El Instituto Electoral del Estado (IEE) de Puebla ha recibido 100 denuncias por presunta violencia política y campaña anticipada a una semana de que inicie la campaña por diputaciones locales y alcaldías. 

Sin revelar a las personas infractoras, el consejero presidente Miguel Ángel García Onofre reveló que la mitad (50) son denuncias de violencia política. 

En entrevista detalló este martes que 35 quejas son por actos anticipados de campaña y las 15 restantes también involucran un supuesto uso de recursos públicos con fines electorales. 

“Por actos anticipados de campaña en lo que va del año tenemos alrededor de 35; viene también aparejado, porque en total son 50, regularmente se denuncia por actos anticipados de campaña y también por presuntas violaciones al artículo 134 constitucional, que es la utilización indebida de recursos públicos”, precisó. 

De las denuncias por violencia política, 25 se promovieron en lo que va del año, mientras que las otras 25 se recibieron a partir de que inició el proceso electoral el 3 de noviembre del año pasado. 

El consejero reconoció que únicamente en diez asuntos se dictaron medidas cautelares a favor de las víctimas. 

Sin abundar sobre los agresores, refirió que las denuncias principalmente acusan la obstaculización para ejercer algún cargo público. 

Como denunciados se encuentran principalmente superiores jerárquicos de las víctimas, que por su condición de poder amenazan, intimidan o molestan a las víctimas. 

García Onofre afirmó que por los casos de campaña anticipada también se han impuesto medidas cautelares, como el retiro de anuncios espectaculares o de publicidad en redes sociales, pero no dijo cuántos casos suman. 

Ante el alto número de quejas, anticipó que la mayoría de las que son por actos anticipados de campaña usualmente son desechadas, ya que no logra acreditarse la infracción. 

Recordó que para sancionar como campaña anticipada se requiere que la parte denunciada haya hecho un llamado explícito al voto en favor suyo o de algún partido o aspirante. 

Investigan a agresores 

Entre las denuncias por violencia política que analiza el IEE se encuentra una contra el gobernador Miguel Barbosa Huerta, quien fue denunciado por la alcaldesa de Puebla, Claudia Rivera Vivanco. 

El organismo primero desestimó la queja, pero el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó retomar el caso para analizarla otra vez. 

A su vez Rivera Vivanco (quien busca la reelección) también se encuentra denunciada por violencia política, tras el despido de una extrabajadora del ayuntamiento que denunció acoso sexual. 

Inicialmente la queja también fue desechada por el IEE, pero el Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP) ordenó revisarla de nuevo y valorar la necesidad de imponer medidas cautelares a la alcaldesa. 

El diputado local Emilio Maurer Espinosa busca reelegirse por el distrito 11 de Puebla capital impulsado por Morena, pero enfrenta una denuncia de violencia política por agredir a la panista Mónica Rodríguez Della Vecchia. 

El 9 de abril el TEPJF impuso medidas cautelares al legislador mientras se resuelve el fondo de la queja interpuesta por la legisladora, quien fue agredida verbalmente el 2 de marzo en una sesión plenaria del Congreso local. 

El exmorenista Arturo de Rosas Cuevas ahora es candidato del PRD a la alcaldía de Tecamachalco, aunque fue señalado de violencia política por expresar “hija de la chingada” mientras hablaba la diputada Tonantzin Fernández Díaz en una sesión plenaria del Congreso. 

Con las reformas del año pasado, si algún candidato en Puebla es sentenciado de manera firme por violencia política podría perder su registro como candidato o, si gana la elección, podría perder su constancia de mayoría y no asumiría el cargo.