El exsenador panista Roberto Gil Zuarth, asesor del gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta, ahora es señalado de estar inmiscuido en el boicot del gobierno estatal contra la Auditoría Superior del Estado (ASE), por medio de uno de sus colaboradores de nombre Fernando del Villar.

A través de la cuenta institucional de Twitter de la ASE, este martes se denunció que Fernando del Villar supuestamente sería el autor del correo electrónico y el documento con el cual se instruyó a ayuntamientos, universidades y órganos descentralizados a evadir la fiscalización emprendida por el auditor Francisco Romero Serrano.

Hace unos días la revista Proceso ventiló una estrategia en la que Gil Zuarth y Barbosa Huerta buscan obtener la fortuna de la Fundación Jenkins, que asciende a 720 millones de dólares, de ahí que habrían participado activamente en el conflicto por la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP).

“En relación al inicio de las investigaciones llevadas a cabo por nuestra área de Tecnologías de la Información, se ubicó que la dirección IP del origen del formato utilizado por 61 entes fiscalizables para dilatar los procesos de fiscalización referidos la semana anterior, está a nombre de una persona llamada FERNANDO DEL VILLAR; por lo que esta prueba será presentada ante las autoridades correspondientes”, denunció la auditoría este martes.

En relación al inicio de las investigaciones llevadas a cabo por nuestra área de Tecnologías de la Información, se ubicó que la dirección IP del origen del formato utilizado por 61 entes fiscalizables para dilatar los procesos de fiscalización referidos la semana anterior... 1/2 pic.twitter.com/fA196r8UtH

— Auditoría Superior del Estado de Puebla (@AsePuebla) February 8, 2022

...está a nombre de una persona llamada FERNANDO DEL VILLAR; por lo que esta prueba será presentada ante las autoridades correspondientes. 2/2 pic.twitter.com/1dkyYZWxFs

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En la página de internet de la firma BDP Litigio y Consultoría, propiedad de Gil Zuarth, aparece Fernando del Villar como uno de sus colaboradores.

De acuerdo con su perfil profesional que ahí se encuentra, ha trabajado en áreas de consultoría constitucional y legislativa, diseño institucional, litigio constitucional y administrativo y de infraestructura. 

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Estas investigaciones de la ASE comenzaron luego de que Romero Serrano acusó públicamente al Consejero Jurídico del gobierno estatal, Carlos Palafox Galeana, así como la secretaria de la Función Pública (SFP), Amanda Gómez Nava, de girar instrucciones a ayuntamientos, universidades y secretarías con el fin de negar a la ASE de manera coordinada y con la misma justificación, información sobre el uso de recursos públicos. 

A raíz de esto trascendió que presidentes municipales presentarán denuncias contra Romero Serrano, por diversos delitos, como corrupción y extorsión, para atribuirle faltas graves en el ejercicio de sus funciones que hagan inminente su destitución e investigación. 

Aunque Romero Serrano buscará la intervención de la Fiscalía General de la República (FGR), el Congreso del estado ahora tiene las facultades para destituir y nombrar a otro auditor en cuanto se encuentren argumentos suficientes.