legislación integral permitirá que la nueva comisión trabaje como un área técnica que revise rigurosamente el ejercicio de la ASE y tendrá la atribución de remover al titular si, a criterio de las y los congresistas, incurre en faltas graves en el ejercicio de sus funciones. 

Aunque estas reformas surgieron en medio del pleito público entre el mandatario local y el auditor, las presidentas de las comisiones Inspectora y de Gobernación, Olga Lucía Romero Garci Crespo (de Morena) y Mónica Silva Ruiz, del Partido del Trabajo (PT), defendieron que estas reformas no tienen dedicatoria y solo son para homologar la ley estatal con la federal. 

“No son un traje a la medida, es para transparentar y mejorar los procesos de fiscalización en Puebla”, argumentó Silva Ruiz en la sesión plenaria.

Sin embargo, el diputado local del PAN Oswaldo Jiménez López, sentenció desde la tribuna que el “tiempo político” fue aprovechado por algunos diputados para regularizar leyes que son dirigidas para un personaje en específico “aunque nadie quiere decir su nombre”.

“Todos los que estamos aquí sabemos que la política es de tiempo y de las circunstancias; estamos haciendo reformas necesarias sí, pero el tiempo tiene el tufo de que le estamos tendiendo la cama de un personaje que no queremos mencionar, hoy por hoy están aprovechando el tiempo para eso”, refirió. 

Sugirió que es cuestión de tiempo para que empiece el proceso de destitución, pero recordó que en 2019 la designación del auditor fue ilegal, pues su nombramiento se hizo solo con 27 votos a favor cuando se requerían 28, pero en aquel momento tenía la ventaja del respaldo de Barbosa Huerta. 

Reformas constitucionales sin aprobarse

Aunque el Congreso del Estado aprobó parte de la estrategia para destituir al titular de la ASE, en la práctica, ninguna medida puede ejecutarse todavía.

Esto debido a que las reformas constitucionales de Barbosa Huerta que fueron aprobadas en “fast track” por el Congreso desde noviembre, hasta ahora no se han promulgado en el Periódico Oficial del Estado (POE). 

Con dichas reformas hubo cambios en los requisitos para aspirar a la titularidad de la ASE y en las atribuciones del Congreso para la destitución de quien la encabeza.

También se proyectó la instalación de una Sala Especializada del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA), con el fin de dar legalidad a las decisiones de la comisión y estaría conformada por tres magistrados que podrían estar en el cargo por 15 años, mismos que serán electos por las y los congresistas. 

Sin embargo, al ser reformas constitucionales también deben de ser avaladas por los cabildos de por lo menos 110 de los 217 municipios que comprenden la entidad, así que la posible destitución del auditor no puede ejecutarse hasta en tanto los ayuntamientos no avalen las reformas, ya que solo hasta entonces se promulgarían y podría comenzar el proceso para designar a quienes integren la comisión de vigilancia de la ASE y la sala especializada.

Auditor denuncia boicot 

El 2 de febrero Romero Serrano denunció a través de redes sociales que desde el gobierno de Barbosa Huerta se fraguaba una estrategia para impedir la fiscalización de recursos estatales y federales ejercidos por ayuntamientos, universidades y secretarías.

El auditor acusó directamente al Consejero Jurídico, Carlos Palafox Galeana y a la secretaria de la Función Pública (SFP), Amanda Gómez Nava, de girar instrucciones a los sujetos obligados para que negaran a la ASE la información sobre el uso de recursos públicos, de manera coordinada y con la misma justificación.