• Seguridad

Van presos magistrado y exfuncionario del Poder Judicial

  • Alberto Montero
En audiencia se les impuso prisión preventiva justificada
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Al penal de San Miguel fueron trasladados este domingo, Froylán Pedraza Bouchan, exempleado del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, y Alfonso Siriako Guillén Almaguermagistrado del Tribunal de Justicia Administrativa.

A ambos se les formuló imputación por delitos cometidos en la administración de justicia y otros ramos del poder público, y se les impuso medida cautelar de prisión preventiva justificada.

Luego de que en dos ocasiones fuera aplazada la audiencia inicial, este domingo a las 10 horas, en la sala 12 del Centro de Justicia Penal de Puebla, se llevó a cabo el acto jurídico para resolver la situación legal de ambos personajes detenidos el 14 de mayo, en diversos puntos de la ciudad.

En la audiencia el agente del Ministerio Público formuló imputación a Forylán y a Alfonso. Una vez que fueron notificados los hechos de los que se les acusa, el representante de la Fiscalía de Puebla dio a conocer los datos de prueba con los se cuenta en la carpeta de investigación.

Al momento de solicitar que fueran vinculados a proceso, los abogados particulares, a petición de sus clientes, apelaron a la duplicidad del término constitucional de 144 horas, para que sea a mediados de semana que se resuelva si serán o no vinculados a proceso.

Por lo anterior, el agente del Ministerio Público solicitó que al magistrado y a Froylán, quien ahora se sabe, desde el pasado 15 de abril dejó de laborar para el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, se les impusiera la medida cautelar de prisión preventiva, siendo enviados al Cereso estatal mientras se define su situación jurídica.

Es de resaltar que Alfonso Siriako Guillén Almaguer, según las fuentes consultadas, cuenta con dos denuncias, una que presentó por la Dirección de Bienes Muebles e Inmuebles del Gobierno del Estado por dl proyecto inmobiliario y turístico Cola de Lagarto, y la segunda por el pago ilegal de un laudo que autorizó en 2017 cuando era coordinador general jurídico de la Secretaría de Infraestructura, Movilidad y Transporte (SIMT).

Foto Agencia Enfoque

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