En Puebla se busca castigar hasta con tres años de cárcel a las personas que promuevan, impartan, apliquen, obliguen o financien las llamadas terapias de conversión, que supuestamente tiene el objetivo de “cambiar” la orientación sexual de las personas.

El diputado de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Carlos Evangelista Aniceto, presentó en el Congreso del estado una iniciativa para que además de la cárcel se impongan multas de 10 mil 669 a 4 millones 267 mil 800 pesos.

Para aplicar estas medidas se harían cambios en el Código Penal del Estado mediante la creación de la sección “Delitos contra el libre desarrollo de la sexualidad, expresión e identidad de género”.

El también presidente de la Comisión de Grupos Vulnerables, recordó que para la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), la homosexualidad y transexualidad son variaciones naturales de la sexualidad humana y no pueden considerarse como enfermedades.

Además, el 17 de mayo de 1990, la Asamblea General de la OMS eliminó la homosexualidad de la Clasificación estadística internacional de enfermedades y otros problemas de salud y, en junio de 2018, sacó la transexualidad de la clasificación de las enfermedades mentales, por lo que dejó de considerarse como un trastorno psicológico.

En la iniciativa también se precisa que el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) exhortó a las autoridades a hacer ajustes necesarios para prevenir y eliminar los llamados Esfuerzos para corregir la orientación sexual e identidad de género (Ecosig), por ser fáctica y potencialmente dañinos, al desconocer la diversidad sexual y estigmatizar la homosexualidad, contribuyendo a la persistencia de la homofobia y la violencia.

Estados como la Ciudad de México, Estado de México, Baja California Sur, Yucatán y Zacatecas ya legislaron el tema, según el proyecto del diputado.

Acciones a favor de las mujeres

Por otro lado, en la sesión la diputada Nora Yéssica Merino Escamilla presentó una iniciativa para reformar la Ley Orgánica Municipal, a fin de que los 217 ayuntamientos cuenten con un instituto, áreas o direcciones enfocadas a las mujeres.

A su vez la diputada Aurora Guadalupe Sierra Rodríguez planteó una reforma a la Constitución Política del Estado con el propósito de aplicar la verticalidad y horizontalidad de la paridad de género en los ayuntamientos.

Con esto no sólo se aseguraría la cantidad de lugares para las mujeres, sino también los espacios en los que deben estar de acuerdo con los diferentes niveles de mando.