Así lo denunció Luis Soriano Peregrina, representante de la organización “Voz Ciudadana por los derechos humanos”, al referir que estos casos se han presentado principalmente en direcciones de la Secretaría de Gobernación que preside Ana Lucía Hill Mayoral.

El activista comentó que la reinstalación fue aceptada, cinco años después de que ganaron el juicio, pero después les impidieron trabajar.

“Se levantó un acta, se formalizó su incorporación. Se hizo en presencia de las autoridades de los tribunales y abogados de los trabajadores. Los trabajadores (reinstalados) se quedaron en su nueva área de trabajo, pero llegaron unas personas sin identificarse para pedirles que se retiraran, porque no había condiciones para que se quedaran, por lo que en realidad la reinstalación no se había dado y eso es muy grave”, señaló.

Al menos cinco casos se presentaron en este año y hasta ahora no se conoce si el personal que les impidió el acceso a trabajar a los rescindidos es de la Secretaría de Gobernación o directamente de la oficina del Poder Ejecutivo.

Soriano Peregrina señaló que esta situación obligará a los trabajadores a iniciar una nueva demanda por despido injustificado con esta administración, prolongado el juicio y reinstalación que comenzó en 2015.

“Ya la autoridad judicial había pedido que se reinstalaran; ahora se tiene que volver a demandar por no respetar su reinstalación y por tratarse de un nuevo despido. La situación es grave”, comentó.

Luis Soriano señaló que seguramente el gobernador Miguel Barbosa Huerta no conoce esta actuación de sus subordinados por lo que dijo es importante emitir esta alerta para que no se repita en otras dependencias.

“Esta acción es irregular y violatoria de los derechos humanos. Seguramente los primeros niveles de gobierno no saben que está sucediendo esto”, comentó.

El también ex subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación estatal refirió que esta situación es irregular y advirtió que debe vigilarse que no se den reinstalaciones de “mala fe”.

“Hay un riesgo latente de que aunque ganen su reinstalación y su juicio laboral, la reinstalación sea de mala fe. Y deben estar alertas, vigilar que se cumplan todos los requisitos y una vez que lleguen a su lugar de trabajo, que les den su DN3, que es el acta de alta, y sea vigente“, explicó.

Pidió al gobernador Miguel Barbosa que revise qué está pasando con los casos de reinstalación, para que cumpla con su promesa de campaña de 2018 de reinstalar a los afectados del morenovallismo.

“También al secretario del Trabajo, Abelardo Cuéllar, quien debe ver el interés de los trabajadores. Él, antes que funcionario fue activista y llevó o lleva la representación de muchos de estos trabajadores despedidos en el 2015. Es importante su apoyo porque ha sido aliado de estas situaciones”, finalizó.

Durante la administración de Rafael Moreno Valle más de 5 mil trabajadores fueron despedidos de manera injustificada. Muchos han desistido del juicio o fallecieron en el proceso.

En agosto de 2019, Abelardo Cuellar informó de la reinstalación de 170 empleados cesados injustamente por el morenovallismo.