Sin un aviso previo ni capacitación de por medio, 60 elementos de la Policía Estatal Preventiva pasaron a ser custodios del Centro de Reinserción Social (Cereso) de San Miguel por la reestructuración que el gobierno de Puebla hizo tras el escándalo del bebé Tadeo.

Uniformados denunciaron que el miércoles fueron citados en San Miguel para apoyar en los operativos que se mantienen desde el lunes, pero al llegar les informaron que pasarían a ser parte de los custodios del centro penitenciario.

¿Qué tal? Uno de los uniformados denunció que fueron citados en San Miguel para apoyar en los operativos, pero al llegar les informaron que desde ese momento pasaban a ser parte de los custodios del centro penitenciario. pic.twitter.com/Na4v3h0odr

— Periódico e-consulta (@e_consulta) January 27, 2022

“Estamos afuera del Cereso, somos 60 policías estatales que, con engaños, nos dijeron que veníamos en apoyo, no que nos iban a cambiar de adscripción como custodios. Esa es la inconformidad, no nos negamos al apoyo de San Miguel”, denunciaron.

Aunque todos los uniformados pertenecen a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) que ahora está a cargo de Daniel Iván Cruz Luna, los custodios de los centros penitenciarios deben tener un curso de formación y seguridad en los centros penitenciarios antes de ser custodios.

A través de redes sociales compañeros advirtieron que buscarán ampararse para que se les respete el sueldo, categoría y antigüedad, porque “no son enchiladas”.

Esta medida se da luego de la detención de Jaime Mendoza Bon, el encargado de despacho de San Miguel, supervisores y custodios que estuvieron implicados en el caso del bebé Tadeo.

Fuentes de la SSP confirmaron el cambio de adscripción de los elementos, pero no hubo una postura oficial al respecto.

Hace unos días Barbosa Huerta reconoció que pese a los cambios en la dirección del penal prevalecen los privilegios y la corrupción porque se mantienen los mismos custodios y supervisores. 

Identifican a inconformes con directora

Víctor Hugo López Sosa y Raúl Pérez Soriano fueron los dos internos que el miércoles buscaron desestabilizar San Miguel y exigieron ser atendidos por la nueva directora, María del Rayo Mendoza Farfán, para llegar a un acuerdo para mantener el control de las cuotas en diversas áreas.

La tarde de ayer se reportó un intento de motín en el penal y la SSP lo negó, pero fuentes extraoficiales explicaron que todo ocurrió porque los dos internos de los dormitorios L-23 y J-1, intentaron movilizar a los demás internos.

Con tal de obtener su apoyo, incluso regalaron drogas para calmar la abstinencia de varios, pero no lograron ser respaldados por todos los reclusos y solo un pequeño grupo logró ser atendido por la nueva directora.

Trascendió que Mendoza Farfán los recibió, pero rechazó cualquier tipo de acuerdo para evitar que los internos sigan teniendo el control.

“Si grupos de internos piensan que pueden presionar al gobierno se equivocan. No se van a permitir más acciones de ilegalidad, no estamos en esa posición”, señaló esta mañana Barbosa Huerta.