El Sistema Estatal Anticorrupción de Puebla está paralizado desde 2020, cuando el gobernador Miguel Barbosa Huerta hizo suyo un conflicto contra los miembros de Comité de Participación Ciudadana, a quienes les recortó el salario hasta en 70 por ciento.

José Alejandro Guillén Reyes, integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) consideró que es preocupante que el Sistema no esté funcionando y que las instituciones que lo conforman sólo cumplan con lo que la ley los obliga.

En entrevista con Rodolfo Ruiz, para el programa Ante la Corte, informó que en un principio hubo diálogo con el gobernador, pero después una mala interpretación de un informe terminó la relación cordial con la que se vieron por primera vez en 2019.

El  politólogo narró que los malos entendidos se dieron por un párrafo, en un borrador del informe redactado por los comisionados del Comité Estatal de Participación Ciudadana (CEPC) en el que se hacía alusión a Laura Olivia Villaseñor Rosales, la Secretaría de la Función Pública, y a la presidenta del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (ITAIP), Marcela Carcaño Ruiz.

“Se da un asunto que es anecdótico, pero que es la causa del rompimiento, la causa del conflicto. Resulta que un borrador del informe en donde cada uno de los comisionados había aportado su parte (…) Hubo un párrafo en donde yo puedo admitir que a lo mejor no son los términos muy cordiales pero tampoco se está diciendo una cosa que no estuviéramos haciendo. Se le menciona ahí, y se le hace entender a la nueva secretaria que se está trabajando en el tema de Gobierno Abierto y se señalan los desencuentros con la presidenta del ITAIP”, relató.

El párrafo de ese informe que jamás se publicó antes está citado en el libro de Guillén Reyes y que se dio a conocer este miércoles y  que tiene por título Anatomía de la Corrupción en Puebla, en el que escribió:

“Sin embargo, el estado actual de las negociaciones se vio suspendido por el relevo en la Secretaría de la Función Pública, por lo que el CPC está de nuevo trabajando para que la nueva titular entienda la importancia del tema, retome la iniciativa y se pueda dar pronto la incorporación estatal a la estrategia de gobierno abierto. Es importante señalar que la anterior circunstancia no es la única que frena el objetivo, pues la Presidenta del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Puebla (ITAIPUE) no ha mostrado disposición para ello, sin embargo, trabajaremos como ciudadanos para que esa situación cambie”.

Desde ese momento, refiere José Alejandro Guillén Reyes, se pudo observar una operación en su contra de parte del Comité Coordinador y del gobernador Miguel Barbosa Huerta.

“Eso fue lo que se escribió. Es un párrafo y, bueno, no les gustan los términos. Y a partir de ese momento comienza lo que se dice en una reunión extraordinaria. Nos señalan que no están de acuerdo en cómo se presenta el informe y a partir de ese momento comenzamos a ver un movimiento en el cual la Secretaría de la Función Pública empieza revisar el salario ( de los comisionados) para bajarlo”, agregó.

Argumentaron –en el gobierno-  que se trataba de un tema de austeridad, pero en realidad, no hubo argumentos, dice Guillén Reyes.

En tanto se desarrollaba un conflicto legal, el objetivo fundamental del Sistema  Estatal Anticorrupción, que “es precisamente atacar la corrupción”, no se estaba haciendo.

Pese a que se han aportado algunas cosas de las instituciones que conforman el Comité Coordinador, si se hiciera “una evaluación se vería que no se va a ningún lado”.

Ante esta situación, comentó que es posible que los indicadores negativos en materia de corrupción en Puebla se vean reflejados en indicadores del INEGI cuyo análisis está en su libro.

Citó como ejemplo que Puebla se encuentra en el lugar 23 de 32 en la tasa de prevalencia de experiencias de corrupción en trámites y servicios, es decir, que los ciudadanos son víctimas de un acto de corrupción.

Diálogo para terminar conflicto

José Alejandro Guillén Reyes, integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) comentó que el diálogo con el gobernador Miguel Barbosa Huerta sería un paso importante para terminar los malos entendidos.

“Ha pesado en que si el gobernador hizo suyo este conflicto, uno de los elementos que pudiera destrabarlo y permita el funcionamiento del sistema estatal anticorrupción es ese, el diálogo”, señaló.

Actualmente, declaró, están buscando la manera de construir el puente de comunicación, pues desde hace más de un año las puertas están cerradas en la Secretaría de Gobernación con el entonces titular David Méndez, así como los miembros del Comité Coordinador.

¿Qué pasa con los amparos?

Tres de los cincos integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) ganaron un recurso de suspensión para recibir el 30 por ciento del salario.

En tanto, dos no han recibido ni un solo peso, pero están en un juicio de amparo, aún sin resolución.

Aunque se estima un salario mensual 65 mil pesos, los que ganaron un juicio reciben 25 mil pesos, aunque hay incertidumbre pues se han cancelado algunas nóminas.

“Nosotros sabíamos que el pleito legal era un pleito largo, de largo alcance y que esto terminaría cuándo llegara a los llamados órganos colegiados”, concluyó al referir que un diálogo podría dar por concluidos los amparos.