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“Aquí en Puebla, en el sector salud (…) es donde se aloja la mayor corrupción. Lo vamos a corregir”, prometió Miguel Barbosa Huerta en el arranque de su gobierno, pero a 29 meses del inicio de su gestión esta situación sigue igual. Su administración ha realizado compras de medicamentos y contratado servicios de laboratorio por 623.7 millones de pesos a cuatro empresas, investigadas por prácticas monopólicas, falsificar documentos en licitaciones y beneficiarse con posibles conflictos de interés en el sexenio de Enrique Peña Nieto.

Durante su segundo día de gobierno, Barbosa Huerta acompañó al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, a un recorrido por el Hospital Rural de Xicotepec, en la Sierra Norte, y se comprometió a “hacer que la salud no esté asociada al control político”. 

A 29 meses de su promesa, el gobierno barbosista firmó contratos con empresas que la Federación intentó vetar, acusadas de alterar licitaciones o multadas por la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece).

Las firmas beneficiadas con la compra de medicamentos en Puebla, entre agosto de 2019 y septiembre de 2021, fueron: Instrumentos y Equipos Falcón SA de CV, multada por la Cofece por incurrir en prácticas monopólicas;Laboratorios Pisa SA de CV, inhabilitada por falsificar documentos en una adjudicación; Farmacéuticos Maypo SA de CV, vetada por el gobierno federal para participar en contrataciones; y Casa Marzam SA de CV, implicada en posibles conflictos de interés en la obtención de contratos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

e-consulta solicitó al director del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla (ISSSTEP), Miguel Ángel García Martínez y a su área de Comunicación Social y al Departamento de Prensa de la Secretaría de Salud del Estado de Puebla (SSEP) una postura al respecto pero no emitieron comentarios.

Monopolios llegan a Puebla

Durante la administración de Barbosa Huerta siguen como proveedoras de servicios de laboratorio y medicamentos empresas acusadas de prácticas monopólicas, desde el sexenio de Rafael Moreno Valle y los de sus sucesores. 

Las firmas son Instrumentos y Equipos Falcón SA de CV y Farmacéuticos Maypo SA de CV, ambas investigadas por el gobierno federal. El sector salud poblano les entregó al menos 10 contratos hasta por 617.5 millones de pesos.

La empresa Instrumentos y Equipos Falcón fue sancionada por la Cofece, junto con otras 10 sociedades y 14 personas físicas que intercambiaban información para ganar los contratos del IMSS o del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), lo que derivó que en agosto de 2020 las multaran con 626.4 millones de pesos, tras confirmarse que incurrieron en prácticas monopólicas por servicios integrales de estudios de laboratorio y de banco de sangre.

Pese a sus antecedentes de simulación de competencia, la SSEP de José Antonio Martínez García firmó el 12 de enero del 2021 el contrato por servicios de laboratorio clínico DABS/GESAL-157/SSEP/337/2020 con Instrumentos y Equipos Falcón, por un monto mínimo de 122 millones de pesos y máximo de 304.9 millones de pesos. También el 24 de diciembre de 2020 le adjudicó el contrato DABS/GESAL-135/ISSSTEP/326/2020 por 100.4 millones de pesos, para análisis clínicos del ISSSTEP, dirigido por Miguel Ángel García Martínez.

Otra empresa favorecida por el sector salud de Puebla fue Farmacéuticos Maypo SA de CV, con siete contratos en la gestión de Miguel Barbosa pese a que la Presidencia de la República envió un oficio el 20 marzo de 2019 a la Oficialía Mayor de Hacienda, para vetar a la firma en cualquier proceso de compras federal, luego que López Obrador la señalara de ser una de las que acaparó el mercado de medicamentos en el sexenio de Enrique Peña Nieto.

El mayor cliente de Maypo en la administración de Barbosa es el ISSSTEP, con seis de los contratos, que suman 208.6 millones de pesos, ganados entre diciembre de 2019 y septiembre pasado. Cinco de los contratos fueron adjudicación directa y no hubo competencia con ninguna otra empresa. La SSEP también le compró medicinas el 30 de diciembre de 2019 por 3.5 millones de pesos. 

Medicamentos con corrupción

Sumado a sus tratos con las empresas acusadas de prácticas monopólicas, la actual administración estatal pagó 6.1 millones de pesos a sociedades ligadas a casos de corrupción, como Casa Marzam SA de CV,señalada de tráfico de influencias o conflictos de interés por los vínculos de sus accionistas con directivos del IMSS, y Laboratorios Pisa SA de CV, inhabilitada por el gobierno de López Obrador por falsificar documentos en una adjudicación directa del instituto de seguridad social.

En marzo de 2019, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) publicó que Casa Marzam SA de CV consiguió entre 2015 y 2018 las contrataciones más altas de su historia con el IMSS. Durante esos años, el propietario de la firma era Luis Doporto Alejandre, hijo de un integrante del Consejo Técnico del IMSS, Héctor Doporto Ramírez, cuyo cargo le permitía conocer información privilegiada sobre inversiones.

Ese conflicto de interés se reveló antes de que Marzam se convirtiera en proveedora del ISSSTEP, que entre diciembre de 2020 y abril de 2021 le otorgó cuatro contratos por poco más de 5.5 millones de pesos. Por su parte, la SSEP le compró medicinas el 30 de diciembre de 2019 por más de 191 mil 576 pesos.

Otra de las empresas sancionadas, pero cobijadas en Puebla, fue Laboratorios Pisa SA de CV, sancionada en octubre del 2020 por la Secretaría de la Función Pública (SFP), tras investigar que en 2017 falsificó documentación para recibir una adjudicación directa para servicios de anestesia. El Tribunal Federal de Justicia Administrativa resolvió el 6 de abril de 2021 suspender la resolución, lo que dejó sin efecto la inhabilitación de 30 meses para participar en licitaciones. 

Poco antes de que la SFP inhabilitara a Laboratorios Pisa, la actual administración estatal requirió de sus servicios, al pagarle la SSEP 500 mil 756 pesos por accesorios y suministros médicos, según la versión pública del contrato DABS/GESALF-023/SSEP/100/2019, firmado el 30 de diciembre del 2019.