Limitaciones a familias de víctimas, ambigüedad sobre el fondo de ayuda, así como la integración del mecanismo de búsqueda de personas, son algunas discrepancias entre la Ley en Materia de Desaparición de Personas propuesta por el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta, y la realizada por el colectivo La Voz de los Desaparecidos.

La iniciativa del colectivo, realizada con el Instituto de Derechos Humanos “Ignacio Ellacuría” (IDHIE) de la Universidad Iberoamericana de Puebla, se detalla que el Consejo Estatal Ciudadano es un órgano ciudadano de consulta y supervisión de la Comisión Estatal de Búsqueda y de las autoridades que forman parte del Mecanismo Estatal.

Plantea que este grupo sea integrado por seis familiares de personas desaparecidas, mientras que la propuesta del mandatario estatal indica que sólo deben ser cuatro personas.

Otra diferencia es que el proyecto de Barbosa Huerta incluye a dos especialistas, y la propuesta ciudadana considera a tres.

Una situación contraria ocurre en el caso de los representantes de organizaciones civiles, pues la iniciativa del gobierno considera tres y la iniciativa ciudadana dos.

En cuanto a la duración de los cargos, las dos partes coinciden en que deben ser de tres años, sin embargo, el colectivo, así como el IDHIE prevén la reelección, pero Barbosa Huerta la impide.

En el caso del coordinador de este grupo, la propuesta ciudadana señala que no hay límite de tiempo en este cargo, pero la propuesta del gobernador indica que sólo es por un año.

En la integración del mecanismo estatal de búsqueda también hay diferencias, ya que el colectivo y los académicos plantean que se integren al secretario de salud, así como al titular de la Secretaría de Planeación y Finanzas, pero el mandatario no los contempla.

Evaden fondo de búsqueda

Mientras que la propuesta de los ciudadanos considera incluso un capítulo para detalla los alcances de un fondo para la búsqueda de los desaparecidos, la del mandatario estatal apenas hace algunas menciones sobre el tema.

La propuesta del colectivo y el IDHIE refieren que el monto se integraría por una cantidad no menor al 0.05 por ciento del presupuesto de egresos de la entidad; los recursos provenientes de la enajenación de los bienes que hayan sido objeto de decomiso y estén relacionados con la comisión de delitos referidos en la Ley General en la materia; los recursos aportados por la Federación al Fondo Estatal de Desaparición; dinero adicional obtenido por los bienes que causen abandono y por las donaciones o aportaciones hechas por terceros al Fondo Estatal de Desaparición.

Aún siguen sin invitar a colectivo

La integrante del colectivo de La Voz de Desaparecidos, María Luisa Núñez Barojas, dijo que hasta el momento no los han convocado para hacer el análisis de la Ley de los desaparecidos, tampoco conocen la propuesta de manera formal.

Consideró importante que los familiares de personas desaparecidas sean ampliamente representados y no se está considerando el fondo de recursos económicos para la búsqueda de personas.

“Sería como un ganar perdiendo porque además de todo, la iniciativa se tiene que aprobar tomando en cuenta que no sea limitada únicamente para lo que le conviene a este gobernador, el gobernador ahorita, es claro que no le interesan los desaparecidos supongo porque si es real que no quiere destinar un fondo, es porque realmente no le interesa”.

En entrevista por separado, la diputada Estefanía Rodríguez Sandoval, calificó la iniciativa del gobernador como completa, pero a la cual todavía le hacen falta integrar algunos aspectos propuestos por la ciudadanía.