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Jorge Luis Lavalle seguirá su proceso legal en la cárcel

  • Gilberto Arribalzaga
Lavalle es acusado de operaciones con recursos de procedencia ilícita, cohecho y asociación delictuosa
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Jorge Luis Lavalle Maury continuará su proceso desde la cárcel, porque un Tribunal Colegiado confirmó la resolución de un juez federal que rechazó otorgar una suspensión provisional.  

El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal declaró infundados los argumentos expuestos por el panista en su recurso de queja, donde impugnó que no se le otorgó la medida cautelar para enfrentar su caso en libertad.  

Marco Antonio Fuerte Tapia, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Norte, vinculó a proceso al ex legislador federal el pasado 13 de abril. 

La Fiscalía General de la República (FGR) imputó a Lavalle por su presunta responsabilidad en los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, cohecho y asociación delictuosa.  

Lo anterior por presuntamente recibir sobornos para aprobar la reforma energética en el sexenio pasado, dinero que supuestamente tiene su origen en la constructora brasileña Odebrecht.  

El juez decretó prisión preventiva justificada, la cual cumple en el Reclusorio Norte, pero Lavalle Maury alegó que la medida cautelar que se le impuso “afecta o daña irreparablemente a sus cuatro hijos”.  

Los magistrados del Segundo Tribunal señalaron que la pretensión del ex senador, de llevar su caso en libertad, es infundada, “pues lo pretendido por el recurrente implica un pronunciamiento de fondo, ya que la decisión del juez de negar la suspensión provisional para el efecto de dejar sin efecto la medida cautelar y que pueda continuar el procedimiento en libertad, constituye el acto reclamado”.  

Respecto al supuesto daño a sus hijos, la resolución detalla que “la suspensión en el juicio de amparo no tiene por efecto ordenar al juez de control dejar sin efectos la prisión preventiva justificada, con base en el interés superior de menor; ya que, con tal proceder se sobrepasarían los límites constitucionales, al privilegiar los derechos del menor y desatender la aplicación estricta de leyes que conforman el ordenamiento jurídico mexicano”.  

La semana pasada, Antonio González González, juez Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal, determinó negar la suspensión provisional al quejoso.  

Con información de Milenio 

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